El contenido de varios teléfonos celulares encontrados luego del asesinato de Leandro Norero, quien era procesado por delitos relacionados con lavado de activos, tráfico de drogas y crimen organizado, sería el origen de una investigación previa que realizaba la Fiscalía y ahora se hace conocida como el caso Metástasis.

El 1 de diciembre pasado, la investigación que realizaba un fiscal de la Unidad Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada pasaba a manos del despacho de la fiscal general, Diana Salazar, pues, señalaba el oficio entregado, de pericias hechas se desprendía la existencia de elementos constitutivos de infracciones que involucran a funcionarios que gozan de fuero de Corte Nacional. Sicariato era el delito que se investigaba de forma previa dentro de la causa que originó esta nueva indagación.

A ese punto se hablaba de jueces de las cortes provinciales de Justicia de Cotopaxi, de Manabí, entre otros. El informe enviado contenía 21 anexos de soporte digital a los cuales se les hizo una pericia técnica de audio y video de la que se evidenció, según agentes de la Unidad Nacional de Investigación con la Fiscalía General (UNIF), la existencia de una presunta “organización delictiva de gran impacto”, en la que se encontrarían inmersos particulares, servidores policiales, servidores públicos, entre ellos, funcionarios con fuero de Corte Nacional.

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Abierta la investigación previa, la Fiscalía designó tareas investigativas a miembros de la UNIF y de la Unidad Nacional de Investigación del Delito contra la Eficiencia de la Administración Pública (UCAP). La delegación produjo un informe policial el miércoles 13 de diciembre último, en el que se pasó de una teoría a singularizar los nombres de las personas posiblemente involucradas en esta “trama criminal”.

En el documento se anotaba que el punto de partida de esta investigación es la detención por el delito de lavado de activos de Norero y varios de sus familiares, el 25 de mayo de 2022, y el posterior asesinato de quien era conocido como el Patrón. Luego de esa muerte violenta ocurrida el 3 de octubre de 2022, en una de las masacres dadas en el interior del Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi, las investigaciones permitieron obtener varios indicios, entre los que estaban los dispositivos celulares usados por Norero en su tiempo en la cárcel.

Agentes especiales de la Policía resguardan ingreso de detenidos en caso Metástasis a Unidad de Flagrancia

De la materialización y análisis de la información encontrada en esos equipos celulares se habría evidenciado, indica el informe policial del caso, que se gestó una “empresa criminal” que tenía por finalidad garantizar, a través de actos de corrupción que permearon a todo nivel, la integridad personal dentro del CPL, la libertad y la impunidad de Norero y sus familiares.

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La investigación preliminar identificó 38 nombres de personas que integraban la cúpula de la organización, que trabajaban en el financiamiento, la dirección, planificación y ejecución de las diferentes actividades. Entre ellos estaban jueces de Corte Nacional, Provincial, jefes policiales a cargo del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), funcionarios judiciales, penitenciarios, abogados y personas privadas.

Yankee, Estimado, Larry, Novita, Globalpax, DS, Momia, Puma, CR7, May, Presi, Daniel López, Doble Rueda eran algunos de los alias que aparecían junto con nombres, entre los que se colocó a Wilman Terán, actual presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), pero hasta antes de febrero de 2023 era conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), o del hoy general en servicio pasivo Pablo Ramírez, oficial que hace pocas semanas renunció al cargo de general de la Policía, pero que antes de ello ocupó cargos como director del SNAI, por diez meses, o director nacional de la Policía Antinarcóticos y Judicial.

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Los agentes investigadores sostienen que ha existido una convergencia de un sinnúmero de actuaciones propias de una delincuencia organizada, la cual generalmente “busca paraísos fiscales” donde “las conductas ilícitas puedan ser sometidas y salgan exentas de responsabilidad penal”.

Respecto al fuero de Corte Nacional se sostiene que varios de los investigados tendrían este fuero porque entre los meses de mayo y octubre de 2022, es decir, al momento del cometimiento de los supuestos hechos ilícitos ejercían los cargos de juez nacional y jueces de Corte Provincial de Justicia.

Hasta el momento de Terán lo único que se ha dicho es que se lo investiga por acciones cometidas mientras fue juez de la Corte Nacional de Justicia. Una vez que terminó el allanamiento a la vivienda del titular del CJ, desde la Fiscalía se informó que se levantaron indicios, como documentos, computadoras, celulares y más de $ 25.000 en efectivo, en billetes de $ 100 y de $ 20.

No se conoce aún exactamente cuál es la participación o cuáles son los elementos específicos que tiene la Fiscalía para formular cargos contra los hasta ahora 29 detenidos. Eso se conocerá al momento que la fiscal Salazar realice la exposición del o los hechos por los que acusa y hable de los elementos de convicción generales y particulares que tiene para pedir que se abra una etapa de instrucción fiscal y se soliciten medidas cautelares para cada uno de los sospechosos.

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Wilman Terán, presidente de la Judicatura, entre 29 detenidos por presunta delincuencia organizada

Al existir suficientes elementos para presumir la perpetración de un delito de ejercicio público de la acción penal y la posible intervención activa de los procesados, el juez de la Corte Nacional Felipe Córdova dio paso a las órdenes de detención solicitadas de manera urgente por la Fiscalía, las cuales tenían como fin garantizar la comparecencia de los sospechosos en la audiencia de formulación de cargos, la cual podría darse al final de la tarde o en la noche de este 14 de diciembre.

También se incluyó la orden para allanar oficinas públicas del Consejo del Judicatura en Quito, Riobamba, de la Policía Judicial en Loja; de la Fiscalía Provincial de Pichincha, en Quito; en la Unidad de Flagrancia y en la Unidad Judicial Penal en Santo Domingo de los Tsáchilas; en la Corte Provincial de Cotopaxi (...) y en viviendas y oficinas de los procesados en Quito, en Chongón, Latacunga, Salcedo, Durán, Manta...

Hasta el momento se continúan realizando allanamientos para cumplir con la orden judicial existente dentro de este caso relacionado con corrupción y narcotráfico. Lo que se ha concretado es la detención de 29 personas, más de una docena ya estarían en la Unidad de Flagrancia, en el norte de Quito, entre ellos Terán, el general Pablo R., dos jueces de Cotopaxi, varios agentes policiales activos y otros funcionarios judiciales y personas privadas.

Se ha informado que en unos casos ya salieron o en otros ya saldrán desde las jurisdicciones de Guayas, Loja, Santo Domingo de los Tsáchilas, Chimborazo y Manabí quienes fueron detenidos durante la operación conjunta en la que trabajaron más de 900 funcionarios. Todos deben ser traídos a Quito, pues por el fuero de Corte Nacional que cubre a varios de los procesados la diligencia de formulación de cargos se realizará en la CNJ. (I)