El pleno del Consejo de la Judicatura aceptó las renuncias del juez de la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo de los Tsáchilas, Emerson C. y del juez de la Corte Provincial de Cotopaxi José Luis S., quienes hace algo más de dos meses fueron detenidos e ingresados en la Cárcel 4, en Quito, por ser uno de los sospechosos de integrar una “organización criminal” liderada por el narcotraficante Leandro Norero para obtener fallos judiciales y beneficios penitenciarios para él, sus familiares y operadores cercanos.

La decisión fue tomada la noche del miércoles 21 de febrero último por el presidente encargado de la Judicatura, Álvaro Román, y los vocales Yolanda Yupangui y Fausto Murillo. Se aclara en la resolución tomada que las renuncias fueron aceptadas sin perjuicio de los expedientes disciplinarios que se pudieran formular en su contra.

Para mediados de diciembre de 2023, tiempo en el que se realizaron allanamientos y detenciones simultáneas en lo que era la operación Metástasis, el nombre de Emerson C. no era desconocido en Ecuador. El funcionario judicial se dio a conocer porque en septiembre de 2022 aceptó unas medidas cautelares que permitieron salir en libertad a alias Madrid y alias Cuyuyuy, quienes eran parte del brazo armado de Norero. Para ambos se emitieron medidas cautelares por supuestas violaciones de derechos en el trámite de una acción de protección.

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Ocho ‘jueces suicidas’, por el momento, son ubicados dentro de la organización criminal del caso Metástasis

Dos meses después de ese hecho, Emerson C. dio paso a unas medidas cautelares autónomas solicitadas a favor de Jorge Glas y ordenó que salga de la Cárcel 4, en Quito, bajo la figura de una “libertad provisional”. Desde ese momento, hasta el 17 de diciembre pasado que el líder correísta ingresó a la Embajada de México, en Quito y ha pedido asilo, Glas se mantuvo cumpliendo una presentación periódica ante autoridades judiciales del Guayas.

Glas debe cumplir aún dos años y once meses de la pena unificada que se le impuso, luego de que una jueza de garantías penitenciarias decidió que la condena de ocho años en el caso Sobornos 2012-2016, por cohecho, absorbía a la pena de seis años de prisión dispuesta en el caso asociación ilícita Odebrecht

Durante la audiencia de formulación de cargos en el caso Metástasis, la cual se dio entre el 14 y 15 de diciembre pasado, la fiscal general, Diana Salazar, dijo que Emerson Giovanni C. U., de la Unidad Judicial de Garantías Penales y de Tránsito de Santo Domingo de los Tsáchilas, era uno de los jueces a los que se les calificaba como suicidas, pues eran reclutados para realizar actividades ilícitas desde sus funciones y conocían de los riesgos que las mismas incluían.

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Salazar recordó que el hoy exjuez tuvo a cargo los procesos judiciales de alias Cuyuyui y alias Madrid, destacando que estos se beneficiaron de la libertad que les pagó su jefe “para que salgan a asesinar a gente en las calles”.

“El rol de colaboración del juez radicó en la concesión de la libertad de los dos ciudadanos a través de acciones legales por medio de la planificación directa ejecutada por Cristian R., al ser el abogado de la organización criminal, quien afirma mantener todo controlado en el sistema de justicia en la provincia de Santo Domingo. Dichas decisiones judiciales, a través del abuso y desnaturalización de garantías jurisdiccionales, representaron un incremento ilegítimo al patrimonio del juez Emerson C. como consecuencia de la venta de su sentencia”, apuntó la fiscal general.

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Del expediente del caso Metástasis, el cual cuenta al momento con 320 cuerpos, hacen parte conversaciones que habían sido encontradas en 15 celulares que fueron recuperados luego del asesinato de Norero en la cárcel de Cotopaxi, en octubre de 2022. Ahí aparecen mensajes en los que el juez Emerson C. habla con abogados de la organización, como Christian R., de cómo va a salir el fallo a favor de Cuyuyuy y Madrid, de que el CJ le ha solicitado un informe sobre la liberación de estos dos privados de la libertad e incluso pide que “no le dejen morir” frente al proceso administrativo en la Judicatura.

Juez que acogió medidas cautelares a favor de Jorge Glas también dispuso la salida de la cárcel de dos procesados por delitos como asesinato y narcotráfico

Emerson C., según los chats de Metástasis, habría recibido de Norero por su trabajo cerca de $ 200.000 y al momento que realizaba el fallo por escrito para Madrid y Cuyuyuy pedía que le den $ 30.000 para poder sobrevivir si le dan la suspensión desde el CJ. Norero en chat le dice a Christian R. que el juez Emerson C. debe devolver el dinero dado si no se concreta la liberación de los dos ‘sicarios’, pero el abogado le tranquiliza a alias El Patrón, señalándole que ya habían “liberado a más de 60 personas” con ese modo de operar.

Finalmente se acuerda completar el pago pendiente, que aparentemente habrían sido $ 62.500 por cada uno de los involucrados, una vez que las boletas de excarcelación se ejecuten y salgan de la cárcel de Cotopaxi en la que se encontraban Cuyuyuy y Madrid.

Entre los 39 procesados del caso Metástasis hay otros jueces provinciales que están también siendo investigados. Entre ellos José Luis S., juez de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Cotopaxi.

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De él la fiscal Salazar dijo que conjuntamente con el juez Santiago Z., también investigado por el delito de delincuencia organizada, formaron parte de un tribunal del habeas corpus para la hermana de Leandro Norero. Su colaboración se habría dado a cambio de beneficios económicos como los $ 6.000 y $ 8.000 que le fueron entregados a él y al otro juez procesado Santiago Z., través de Sofía G. y César A., respectivamente.

Según la Fiscalía existiría incluso evidencia que determina la recepción completa de los sobornos a cambio de la venta de sus decisiones en la Función Judicial, cuyo monto radicó en $14.000.

En el proceso de Metástasis hay otros jueces procesados que mantienen orden de prisión preventiva y aún no se resuelve su situación en el interior de la Función Judicial, es decir, renuncian al cargo o son separados de su magistratura bajo algún argumento administrativo legal. (I)