Caso Metástasis: ocho personas se sumarían a la lista de sospechosos que tiene la Fiscalía

Para este 3 de enero de 2024 está prevista la instalación de una audiencia de vinculación en el caso Metástasis en el que la Fiscalía General del Estado expondrá los elementos de convicción que posee para procesar a otras ocho personas por presunta delincuencia organizada, relacionada con el fallecido narcotraficante Leandro Norero Tigua.

La titular de la Fiscalía, Diana Salazar solicitó -el 20 de diciembre pasado- al juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Felipe Córdova, que fije fecha y hora para esta audiencia, cuyo efecto es vincular a otros sospechosos mencionados en conversaciones que mantenía Norero, en lo que sería una estructura criminal para evadir la justicia.

La diligencia está prevista a instalarse a las 10:50 de este miércoles y se realizará en la Corte Nacional de Justicia porque entre los procesados está Wilman Terán Carrillo, expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), quien goza de fuero de Corte y está detenido en la Cárcel 4 de Quito.

Otros actores vinculados son jueces, fiscales, policías, funcionarios judiciales, un general de Policía en servicio pasivo, que era el director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).

Los nombres de las 38 personas que constan en la lista de la Fiscalía han sido mencionados en conversaciones de chats periciadas y que se hallaron en quince teléfonos celulares que eran propiedad del narcotraficante Leandro Norero Tigua y que dieron cuenta de relaciones, negociaciones, entrega de sobornos, manipulación del sistema de justicia.

El 14 de diciembre de 2023, se ejecutó la operación Metástasis que incluía la lista de 38 personas que debían ser detenidas para que comparezcan a la audiencia de formulación de cargos: se detuvo a 31; pero, debido a una filtración de información, las siete restantes pudieron huir. Entre los mencionados en esa nómina están:

• Christian R. M., abogado de Leandro Norero Tigua
• Daniel S. B., procesado por peculado en el caso de venta irregular de medicinas durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.
• Carlos Z., expresidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, a quien ubicaban con el alias de Presi.
• Víctor A. B., exfiscal de Santo Domingo de los Tsáchilas.
• Fabián C. B., que habría sido un hombre de confianza de Norero.
• Jairo V. M., se desconoce su rol.
• Fernando G. A., se desconoce su rol.

Habría una octava persona, de la que se desconoce su identidad y el rol al interior de la organización.

Una vez que se instale la audiencia este miércoles, la fiscal Salazar detallará cuál fue la participación de los sospechosos y el rol que desempeñaban dentro de esta estructura delictiva.

Como parte del procedimiento solicitará las medidas cautelares que considere necesarias, como prisión preventiva u otras para garantizar su comparecencia en el proceso penal.

De los 31 vinculados, el juez Felipe Córdova dictó prisión preventiva a 16, entre los que está Wilman Terán; presentación periódica para otros quince sospechosos; y, arresto domiciliario para un adulto mayor.

Xavier J. M., según los indicios recabados, habría administrado los bienes de Norero y mantendría los alias de Dady Yanky, Ravioli, Marido y Po en las conversaciones; y otras tres personas antes mencionadas fueron llamadas a rendir versión este martes, 2 de enero, en las instalaciones de la Fiscalía en Quito y también de manera telemática.

Asistieron algunos de los abogados de los convocados, que evitaron hablar con la prensa y apuntaron que se enfocarán en defender a sus clientes.

Leandro Norero era procesado por delitos de lavado de activos, narcotráfico, tráfico de armas, pero fue asesinado en la cárcel de Latacunga (Cotopaxi) en octubre del 2022 en medio de una violenta gresca que protagonizaron los internos. De allí se originó este caso, en el que la Fiscalía obtuvo los equipos electrónicos y la información.

Las conversaciones revelaron la existencia de una «empresa criminal», cuyo objeto era evadir la justicia pagando por fallos para obtener libertad para personas sentenciadas, entre las que había familiares de Norero.

Así también, se buscaba conseguir beneficios en procesos judiciales, se gestionaba el ingreso de artículos prohibidos a la cárcel, devolución de bienes muebles e inmuebles, de acuerdo con el expediente de la Fiscalía que suma, hasta el momento, 159 cuerpos.

Con esta audiencia de vinculación la etapa de instrucción fiscal se ampliará de 90 a 120 días, para recabar información. (I)