El Consejo de Administración Legislativa (CAL), este 29 de julio de 2024, calificó el segundo juicio político planteado contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, por supuesto incumplimiento de funciones en garantizar la seguridad interna de los ciudadanos del país.
Los votos que apoyaron la calificación de este juicio, planteado por la asambleísta Paola Cabezas de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), provinieron de los delegados de los bloques de RC, Partido Social Cristiano y de la independiente Alexandra Castillo, antes del movimiento Construye.
CAL conoce segundo pedido de juicio a Mónica Palencia y espera informe de la UTL para calificarlo
El primer juicio político contra Palencia lo presentó la asambleísta Mónica Palacios el 8 de abril de 2024, por supuesto incumplimiento de funciones en la incursión policial a la Embajada de México en Quito el 5 de abril pasado, para detener al exvicepresidente Jorge Glas.
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Procedimiento y acusaciones
Calificada esta segunda solicitud de juicio, la secretaría general de la Asamblea Nacional notificará con el expediente a la Comisión de Fiscalización y Control Político presidida por la asambleísta Pamela Aguirre (RC), y podrá sumarse al proceso ya calificado y que solo espera que llegue la hora para iniciar la etapa de prueba.
De acuerdo con el expediente presentado por la asambleísta Paola Cabezas, la ministra Mónica Palencia incumplió funciones con su falta de accionar frente al problema de inseguridad que vive el Ecuador, lo que ha derivado en acciones de poca efectividad respecto del trabajo encomendado.
La legisladora Cabezas responsabiliza a Palencia de la falta de equipamiento que mantiene la Policía Nacional a su cargo y de no ejecutar de forma total el presupuesto asignado a su cartera de Estado.
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Además, está acusada de poca efectividad en acciones realizadas en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), donde se suscitan los mayores índices de violencia con casos de sicariato, secuestros y extorsiones.
Está acusada de realizar declaraciones públicas que se separan de la realidad del Ecuador, pues ha expuesto cifras que no son ciertas, la asambleísta de RC señala que las declaraciones de la ministra del Interior “solo han servido para hacer el juego más a lo político que a buscar soluciones, pues mientras declara en un medio de comunicación o en ruedas de prensa que en determinada provincia redujo los niveles de criminalidad, en el mismo día se suscitan nuevos hechos”.
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Según Cabezas, el problema de la criminalidad no es el único existente para la ministra del Interior, puesto que tampoco ha dado información exacta, es decir, no sabe del paradero de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el criminal más peligroso del país, quien se escapó de la cárcel de Guayaquil.
Juicio a Johanna Verdezoto
Este 29 de julio, el Consejo de Administración Legislativa calificó también la solicitud de juicio político planteado contra Johanna Verdezoto del Salto, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), acusada por la correísta Ana Cecilia Herrera de incumplimiento de funciones.
Según Herrera, la consejera Verdezoto habría incurrido en un supuesto conflicto de intereses en el concurso para la designación del defensor público, además enfrenta una denuncia por concusión y perjurio vinculada con un contrato de arrendamiento con lo cual habría incumplido funciones y obligaciones establecidas en la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código Orgánico Administrativo en relación con los viáticos por gastos de residencia.
A decir de la denuncia presentada por Jodie Belén Paucar Llanos, habría falseado la declaración juramenta y habría simulado el contrato de arrendamiento de fecha 24 de mayo de 2023, respecto del cual Paucar Llanos claramente señala que no es propietaria y lo prueba con certificado del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito.
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Calificado este juicio político, será notificado a la Comisión de Fiscalización y Control Político para que inicie el proceso observando el orden de calificación de otros procesos. (I)
