La Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea Nacional inició un proceso de fiscalización respecto al caso Liga2 para determinar responsabilidades políticas sobre quienes operaron en esta aparente trama de corrupción que investiga la Fiscalía General del Estado por el delito de asociación ilícita.
La comisión presidida por la asambleísta Inés Alarcón (ADN), en este primer día, llamó a la fiscal general del Estado o su delegado, a la Unidad de Análisis Financiero, Superintendencia de Bancos y al titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
La investigación, según la presidenta de la mesa, Inés Alarcón, duraría dos semanas y se presentará el informe correspondiente que podría recomendar un juicio político en contra de la consejera Nicole Bonifaz.
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En la mesa se expuso un cartel con fotografías y los alias que aparecen en los chats expuestos por la Fiscalía del Estado el fin de semana pasado ante el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en lo que fue la audiencia de formulación de cargos por presunta asociación ilícita en la que se involucró a los exconsejeros de la denominada “liga azul”: Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos, Augusto Verduga —estos tres fueron destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral por una infracción electoral— y la actual consejera Nicole Bonifaz.
La investigación se dio a raíz de una resolución que tomaron, con sus votos, el 22 de enero de 2025, con la que ratificaron a Raúl González Carrión como titular de la Superintendencia de Bancos, cuya designación se anuló mediante un acción de protección sustanciada en primera y segunda instancia en la justicia ordinaria.
En su lugar, el CPCCS designó a Roberto Romero von Buchwald en el 2022, pero la Asamblea Nacional no lo llamó a posesionarse, hasta que él desistió de su posesión.
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El presidente de la República, Daniel Noboa, envió una nueva terna de la que se eligió nuevamente a Roberto Romero el 4 de diciembre de 2024, y el Legislativo, bajo la presidencia de la bancada correísta de la Revolución Ciudadana (RC), con Viviana Veloz, no lo convocó a la posesión sino hasta finales de enero.
Lo hizo luego que la Corte Constitucional (CC) tramitó una acción extraordinaria de protección de González en la que se reconoció la vulneración de sus derechos en la justicia ordinaria, pero no se pronunció sobre su designación ni sobre nuevos superintendentes.
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Sin embargo, Verduga, Saltos, Franco y Bonifaz configuraron una mayoría en una sesión del CPCCS y ratificaron a Raúl González en la Superintendencia y la CC inició de inmediato la fase de seguimiento de su sentencia, por lo que los cuatro dieron marcha atrás en su decisión.
Hasta el momento, la CC no ha resuelto el caso, en un contexto en el que solo Bonifaz se encuentra en funciones y los tres exconsejeros fueron destituidos por el TCE.
A esta primera comparecencia, de este 19 de marzo de 2025, acudió el superintendente de Bancos, Roberto Romero, y el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni.
El Superintendente Romero, en la mesa legislativa, se refirió a la demora que tuvo la Asamblea Nacional en la toma de juramento y posesión por parte de la Asamblea Nacional, y respecto a las inquietudes formuladas por los asambleístas de que si ha recibido amenazas, dijo que prefiere reservarse para no exponer a las personas que trabajan con él.
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Romero dijo que existen temas contundentes y que preocupan es la operación de los agiotistas, que dan créditos y microcréditos en el Ecuador por encima de los $10.000 millones, y “probablemente los agiotistas entregan dineros fáciles, con liquidez que no pasa nunca por el sector financiero de difícil registro y que no lo reporta nadie; es mas, en algunos mercados algunas “caseritas” le dicen mi socio, porque les presta dinero y todos los días al final de la tarde recogen la tasa de interés y son personas que al no tener una educación financiera profunda termina pagando por encima del 1000% como tasa de interés”.
El funcionario de la Superintendencia indicó que otro de los temas que le preocupa es la presencia de al menos doce instituciones que trabajan ilegalmente haciendo intermediación financiera que no cuenta con la Corporación de Seguros de Depósitos y que no dan garantías a la ciudadanía.
Afirmó que se encuentran planteadas cinco denuncias muy delicadas de una relevancia sumamente importante, pero que no puede comentar los detalles específicos.
Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, acudió acompañado por el coordinador general de asesoría jurídica de la institución, Santiago Peñaherrera, quien expuso una línea de tiempo sobre la designación del Superintendente de Bancos y dejaron sentada la inquietud en la mesa de qué ocurrió entre el 4 de diciembre de 2024 y 27 de enero de 2025, donde se produjo la posesión de Roberto Romero, como Superintendente de Bancos.
Dijo que para el presidente del CPCCS, siempre estuvo claro que nunca se declaró un derecho a señor Raúl González, para que asuma las funciones de Superintendente de Bancos; pues había una sentencia de la Corte Constitucional sobre la designación de la autoridad.
Fantoni dijo que hubo circunstancias de correlación de fuerzas en el CPCCS, pero sobre conversaciones mantenidas con el exconsejero Augusto Verduga, que permitan dar luces a toda esta trama de corrupción no puede garantizar, porque los diálogos fueron protocolarios de consejero a consejero. (I)
