El presidente de la comisión ocasional multipartidista para el tratamiento de los proyectos de ley producto de la consulta popular, Carlos Vera Mora (PSC), advierte que la mesa no revisará ni permitirá adjuntar ningún texto ajeno o que no guarde relación con lo expresado por la ciudadanía en las urnas el pasado 21 de abril.

La mesa multipartidista aprobó el cronograma de trabajo y determinó la unificación de los cinco proyectos de ley remitidos por el presidente de la República, Daniel Noboa, y tiene previsto dejar listo el informe para primer debate el próximo 9 de junio y que al día siguiente puede pasar al pleno para su debate.

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A criterio del socialcristiano Carlos Vera Mora, el texto relacionado a la extinción de dominio será el que genere más debate por la complejidad que se presenta.

¿Cuál es el camino que tomará la comisión que usted preside en torno al tratamiento de las reformas sobre la consulta popular?

Después de haber recibido oficialmente la notificación de la calificación de los proyectos de ley, hemos procedido a reunirnos para aprobar el plan de trabajo sustentado en varios parámetros.

¿Cuáles son esos parámetros?

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Primero, el tema de la participación ciudadana en el asunto de colegir y adecuar las normas expresadas en la consulta popular por la ciudadanía y luego, evidentemente, poder fortalecer en unísono la posibilidad de unificar el tema de los cinco proyectos. Unificar en dos capítulos, el primero que guarda relación con la seguridad en el Código Orgánico Integral Penal y luego el tema de la extinción de dominio que sería otro capítulo porque tiene su propia ley.

¿Quiénes serán invitados a la mesa ocasional y en qué tiempo cerrarán las comparecencias para entrar al informe de primer debate?

Nosotros estamos impulsando la posibilidad de que participen los rectores de las universidades, los decanos de las facultades de Derecho, la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General del Estado, la Función Judicial, la Contraloría General del Estado y todos los que, de alguna u otra manera, desde su institución, guardan relación directa con la ejecución de estas actividades de carácter legal, principalmente en lo que tiene que ver con el tema de la inseguridad y el crimen organizado, para efectos de poderlo erradicar, evidentemente, y dentro de esos preceptos, también creeríamos nosotros que los colegios profesionales en el ámbito del derecho podrían aportar con importantes criterios para efectos de poder viabilizar lo expresado exclusivamente en la consulta popular.

¿Quién vendrá primero?

Estamos convocando primero a los rectores de las universidades.

¿El Gobierno está invitado a dar su criterio?

El Gobierno está representado en la comisión, pero evidentemente los vamos a convocar principalmente por medio de sus ministros de Gobierno y del Interior, para que después de poder acotar y aportar con estos avances y criterios importantes pueda también adecuarse una lucha conjunta contra la inseguridad y el crimen organizado.

¿Cuántos días se van a tomar en esta primera etapa antes del primer informe?

Nosotros creeríamos que en una semana tendríamos listo el primer informe para que pase inmediatamente al pleno y lo podamos conocer todos los asambleístas.

¿Y en cuántos días se tendrá el segundo debate de la propuesta del Ejecutivo?

Nosotros tenemos aproximadamente 36 días para poder concluir con este informe y, consecuentemente, con este encargo que se nos ha hecho en la comisión.

¿Cuánto se puede dosificar el contenido de la reforma?

La esencia del contenido de las respuestas contenidas en las preguntas de la consulta popular no se puede modificar. Lo que se tiene que hacer es adecuar a la realidad de las normas establecidas.

¿Pero qué es lo que se puede dosificar?

Básicamente el tema de procedimientos y cómo se va a ejecutar.

Por ejemplo, en cuanto al porcentaje de la pena, ¿se puede reducir o modificar lo planteado por el Ejecutivo?

El porcentaje de la pena está generado de acuerdo con la situación de las características expresadas en la consulta.

¿Es inamovible lo que el Ejecutivo planteó?

Es inamovible lo que el pueblo expresó en la consulta popular. Eso lo vamos a evaluar de acuerdo al proyecto que remitió para poderlo definir en esa característica.

¿La ciudadanía votó a favor del endurecimiento de penas, el Ejecutivo incluye el porcentaje de las penas, eso se puede modificar o no?

Eso es lo que los comisionados, que somos cinco, vamos a evaluar.

¿Usted qué cree, es posible hacerlo o dosificar?

Yo creería que ahí es donde está la participación de todos para efectos de poder generar un criterio. Como abogado, evidentemente preocupado por la inseguridad que vive el país, considero que tiene que existir un brazo firme y contundente frente al tema del incremento de penas. Sin embargo, este es un criterio que tenemos que definirlo en la comisión y luego ventilarlo en el pleno.

