Así se decidió la muerte cruzada: lo cuenta Guillermo Lasso en el libro de fin de mandato ‘900 días, democracia y resultados’

A lo largo de sus 467 páginas, el libro 900 días, democracia y resultados recoge lo que el presidente saliente Guillermo Lasso describe como sus logros.

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En la introducción, Lasso también cuenta detalles de algunos episodios ‘clave’ de su mandato. Uno de ellos es el momento en que decidió lanzar la muerte cruzada con la cual disolvió la Asamblea Nacional y se adelantaron las elecciones presidenciales y legislativas. Lo hizo en medio del proceso de interpelación que llevaban adelante un grupo de legisladores de oposición.

Aquí su relato textual:

“El martes 16 de mayo de 2023 me levanté muy temprano, cargado de ilusión porque me tocaba defenderme de esa mayoría feroz de la Asamblea Nacional que había forjado un juicio político sobre un hecho que tuvo lugar en el Gobierno anterior.

Asistí al pleno de la Asamblea para decir la verdad, la que se negaron a escuchar, que le negaron al país con tal de lograr su ansiado objetivo: sacarme de la Presidencia y armar un gobierno que respondiera a sus intereses. Lo hice también por mi familia, porque tenía el derecho y la obligación de defender su buen nombre, y porque debía enfrentar a los políticos mafiosos y a sus mercenarios de medios digitales, empeñados en posicionar una mentira.

El 16 de mayo del 2023, se llevó a cabo la comparecencia, ante el pleno de la Asamblea Nacional, por el juicio político sustentado en un absurdo “peculado por omisión”.

Los interpelantes pretendieron confundir a los ciudadanos sobre las razones que fundamentaron este falaz proceso. En sus distintas intervenciones cambiaron de delito, irrespetaron el dictamen de la Corte Constitucional y desconocieron el único informe motivado que se redactó en la Comisión de Fiscalización sobre esta infundada acusación. Me atribuyeron un supuesto “peculado por omisión”, única causal, que la Corte Constitucional consideró de “mínima verosimilitud”.

Se trataba de un contrato firmado en 2018 para alquilar buques e incorporar a un pool de naves dedicadas al transporte de hidrocarburos, es decir, llevar el petróleo ecuatoriano a los mercados internacionales, así como importar combustible y derivados para atender la demanda nacional. Su gran argumento fue que permití que ese proceso continuara.

Ni la Corte Constitucional ni la Contraloría General del Estado consideraron que podía haber peculado. Incluso, en la misma Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el 23 de abril de 2023 compareció el director nacional de Auditoría de Transporte, Vialidad, Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria de la Contraloría General del Estado, Manuel Mesías Arroyo, y les dijo a los asambleístas de la Comisión que no hubo peculado.

Asistí al pleno con mi esposa, mis hijos y el gabinete ministerial, contrariando la opinión de muchos expertos que insistían en que no fuera porque iba a ser maltratado y vejado.

Lo cierto es que mis interpelantes me escucharon con atención, aunque yo tenía claro que no cambiarían de opinión porque se trataba de un juicio político y en política, la que ellos practican, vale todo.

Después de mi intervención de 51 minutos, regresé al Palacio de Gobierno tranquilo, de muy buen ánimo porque había hecho lo correcto. Este presidente no se amilana ante las mentiras y las infamias.

La tarde de ese 16 de mayo fue de cavilaciones, de serias reflexiones sobre lo que nos esperaba en los siguientes dos años de Gobierno, sobre los temas prioritarios para la población y sobre las decisiones que debía tomar.

Con amigos cercanos analizamos la situación política de Ecuador, el hartazgo de la población ante la confrontación y el repudio que sentía la gente hacia la Asamblea Nacional, que tenía en ese momento un 96% de rechazo, según sondeos de varias encuestadoras.

A las siete de la noche llamé a reunión al ministro de Gobierno, Henry Cucalón, y al secretario general de la Administración, Sebastián Corral.

Les informé de mi decisión de disolver la Asamblea Nacional. Quedaron sorprendidos, sobre todo porque a esas horas de la noche había certeza de que la oscura oposición no tenía los 92 votos necesarios para censurarme.

Pero yo no estaba dispuesto a continuar en la Presidencia a cualquier precio, no iba a ser rehén de aquellos Introducción 45 asambleístas que darían su voto contra la censura a cambio de conseguir espacios en las empresas públicas, en los hospitales o en los ministerios. Eso sí que sería corrupción.

Además, tenía claro que la mayoría de esta Asamblea y sus anarquistas en las calles volverían a buscar la caída del gobierno. El asedio político no se iba a detener.

Los seis meses anteriores a la disolución de la peor Asamblea en la historia de Ecuador, al menos cinco ministros recibieron mil pedidos de información de asambleístas y algunos de ellos tenían que acudir, en un día, hasta cinco comparecencias.

Era evidente su plan de obstrucción al Gobierno y su cruzada para recuperar todos los poderes del Estado. No solo irían por los ministros y por mí, en su plan macabro constaba también la destitución de la fiscal general, Diana Salazar; del procurador, Juan Carlos Larrea; y del contralor, Carlos Riofrío.

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Defender a Ecuador y su institucionalidad democrática era mi prioridad. Con la decisión tomada, a las diez de la noche cité a la sala de Gabinete al ministro de Defensa, Luis Lara; al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Nelson Proaño; al ministro del Interior, Juan Zapata; y al comandante general de la Policía, general Fausto Salinas.

Les comuniqué lo que haría y les pedí que se acordonara la Asamblea Nacional para impedir el ingreso de personal y de asambleístas.

A las dos de la madrugada del 17 de mayo grabamos la cadena nacional que se difundió a la siete de la mañana. A las siete de la mañana, del 17 de mayo del 2023, se difundió la cadena nacional en la que se comunicaba al país la disolución de la Asamblea Nacional.

Cuatro horas después, llamé al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, a quien, además de informarle la disolución de la Asamblea, le pedí que convocara de inmediato a elecciones anticipadas de presidente y asambleístas, hecho que se cumplió dentro de los siete días que ordena la Constitución.

A las seis de la mañana, cuando advertimos a los canales de televisión que habría una cadena a las siete, empezaron a circular los rumores de lo que se difundiría.

Hubo intentos de algunos asambleístas interpelantes de hablar conmigo para que no firmara la disolución de la Asamblea. No accedí hablar con ninguno de ellos. Era inaceptable ceder ante los extorsionadores de la política, que armaron una trama de desestabilización que terminó cortándoles la cabeza.

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Todo se movió como un reloj: terminada la cadena nacional, las Fuerzas Armadas hicieron un pronunciamiento televisivo y en redes sociales respaldando la decisión democrática del Presidente de la República.

Dos horas después me reuní con el cuerpo diplomático, países amigos que en todo momento estuvieron pendientes de la situación de Ecuador y que expresaron su respaldo al sistema democrático y a mí como jefe de Estado.

Les leí el artículo 148 de la Constitución, que le otorga la facultad al Presidente de la República para que, a su juicio, disuelva la Asamblea Nacional por grave crisis política.

Muchos creían que habría caos y violencia en las principales ciudades del país. La realidad es que nadie salió a protestar. La primera encuesta de opinión pública a la que tuvimos acceso nos dijo que el 75% de los ecuatorianos estaba de acuerdo con la decisión tomada.

Como lo dije en una entrevista al diario El País de España, “prefería gobernar seis meses en el purgatorio que dos años en el infierno”. Hubo un ambiente de paz en Ecuador”. (I)