Sin casco y con menos seguridad que las personas que la precedieron en los testimonios anticipados es como llegó al octavo piso de la Corte Nacional, la noche del jueves 28 de marzo pasado, Lidia Sarabia, una agente fiscal que contó pormenores de cómo fue y es liderar una investigación por lavado de activos contra el narcotraficante Leandro Norero y su familia, de las trabas jurídicas que los abogados de los procesados ideaban como parte de su estrategia de defensa y del apoyo que recibía esta estructura criminal de parte de jueces, fiscales, peritos, policías, entre otros.

Luego de una extensa jornada de más de doce horas, cerca de las 23:30 el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Felipe Córdova suspendió la audiencia del caso Metástasis en la que se escucharon los testimonios anticipados de Marcelo Lasso Saavedra, Mayra Salazar, Hélive Angulo y la fiscal Lidia Sarabia. El magistrado indicó que fijará una nueva fecha para retomar los temas que quedaron pendientes en esta audiencia y que tenían que ver con revisión de medidas cautelares.

El testimonio de la agente fiscal que hace parte de la Unidad Investigativa Selecta de la Fiscalía General del Estado duró cerca de hora y media. Entre lágrimas, la fiscal Sarabia reconoció que ha manejado muchos casos importantes y delicados, pero que su vida cambió desde el caso contra Leandro Norero. Contó que ha recibido amenazas contra su vida, contra su integridad y la de su familia. Por ello, usa chaleco antibalas y tiene resguardo policial permanente.

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“Esto me indigna mucho. Yo no puedo salir ni a la esquina, porque sé que mi integridad y mi vida está en riesgo. Las amenazas que he tenido son fuertes”, contó brevemente Sarabia, e indicó que por su seguridad no podría revelar más detalles.

Sarabia recordó que, con el afán de frenar la investigación contra Leandro Norero, su esposa, Lina Romero, sus hermanos Johanna Zambrano e Israel Norero, entre otros, presentaron alrededor de catorce recursos de habeas corpus en Guayas, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas, muchos de ellos panteados al mismo tiempo; a tal punto que en Guayas, dijo la fiscal, la Corte Provincial dispuso que se investigue la presentación de acciones simultáneas, con el mismo objeto y los mismos accionantes.

“La pretensión concreta siempre era obtener la libertad”, recordó la testigo, indicando que los recursos no fueron concedidos, a excepción de uno que fue aceptado parcialmete en Cotopaxi para Johanna Zambrano, el cual estuvo basado en información de salud falsa que hablaba de un cáncer inexistente . Además, Sarabia mencionó que dos acciones de este tipo cayeron en conocimiento de un juez de apellido Jacho y otro de apellido Terán, en la Corte Nacional.

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Por otra parte, Lidia Sarabia mencionó en su testimonio que la fiscal María José Aguirre le reveló que alrededor de doce funcionarios de Inmobiliar “sacaban en maletas” las pertenencias de Leandro Norero y de su conviviente Lina Romero, de la casa en Samborondón.

En esa conversación, Sarabia le habría recordado que había una medida judicial que impedía mover los objetos del inmueble; Aguirre le dijo que la actuación de los funcionarios de Inmobiliar probablemente respondía a la acción de protección del juez de La Concordia que ordenó devolver la casa incautada. Pero Sarabia replicó que la acción de protección no se podía cumplir porque mover el estado de las cosas conllevaría un delito implícito, adicionalmente de que el juez de La Concordia era incompetente en razón del territorio para resolver la acción por su jurisdicción.

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La fiscal Lidia Sarabia indicó que desde el allanamiento al inmueble de Leandro Norero, ubicado en Samborondón, ha denunciado que la causa está contaminada con “corrupción sistemática institucionalizada”, porque, desde su perspectiva, hubo fraude procesal en varias instancias judiciales que buscaban el beneficio del narcotraficante. En este esquema habría estado involucrado el abogado Christian Romero y más juristas.

QUITO (28-03-2024).- En la Corte Nacional de Justicia se tomaron los testimonios anticipados de dos procesados y dos testigos dentro del caso Metástasis. Antes de la audiencia, en los exteriores de la Corte Nacional se desplegó un operativo de seguridad policial y militar. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

A decir de Sarabia, los abogados de los procesados en este caso, denominado Despegar, presentaban pedidos como 470 tarjetas índice o decenas y decenas de versiones, solicitudes que sobrepasaban su capacidad. Esto se hacía, sostuvo, no para aportar con elementos para la defensa de los procesados, sino para cansar a la Fiscalía y hacer que la investigación vaya lentamente.

Ante esta desmedida cantidad de pedidos de los abogados de los acusados, Sarabia pidió apoyo a la fiscal de Guayas Yanina Villagómez, pero ella no le colaboró con personal para diligencias, como la toma de versiones.

La fiscal Lidia Sarabia es parte del Programa de Víctimas y Testigos dirigido por la Fiscalía, por las amenazas que ha recibido contra su vida. Ella actualmente sigue liderando la investigación del caso Despegar, en la que descubrió que Leandro Norero lavaba dinero a través de una empresa financiada por el narcotráfico. También encontró que alias el Patrón constaba en Perú como muerto por COVID, país en el que fue buscado por un delito de tráfico de sustancias estupefacientes.

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Aclaró la fiscal que el juez Vicente Fidel Chávez le negó un pedido de acto urgente contra Leandro Norero y en mayo de 2022 allanó la vivienda del narcotraficante, en Samborondón, donde encontró 42 lingotes de oro, 74 relojes de alta gama valorados en alrededor de $ 2,5 millones, casi 7 millones de dólares en efectivo, una cédula de identidad con la foto de Norero, pero con los nombres del ecuatoriano Esteban Paulino Tirsio, entre otros elementos.

En esa incursión fue detenido Leandro Norero, su conviviente Lina Romero y varias personas más. En el momento del allanamiento fue encontrada en el lugar la exfiscal María Dolores Coloma. Señaló que el caso contra Norero ha sido el más complicado que ha liderado y en el que ha enfrentado recursos legales para trabar y entorpecer la investigación. Como ocurrió con Ángel Lindao, juez de La Concordia (Santo Domingo de los Tsáchilas), quien dispuso a Inmobiliar devolver a Norero la casa que le fue incautada en Samborondón. (I)