El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, adelanta que para calificarse la solicitud de juicio político planteada por el movimiento Revolución Ciudadana contra la fiscal general, Diana Salazar, deben subsanarse algunas pruebas.

En entrevista con EL UNIVERSO, reveló que en un informe no vinculante de la Unidad Técnica Legislativa (UTL) se advierte que si no se subsanan las pruebas en las cuales se asienta el juicio político, será muy difícil aprobar que pase a la Comisión de Fiscalización.

Kronfle dice que su administración se enfocará en resolver los problemas de la gente, que espera ciudadanizar más a la Asamblea reactivando las casas legislativas y espera cambiar las métricas de medición de la eficiencia legislativa.

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¿Hacia dónde va esta Asamblea que usted conduce?

A resolver los problemas de la gente, para eso estamos haciendo múltiples cosas al mismo tiempo para responder a la ciudadanía.

¿Cuáles son esos problemas?

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Estamos llenos de diagnósticos, pero no de soluciones. El diagnóstico es el problema de la inseguridad, desempleo, el problema de la falta de servicios de salud, educación, la lucha contra la corrupción y prevenir que el país no caiga en lo que ha caído en una grave crisis y para eso se necesita una fiscalización activa que es parte de lo que también tiene que hacer este poder del Estado.

¿Cómo solucionar el tema de la seguridad?

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Tenemos una agenda y se acaba de aprobar uno el día de ayer (martes), sobre la seguridad privada, para coadyuvar a la seguridad pública con los controles necesarios que va a ayudar muchísimo al tema de la seguridad y que era un reclamo de la gente desde hace años, donde prácticamente habían prohibido operar la seguridad privada en el Ecuador. Problemas sociales como la desigualdad en el salario por discriminación de género también se resolvieron. Estamos aprobando este jueves una ley de prevención de riesgos en donde vamos a estar preparados para fenómenos eventuales como El Niño.

¿Cómo se priorizarán los proyectos de ley que están en la Asamblea?

Primero hay que agrupar los proyectos de ley por materiales, hay un ensayo y será aprobado por el CAL, por ejemplo, se consolidaron 35 proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), para hacer un solo proyecto, con eso comenzamos a cumplir lo que nos comprometimos a hacer.

¿Parte de su compromiso era acercar a la Asamblea a la gente, ciudadanizarla?

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Tenemos una estrategia y comenzará a inicios del próximo año en donde primero tenemos que resolver el estado de las 23 casas legislativas que hoy no operan, muchas de ellas desalojadas y otras que están con los muebles, pero que están cerradas porque cuando se disolvió la Asamblea se tuvo que pagar la renta y se sacó al personal y hoy debemos recuperarlas.

¿Cuál será la función de estas casas legislativas?

La función es que los asambleístas puedan sesionar en territorio y resolver desde diferentes zonas del país los problemas de la gente, porque no se puede pedir al Ecuador que se movilice a Quito para ser escuchado, sino que los asambleístas deberían escuchar a la gente en territorio, y esa estructura de funcionamiento de la Asamblea son puntales esenciales para operar en territorio.

¿Y estas casas se ubicarán en las 24 provincias?

Sí, porque hasta en la provincia de Pichincha tenemos casa legislativa, más allá del pleno, donde se puede operar, pero primero debemos resolver los problemas administrativos y como usted sabe que el estado de la situación del país es muy grave. Otra de las aristas es cómo se manejará el tiempo de los asambleístas una vez que se haya pasado este estado de transición y recuperado el funcionamiento de la Asamblea con el personal necesario. Esperamos que en febrero podamos estructurar una metodología de trabajo en el Palacio Legislativo.

¿Cómo regular el tiempo de los asambleístas en territorio?

Estamos planificando que una semana al mes deberían los asambleístas trabajar en territorio, pero para hacer eso necesitamos las casas legislativas, también necesitamos entender la métrica de la eficiencia legislativa que a mi concepto es errada.

¿Por qué?

