La Asamblea Nacional de transición, que este 13 de mayo concluye su periodo, no pudo resolver sobre dos procesos de fiscalización relacionados con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio y la muerte de la subteniente Aidita Ati.
A esto se suma la fiscalización que inició la Asamblea Nacional, apenas instalada en noviembre de 2023, donde el correísmo impulsó una investigación sobre el proceso de designación del contralor del Estado, Mauricio Torres, por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), alertando supuestas irregularidades.
El informe sobre la designación de Torres demoró un año en votarse en la comisión legislativa de transparencia, y a vísperas de concluir el periodo legislativo se archivó en la mesa presidida por el asambleísta Patricio Chávez (RC). Nunca llegó a conocer el pleno de la Asamblea este proceso.
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Informe Villavicencio
En lo que respecta al proceso de investigación sobre el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, registrado el 9 de agosto de 2023, la comisión ocasional para la fiscalización de este hecho presentó el informe en julio de 2024, y en la administración de Henry Kronfle incluyó el tema en ala agenda de la sesión plenaria n.° 951, pero nunca se tramitó el punto.
Esa sesión no volvió a reinstalarse y por lo tanto el tema no se conoció en el pleno y el informe preparado por la mesa ocasional quedará como parte de los temas pendientes para el próximo periodo legislativo.
La comisión ocasional presidida por la asambleísta Viviana Zambrano presentó dos informes: uno de mayoría y otro de minoría. El informe de mayoría concluye que en el asesinato de Villavicencio hubo responsabilidades del expresidente Guillermo Lasso, aunque hay un informe de minoría que habla de crimen político.
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Ese informe de mayoría fue aprobado por seis votos de los delegados de las organizaciones políticas: Acción Democrática Nacional (ADN), Revolución Ciudadana (RC), Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik.
Puntualmente, los seis asambleístas determinaron que los hechos en torno al magnicidio hacen “presumir” que pudo haber “infracciones penales y administrativas” por parte del expresidente de la República Guillermo Lasso, así como del exministro del Interior Juan Zapata y de la cúpula de la Policía Nacional de ese tiempo.
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Que Guillermo Lasso incumplió su deber de mantener el orden interno y la seguridad pública; aquello derivó en una crisis de inseguridad en la que se produjo el crimen de Villavicencio, el 9 de agosto de 2023.
“De haber cumplido a cabalidad sus funciones, posiblemente se pudo haber evitado la ola delincuencial que sufría y sufre el país, producto de lo cual se produjeron brutales asesinatos, entre ellos el del señor Fernando Villavicencio Valencia”, dice el texto.
En cambio, el informe de minoría suscrito por Viviana Zambrano, del movimiento Construye, determina que el asesinato de Villavicencio fue un “crimen político” por la incomodidad que generaban sus investigaciones que, según la Fiscalía, sumaron 17 (como periodista, legislador de la Comisión de Fiscalización y miembro del Frente Parlamentario Anticorrupción), relacionadas a varios sectores como el petrolero, el minero y hasta el narcotráfico.
Esta lista de enemigos y adversarios puso la vida de Villavicencio en altísimo riesgo, según el informe de la Policía Nacional que tabuló un 93 % de riesgo previo a asignarle protección estatal, que resultaría inútil frente al ataque de ese fatal 9 de agosto de 2023.
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Villavicencio fue un blanco para la delincuencia política, no para la delincuencia común. Su asesinato debe investigarse y recordarse como un crimen político en el marco de la guerra que libra la sociedad ecuatoriana contra las mafias y las organizaciones criminales, indica el informe de minoría.
En su tiempo, la legisladora Viviana Zambrano indicó que el informe de mayoría recoge el 80 % de la redacción del informe que ella presentó como minoría y dice que fue mutilado en algunas partes de los hechos que Villavicencio investigó primero como periodista y luego como presidente de la Comisión de Fiscalización y miembro del Frente Parlamentario, y reiteró que se trata de un crimen político por la incomodidad que provocaba por su trabajo de investigación.
Ella cuestionó el informe de mayoría que sostiene que el asesinato de Villavicencio fue un delito común y se pregunta ¿por qué hasta el momento no hay una reconstrucción de los hechos?
Informe caso Ati
Faltando siete días para que la Asamblea Nacional de transición cierre sus actividades legislativas, la presidenta de la legislatura, Viviana Veloz (RC), incluyó en el orden del día de la sesión 1020 el trámite y resolución del informe sobre el fallecimiento de la subteniente Aidita Ati Gavilánez, ocurrido en instalaciones militares el 29 de junio de 2024.
El informe elaborado por la comisión ocasional presidida por la legisladora Patricia Núñez (RC) estuvo listo el 27 de diciembre de 2024, pero pasaron cinco meses para que el tema pase al pleno.
Tras un debate, se mandó a votar el texto y no hubo los 70 votos necesarios, solo se registró 49 a favor, 58 abstenciones y 1 en contra.
El informe analizó las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la subteniente en las instalaciones del fuerte militar de Napo, y concluye que del análisis de la documentación oficial se evidencian omisiones significativas en el deber de la garantía y protección que el Estado, a través de las Fuerzas Armadas, tiene respecto al personal militar.
Establece que el fallecimiento de Aidita Ati ocurrió mientras se encontraba bajo custodia del Estado en instalaciones militares, circunstancia que activa una presunción de responsabilidad estatal; que no se realizaron actos públicos de reconocimiento de responsabilidad ni medidas simbólicas de reparación, lo que incumple los estándares internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Como recomendaciones, planteó iniciar juicios políticos en contra del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo; la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Ariana María Tanca Maquiavelo, y en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por archivar el caso sin agotar todas las líneas investigativas, violando el principio de debida diligencia y perpetuando la impunidad.
La presidenta de la comisión ocasional, Patricia Núñez, intentó plantear la reconsideración de la votación, pero tampoco tuvo éxito, por lo tanto quedó ahí el informe.
Según la legisladora Núñez, la Asamblea Nacional queda debiendo al país al no aprobar el informe, porque hubo tres bancadas que tuvieron miedo y la única salida que le resta a la familia de Aidita Ati son las instancias internacionales. (I)
