Este martes 13 de mayo se reinstaló la audiencia de juzgamiento contra el empresario Pedro Saona, quien fue extraditado desde República Dominicana hacia Ecuador en septiembre de 2022.

A cargo del juicio en el denominado caso las Torres están en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) el juez Javier de la Cadena (ponente) y los conjueces Olavo Hernández y Marco Aguirre, todos de la Sala Penal.

El juzgamiento de Saona, a quien se lo ubica como autor en calidad de colaborador del delito de delincuencia organizada, llega a más de dos años de que un tribunal de la CNJ, el 10 de febrero de 2023, condenó al excontralor Pablo Celi, a su hermano y abogado Esteban Celi, al exgerente de Petroecuador Pablo Flores y a otras ocho personas por su responsabilidad en los hechos ocurridos entre 2017 y 2020.

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Según la Fiscalía, el delito perseguido en Las Torres se habría dado a través de instancias públicas como la Contraloría General del Estado (CGE), la empresa pública Petroecuador y la Secretaría de la Presidencia de la República en el gobierno de Lenín Moreno. La acusación refiere que en estas tres instancias operó un grupo estructurado que cobraba sobornos a empresas contratistas a cambio de liberar pagos o desvanecer glosas en la Contraloría.

Ya específicamente en esta causa se dijo que esta organización delictiva buscaba obtener, a cambio de desvanecer una glosa y facilitar el pago de facturas, el 20 % de una factura de $ 20,3 millones que se debía pagar a la empresa contratista Nolimit C. A. El total exigido por la estructura habría alcanzado los $ 4,3 millones, es decir, el 20 % de la factura a cambio de gestionar el pago de $ 20′345.609,60 que Petroecuador adeudaba a Nolimit.

El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, señaló que en el caso de Saona, partiendo de los hechos probados en la sentencia de la causa principal, se demostrará que el empresario juzgado como persona de confianza de Esteban Celi facilitó su cuenta personal del Banco West Fargo de Estados Unidos para transferir $ 110.000 el 16 de mayo del 2017 por parte de José Luis de la Paz, a través de la empresa Monay Industries.

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A decir de la Fiscalía, estos montos transferidos evidentemente tenían como destino los hermanos Esteban y Pablo Celi, pues como contraprestación a esos pagos se habrían desvanecido seis glosas de la empresa Nolimit por un monto superior a los $ 13 millones.

QUITO (26-09-2024).- Testimonio anticipado en el denominado caso Las Torres,en el que uno de los sentenciados es Pablo Celi, excontralor general del Estado. Cortesía FGE. Foto: Cortesía FGE.

Pablo Celi y Pablo Flores, al ser considerados autores directos y líderes de la estructura, recibieron una pena agravada de trece años y cuatro meses de cárcel. Mientras que en el escenario de colaboración fueron condenados a penas distintas Natalia Cárdenas, exasesora de la gerencia de Petroecuador; Mauricio Orellana, exgerente de Refinación de Petroecuador, Martha Barrezueta, Esteban Celi, Álvaro de Guzmán, Silvia López, Ángelo Rodríguez, Andrés Luque y Adolfo Agusto Briones.

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Además, Toainga aseguró que no solo probará que el procesado pese a ser el único socio de la empresa LegalCorp y firma autorizada de la misma, esta también era manejada por Esteban Celi, sino que demostrará que Saona facilitó la cuenta de la referida empresa a José Luis de la Paz en Estados Unidos para recibir el porcentaje de los beneficios económicos que les correspondía a los hermanos Celi, provenientes del 20 % de la factura de $ 20,3 millones, aproximadamente, por concepto de entregables adicionales.

Por otra parte, el fiscal subrogante sostuvo que probará que la afectación material a favor de las víctimas por el delito en el caso Las Torres es de $ 100.000, tal cual fue dispuesto por el tribunal de juicio en sentencia de 2023.

“Durante el transcurso de esta audiencia y la evaluación de las pruebas testimoniales, periciales y documentales, los jueces llegarán al convencimiento de la efectiva colaboración que proporcionó Pedro Vicente Saona Roca en el grupo organizador con el fin de obtener beneficios económicos pactados”, anotó el fiscal Toainga.

La defensa de Pedro Saona, Fernando Jarrín, señaló que probará que su cliente no fue parte de este grupo estructurado, que no realizó ningún acto de mando o dirección dentro de esta delincuencia organizada y peor aún que fue beneficiado con algún tema económico.

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“Durante el desarrollo de esta audiencia, señores jueces nacionales, nosotros vamos a demostrar que, de manera fehaciente, Pedro Saona Roca no realizó ni fue parte de ningún acuerdo o concertación con el grupo criminal estructural. (...) Queda claro que el único beneficiario de este valor que ingresó a la cuenta de Pedro Saona Roca fue directamente para una tercera persona (Esteban Celi)”, anotó Jarrín.

En este caso asisten como acusadoras particulares la Procuraduría General del Estado y la empresa pública Petroecuador. (I)