Porque los asambleístas tienen presiones para ser calificados como buenos o malos en virtud de parámetros que para mí no son de eficiencia.

¿El número de proyectos presentados no es un parámetro?

Usted cree que el país necesita un asambleísta que presente 50 proyectos de ley o un asambleísta que agarre 50 proyectos presentados y los convierta en cinco, qué sería más eficiente para el Ecuador; entonces, puede que no presente un solo proyecto, pero puede compilar los que ya existen. Otra cosa, el que más tiempo pase en el pleno encerrado entre cuatro paredes; el país necesita de asambleístas que pasen encerrados y aislados entre cuatro paredes o asambleístas en territorio.

¿Usted va a cambiar la métrica de medición de la eficiencia de los asambleístas?

Tiene que cambiar la métrica y la prensa tiene que entender también, porque es otro poder del Estado, porque genera una influencia muy importante en la ciudadanía, de que hay que patear el tablero y comenzar a entender esto de otra manera para poder generar un trabajo legislativo más efectivo y que resuelva realmente los problemas de la gente.

Usted tiene esa perspectiva de ir a patear el tablero, ¿pero los bloques están dispuestos a seguir la ruta que está marcando?

Las propuestas de la administración a través de la presidencia del Poder Legislativo estuvieron plasmadas antes de la votación para convertirme en lo que ahora soy, el presidente, y cuando usted ve que son 128 votos la gente no votó por Henry Kronfle porque es simpático, sino porque hay una propuesta atrás, y si esa propuesta no hubiese gustado, no hubiese tenido el apoyo de más del 93 % de la Asamblea.

¿Es decir que todos saben hacia dónde va la Asamblea?

He sido muy claro en todo mi discurso de hacia dónde quiero llevar esta Asamblea, para realmente transformarla en algo positivo y de respeto de la sociedad, que sienta que este poder es el verdadero representante del pueblo y que aquí se respira la democracia y la libertad; y por eso siempre he hablado de la importancia y el respeto que hay que tener a la libertad de prensa, de que prefiero los excesos, los sobregiros de la prensa a una prensa que esté callada y amordazada, porque cuando pase eso se pierde la libertad.

¿Cómo evitar que la Asamblea se convierta en una especie de carnicería de funcionarios públicos vía fiscalización?, ya se presentaron al menos tres juicios políticos y en cola hay algunos.

Hay dos visiones sobre este tema en el Ecuador y hay que respetarlas. Una visión es de gente que viene y nos dice por qué dejaron que el país caiga a nivel de crisis con el anterior Gobierno de dos años, por qué ustedes a través de la fiscalización y del llamado a ministros a la Asamblea no evitaron que este llegue a donde ha llegado. La otra visión es ustedes se pasan llamando a ministros a que vengan a comparecer y no lo dejan trabajar, y por lo tanto, el resultado del no trabajo y que se pase haciendo un bullying político le hace daño al Ecuador.

¿Pero cuál es la solución o el equilibrio?

Hay una unidad dentro de la Asamblea Nacional que es la Unidad de Seguimiento del Presupuesto del Estado y esa hay que reforzarla, porque lo que hace es monitorear la eficiencia y cómo se va devengando el presupuesto del Estado según el plan de gobierno en cada uno de los ministerios e informando en su parte fiscalizadora a la Asamblea. Si ahí saltan alarmas, esos ministros con esas alarmas deberían ser llamados a comparecer, pero no comparecer por comparecer porque un ministro me cae bien o me cae mal. Entonces, fiscalización sin temor ni favor, sin circo ni show.

Como usted lo describe, algunos legisladores aún no comprenden su propósito, porque vemos ya llamados de funcionarios y presentación de juicios a semana seguida.

Desafortunadamente recibimos un país que está completamente destrozado y hoy hay que decir quién es culpable de qué, cómo tiene esa persona que reparar el daño causado y eso es lo que usted está viendo ahorita; pero creo que generando la institucionalidad a través de la recuperación de las áreas que generan esa institucionalidad y, sobre todo, que generan gobernabilidad en el marco de la Asamblea vamos a ir resolviendo ese problema con el tiempo.