¿Cómo van a medir los porcentajes de la pena?

Mediante los agravantes, de acuerdo a la característica, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo que afecte y evidentemente creo que en delitos execrables como el sicariato, como el tema que guarda relación a lo ejecutado contra los sectores básicamente prioritarios como lo son mujeres, mujeres embarazadas, niños, niñas, adolescentes y personas de la tercera edad y con capacidades especiales, evidentemente esos son agravantes. Más aún si esos procedimientos son ejecutados con armas de fuego de grueso calibre, en pandillas, por la noche.

¿Queda establecido definitivamente que no se agregará ningún otro texto más allá del que planteó el Ejecutivo?

Efectivamente, ningún otro texto que no guarde relación con lo expresado en la consulta y con lo contenido en los proyectos de ley generados por el presidente de la República, por el Ejecutivo, y esas son las condiciones que vamos a analizar y evaluar.

La delegada del bloque Revolución Ciudadana (RC) decía que van a pedir todos los proyectos concernientes a la materia penal para que puedan ser revisados en la mesa.

Básicamente lo que guarda relación con lo expresado en la consulta, ningún otro proyecto que no guarde relación con el contenido de las preguntas se revisará, no vamos a tener el tiempo para aquello.

Esta Asamblea estaba al borde de aprobar reformas al COIP que contenían el endurecimiento de penas, ¿se va a revisar este informe?

Se va a revisar para ver cómo se adecuan las condiciones, como le he dicho, para beneficio de la ciudadanía y para la lucha contra la inseguridad.

Y en cuanto a la extinción de dominio, ¿cuál es el paso a seguir?

Eso tiene una ley propia. Hace algún tiempo aquí mismo en la propia Asamblea se generó un criterio al respecto y eso de acuerdo a lo que en mayor grado la ciudadanía espera, evidentemente, que frente a condiciones jurídicas que respeten el debido proceso y la presunción de inocencia, con excepciones graves, evidentemente, tiene que tomarse en consideración que los bienes contenidos y que son producto del crimen organizado, de la delincuencia organizada, del narcotráfico, de la corrupción, tienen evidentemente que ser puestos a consideración de la extinción de dominio.

¿Es decir, la extinción de dominio a los bienes, no a las personas?

La extinción de dominio es frente a las características de lo que se ha adquirido en bienes materiales e inmateriales, incluyendo dineros, vehículos, bienes muebles e inmuebles. Claro, esos bienes son, evidentemente, conducidos por personas. Entonces, esas características también las vamos a canalizar para efectos de que cuando es una persona investigada y esos bienes son los incautados, ahí es donde va la característica de la extinción.

Qué pasa si mañana a esta persona investigada la justicia ordinaria la declara inocente, ¿qué pasará con sus bienes que fueron extinguidos a favor del Estado?

Creo que la extinción de dominio tiene un procedimiento preventivo, que es la incautación. Luego de la incautación viene la extinción, que la extinción es el corte de la propiedad, por decirlo de alguna manera. Frente a aquello, ahí es donde vamos a generar y analizar la característica puntual de esa situación para poder llevar adelante la ejecución de esa situación.

Pero ese bien ya fue incautado, ¿cómo el Estado debería devolverlo?

Recuerde usted que la situación de la extinción tiene un procedimiento propio. Viene la incautación, la incautación tiene un procedimiento previo a la extinción. Dentro de esas características, respetando el derecho a la defensa y el debido proceso, que así lo tiene que alegar también la parte interesada, evidentemente, mientras no existiera una sentencia ejecutoriada que determine la responsabilidad, ese bien debería estar incautado, mas no extinguido, incautado para neutralizar su uso, su cambio de dominio, su titularidad, para efectos de que con la sentencia final tenga que ser extinguido.

¿Pero eso no plantea la propuesta del Ejecutivo?, pues dice en la extinción que es un procedimiento autónomo e independiente.

En delitos de conmoción, en delitos graves. Eso también se va a evaluar porque estamos frente a una Constitución que es garantista, la cual evidentemente tiene una ponderación de derechos. Entonces, cuando un grupo de delincuencia organizada afecta a una mancomunidad y obviamente dentro de esa ponderación tiene mayor titularidad la sociedad afectada frente a la ejecución de esa infracción por parte del crimen organizado, obviamente tiene que darse esa característica de la ponderación. Pero recordemos que nosotros estamos frente a una Constitución garantista.

¿El tema de la extinción de dominio es el que traerá más de un debate?

Sí, más de un debate crítico que debe darse primero en la comisión y luego en el primer y segundo debate, y se tendrán que establecer los niveles de ponderación, gravedad y afectación. (I)