Fiscalización arrancará trámite de juicio político a exministro Fernando Santos y no resuelve qué hará con los heredados por la Asamblea cesada

El juicio político al exministro de Energía y Minas Fernando Santos Alvite será el primero que tramite la comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, frente a otros cinco que estaban pendientes de la administración legislativa anterior.

Noticias relacionadas

Agenda legislativa surgirá de los cientos de proyectos represados en la Asamblea Nacional

hace 5 meses

Asamblea Nacional al aprobar la ley para la gestión del riesgo de desastres blinda a los prefectos de la destitución

Contraloría General del Estado determinó 37 informes con indicios de responsabilidad penal en el sector eléctrico

Henry Kronfle: Hay algunas pruebas por subsanar en la solicitud de juicio político contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar

La presidenta de la comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre (RC), confirmó que este será el primer juicio político que se evacúe porque ha sido el único notificado por parte de la presidencia de la Asamblea Nacional y que fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Según Aguirre, se solicitó al presidente Henry Kronfle que les remita el listado de juicios políticos y los expedientes que quedaron pendientes del anterior periodo, que fue disuelto por grave crisis y conmoción interna, y los habrían recibido incompletos a lo largo de este fin de semana.

Comisión de Fiscalización espera informe jurídico para definir prioridades sobre los juicios políticos

«Hasta el día de hoy no están todos los expedientes completos. El sábado y domingo se recibieron los expedientes de juicios políticos que estaban represados. El presidente Kronfle informó que varias comisiones no tenían la información completa y una de ellas es la de Fiscalización… Por lo tanto, iniciamos el juicio político al exministro (Fernando Santos) por una razón: porque ha sido el único notificado de manera oficial y que corre el plazo de traslado y notificación», alertó Aguirre.

Esto en referencia a que este lunes, 11 de diciembre, esta mesa legislativa avocará conocimiento y calificará la solicitud de enjuiciamiento hecho por la asambleísta Nicole Saca (ADN), para lo que corren cinco días de plazo para notificar a las partes con el procedimiento, para que alisten sus pruebas de cargo y descargo.

Además del juicio a Santos, el jueves pasado, habrían sido notificados con los juicios políticos en contra del exministro del Interior Juan Zapata y de la actual titular de la Fiscalía General, Diana Salazar.

Respecto de los procesados heredados por sus antecesores, Aguirre puntualizó que será el pleno de la comisión la que resuelva el procedimiento que seguirán.

«Evacuamos este juicio (Fernando Santos) y el pleno de la comisión decidirá qué pasará con los demás juicios cuando se tengan los expedientes, pues hay un vacío respecto de la muerte cruzada y se resolverá si los archiva o los tramita», acotó.

Sin embargo, el 28 de noviembre de 2023, la secretaría general de la Asamblea envió un documento de notificación a Pamela Aguirre en el que se le indica el envío de las actas de transferencia documental y la información transferida al Archivo Biblioteca, que evidencia que hay cinco juicios políticos pendientes:

1. Cuatro vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE): Diana Atamaint, Esthela Acero, José Cabrera, Enrique Pita y también en contra del exvocal Luis Verdesoto, que renunció en junio del 2021, propuestos por los exlegisladores Joel Abad y Mario Ruiz.
2. En contra de los exministros del gobierno de Guillermo Lasso, Diego Ordóñez de Seguridad Pública; Patricio Carrillo, exministro del Interior; y Paola Flores, exministra de la Mujer y Derechos Humanos, propuesto por Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez.
3. Exministro de Transporte Darío Herrera, que impulsó el exlegislador Jorge Abedrabo.
4. Exministro de Transporte Darío Herrera, propuesto por Segundo Chimbo.
5. Exministro de Inclusión Económica y Social Esteban Bernal, que solicitó el exlegislador Mario Ruiz.

Además, que se encuentra constancia de una solicitud de interpelación en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) Fausto Murillo y Juan José Morillo (exconsejero), que plantearon los exlegisladores Luis Almeida y Xavier Santos.

Juicio político a Fernando Santos encontraría argumentos para la fiscalización a la crisis energética

La interpelación política al exministro de Energía y Minas Fernando Santos Alvite se articula a este procedimiento de fiscalización que abrió la comisión de Fiscalización por el estiaje, que redujo la generación eléctrica y provocó racionamientos de dos horas diarias en el país.

En ese contexto, este lunes, 11 de diciembre de 2023, los comisionados continuaron con el proceso, al que han comparecido varias autoridades del Estado.

Este lunes, Fernando Santos Alvite asistió para explicar cuál fue su participación y las alternativas para atender la crisis, tras dos llamados anteriores a los que no asistió.

Aclaró que la responsabilidad de suscribir contratos energéticos era de la estatal Operación Nacional de Electricidad (Cenace) y no de él como exrepresentante del ministerio en el gobierno de Guillermo Lasso.

Indicó que la crisis energética es un tema estructural y no coyuntural, en el que la «demanda crece, pero la oferta no» y «cada vez se pondrá peor».

En su relato, contó que fue en mayo pasado que hubo el primer reporte de la afectación eléctrica por parte de la Cenace y se conformó un comité energético para que proponga soluciones.

Entre ellas, que empresas como la CNEL y la Empresa Eléctrica de Quito impulsen contratos de compra de energía, pero se encontraron con que no había recursos.

Los legisladores estaban indignados y calificaron a Santos de «ingenuo» y «cínico».

Sus «acciones y omisiones» en su gestión a la crisis deben ser castigadas, enfatizó el asambleísta Ronal González, responsabilizándolo por no haber buscado soluciones con anticipación.

Santos pidió respeto e increpó que este acto no era un «circo».

González le reclamó por qué cuestiona a la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair si genera una hora kilovatio para el país frente a los racionamientos.

«Sí, con cien mil fisuras funciona y reconozco que ayuda, pero es una obra mal hecha. Es un monumento con pies de barro», respondió Santos, a quien responsabilizan de que el Ecuador pague un 35 % más por los 450 kilovatios de electricidad que se compró a Colombia.

En una entrevista en un medio de comunicación, Santos comentó que hubo un error humano en el cálculo del costo de la importación de energía. «Quizá me confié en que Colombia iba a vendernos gran cantidad de energía a un precio conveniente. Calculé mal, es un error humano», afirmó.

Ese comentario fue criticado por los legisladores, aunque el exministro atribuyó a que sus palabras fueron descontextualizadas.

«Quien compra energía es la Cenace, el ministerio no tiene nada que ver», acotó Santos y al ser consultado de si leyó las cláusulas de la firma (del contrato), reconoció que no las leyó porque es un procedimiento que lo lleva a cabo la Cenace.

En una extensa exposición de casi tres horas, Santos precisó que el expresidente Lasso tenía otros asuntos que atender y que él como ministro no tenía una «varita mágica» para resolver de urgencia esta crisis.

Pamela Aguirre explicó que la legisladora Nicole Saca, proponente del juicio, expondrá las pruebas de cargo para acusar a Santos de incumplimiento de funciones, pero no desestimó que la comisión presente las suyas, con base en las exposiciones relacionadas con la crisis energética. (I)