Usted tiene varios funcionarios y exfuncionarios que enfrentaban pedidos de juicio antes de que se cierre la Asamblea. ¿Cuál será el orden de evacuación?

En el orden que fueron ingresados, la Ley Orgánica de la Función Legislativa es sumamente clara, aquí no es que usted ingresa un juicio político hoy y debe ser tratado primero antes del que ingresó hace seis meses, hay que respetar el orden en que ingresó. Es decir, los que quedaron represados en el periodo anterior tienen que ser evacuados a menos que haya restricciones por temas legales.

¿Se refiere al juicio político a los consejeros del Consejo Nacional Electoral?

Es correcto, y ese juicio, más allá de ser tratado, se debería a mi criterio archivar.

¿Por qué?

Cómo va a ser tratado si ya entramos a un periodo electoral y hay prohibición de destitución durante el periodo electoral de las autoridades electorales; entonces, ese es un juicio que se tiene que tratar, pero para archivarse. Los demás tienen que tratarse, hay dos juicios para una misma persona y esos tienen que unificarse.

Pero ya no hay interpelantes, ¿es el pleno quien definirá quién interpelará?

Esa es otra situación, el pleno tiene que designar, no porque no hay interpelante no se trata el juicio político; eso no tiene nada que ver.

¿Hay que agotar todas las solicitudes?

Por supuesto. Entonces, evacuados todos los juicios políticos represados hay que trabajar en los juicios políticos nuevos y en los juicios políticos nuevos también hay un orden, primero el exministro de Energía Fernando Santos Alvite; el exministro del Interior Juan Zapata; todavía no se ha aprobado la solicitud de juicio a la fiscal general del Estado, aún está en el Consejo de Administración Legislativa, que lo único que hace es revisar que el procedimiento de la solicitud de juicio político se cumple. Y posiblemente luego de eso se trate el juicio político al Consejo de la Judicatura, al momento se recogen las firmas.

¿Y ustedes apoyan ese juicio?

Nosotros apoyamos, porque el condumio del juicio político habla de falencias en la designación de jueces por parte del Consejo de la Judicatura, pero involucra a más de una persona; entonces, el juicio no es solo para el presidente del Consejo sino para tres vocales. Y cuando se trate, que podría pasar un año, se tendrá que tomar una decisión individual y no colectiva, y ahí se verá el grado de culpabilidad de los miembros que serán enjuiciados políticamente.

¿Qué pasa con la solicitud de juicio político a la fiscal Diana Salazar?

Hay observaciones en un informe no vinculante de la Unidad Técnica Legislativa acerca de las pruebas en las cuales se asienta el juicio político, si no se subsanan esas pruebas va a ser muy difícil aprobar que el juicio político vaya a la Comisión de Fiscalización. Entonces, ese es un trabajo del interpelante.

¿Entonces qué va a pasar en ese caso?

Se ha hablado de que se va a dar el tiempo mientras no se venza el tiempo de la ley, porque hay un tiempo definido entre el informe de la Unidad Técnica Legislativa y el tratamiento en el Consejo de Administración Legislativa, si llega subsanado no queda más que aprobar para que vaya a la Comisión de Fiscalización.

¿Pero eso se conocerá en el CAL de este jueves?

En el CAL de este jueves no, no está en el orden del día, para dar tiempo para que se subsanen las pruebas y no se diga que el Consejo de Administración Legislativa está entrampando, obstaculizando, está tomando decisiones subjetivas y no objetivas, y que se diga que se está trabajando estrictamente en derecho que es lo que a nosotros nos interesa, porque cada organización política si tiene las firmas tiene derecho a presentar un juicio político y eso nosotros no lo podemos negar, pero nosotros lo que no podemos hacer es romper la ley; entonces, subsanadas las pruebas se puede calificar para que vaya a la Comisión de Fiscalización.

¿Qué pruebas tienen que subsanarse?

Hay algunas. (I)