Caso Metástasis: Wilman Terán pide que le dejen demostrar en libertad ‘lo que han plantado dentro del proceso’

“Olvidemos que estuve ahí sentado, olvidemos que no me hidraté, que no me alimenté, que la audiencia no se ‘inmedió' completamente, olvidémonos. Déjenme probar procesalmente de ese conjunto de chats, déjenme demostrar lo que han plantado dentro del proceso y dentro de lo que sí puedo demostrar que es mío. Porque recuerden que como magistrado uno gana una cifra cercana a los $ 4.500 y que tengo todas esas evidencias. Pero no se me anule”.

Esas fueron las palabras de Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), quien busca mediante un habeas corpus eliminar la orden de prisión preventiva dispuesta contra él como uno de los 31 investigados por el delito de delincuencia organizada dentro del caso Metástasis. Fabián Racines (ponente), Iván Larco y Patricio Secaira son los jueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que conocen el caso.

La defensa del titular de la Judicatura planteó el habeas corpus, pues desde su perspectiva la prisión preventiva es ilegal, arbitraria e ilegítima, por lo que viola derechos a la libertad e integridad de Wilman Terán. Ellos creen que la única forma de terminar con esta “persecución” es dando paso a un habeas corpus que contenga como medida reparatoria la orden de libertad inmediata.

Álvaro Román asume temporalmente la presidencia de la Judicatura en reemplazo de Wilman Terán, procesado en caso Metástasis

El Tribunal le dio a Terán la oportunidad de que hable directamente. El funcionario judicial contó que se le leyeron sus derechos, pero nunca se le informó cuál era el delito por el que se lo estaba deteniendo y se lo pretendía llevar a una audiencia de formulación de cargos. Insistió en que recibió tratos inhumanos durante los momentos de su detención y que incluso él, al igual que otros procesados, no tuvieron una conexión permanente con la sala principal de audiencias en la que estaban los abogados, la fiscal general, Diana Salazar, y el juez del caso, Felipe Córdova.

Negó Terán que pueda existir algún riesgo de fuga o que pueda él incidir en el transcurso del proceso penal en sí. Lo que aclaró es que sí está en riesgo su derecho a la integridad y a la vida, debido a que en la Cárcel 4, ubicada en el norte de Quito, a la que fue ingresado la madrugada del sábado último, junto con otros de los 16 procesados en el caso Metástasis que recibieron prisión preventiva, se encontró con personas a las que él ha tenido que juzgar por su actividad de juez de la CNJ.

“No me voy a quejar del trato de los guías penitenciarios, no me voy quejar de eso, pero sí voy a decir que la situación es latente y peligrosa. Latente y peligrosa por cuanto es todo el conjunto de personas que de una u otra forma se les conocieron sus recursos de casación, se conocieron recursos de otros que han sido privados de su libertad. Debo contener esos nombres por ese temor y amén de esas cuestiones resulta que los privados de libertad somos quienes hemos negado garantías jurisdiccionales en el caso Norero y se nos manda a ambientes de influencia del caso Norero”, mencionó Terán.

Pese a no tener relación directa con el recurso de habeas corpus, el juez ponente le permitió que abogados de la Fiscalía General del Estado, del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y de la Procuraduría General del Estado participen de la diligencia con criterios que puedan dar luces a los juzgadores en el momento de tomar una decisión.

En general, desde estas instancias públicas se solicitó que se rechace el habeas corpus planteado, principalmente porque no se ha violentado derecho alguno del procesado y porque la presentación y la argumentación del recurso no cumplen con los requisitos que la norma define para que se le pueda conceder. Incluso se mencionó que se pretende alcanzar una modificación de la medida cautelar penal mediante un recurso constitucional que tiene otro objetivo.

En su parte final, Wilman Terán dejó dicho que si el objetivo era alejarlo del concurso de jueces para la Corte Nacional y que este se venga abajo, ya se ha concretado ese fin y no deben llegar a afectar su “dignidad humana”. Su defensa, además de pedir que se le permita salir de la cárcel para defenderse en libertad, pidió como reparación que la Fiscalía General, a través de todas sus plataformas, ofrezca disculpas públicas por haber dañado el nombre y la honra de Wilman Terán.

Por casi tres horas escuchó el Tribunal los argumentos del accionante y de las entidades a las que se les permitió dar su criterio frente al habeas corpus. El juez Racines explicó que al ser abundante la información expuesta necesitan un tiempo para analizar. Convocó a todos para las 16:30 de este martes 19 de diciembre para dar a conocer la resolución oral a la que llegue la Sala.

La fiscal Diana Salazar asistió por vía telemática a la diligencia, pero no participó. En cambio, Wilman Terán fue trasladado desde la Cárcel 4 hasta la Corte Nacional.

Fiscalía ubica a Wilman Terán como colaborador de la ‘empresa criminal’ liderada por Leandro Norero

El titular de la Judicatura se mantiene detenido en la denominada Cárcel 4, ubicada en el norte de Quito, desde la madrugada del sábado 16 de diciembre como parte del caso Metástasis. A él y a otras quince personas, el juez nacional Felipe Córdova les dispuso la medida cautelar de prisión preventiva, pues se les formularon cargos por el delito de delincuencia organizada. Otros catorce procesados recibieron la medida de presentación periódica y a uno se le dispuso, por su edad, arresto domiciliario.

En total en este caso son 31 personas las investigadas por ser parte de una “empresa criminal” que operó para conseguir fallos judiciales y beneficios penitenciarios para Leandro Norero, procesado por delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado, dos de sus hermanos y su esposa. La operación simultánea para allanar y detener en este caso se dio entre el 13 y 14 de diciembre pasados en siete provincias de Ecuador.

El asesinato de Norero dentro del Centro de Privación de la Libertad de Cotopaxi, en Latacunga, el 3 de octubre de 2022, y las investigaciones emprendidas respecto a ese crimen generaron la obtención de evidencias, entre las cuales se encontraban dispositivos celulares con los que Norero habría montado un aparataje comunicacional a fin de configurar su estrategia delictiva para enfrentar a la justicia y buscar la impunidad. (I)