Caso Metástasis: tribunal pide mantener resguardo policial, considerando ‘modus operandi’ de una organización que incluyó planeamiento de asesinatos a jueces y fiscales

Pese a que la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Mercedes Caicedo señala que en algunos de los mensajes con amenazas que ha recibido se habla sobre casos en particular, sobre tiempos, de que después de tal fecha “veremos y te buscaremos debajo de un hueco”, ella afirma que no podría determinar o identificar de dónde vienen los amedrentamientos.

Para definir los responsables e identificarlos, Caicedo aseguró haber presentado una denuncia en la Fiscalía y anticipó que ejercerá las acciones necesarias para salvaguardar su vida e integridad y las de quienes son parte de su familia. Dijo que alzaba la voz para decir ‘que seguía en riesgo, que seguía siendo amenazada”, pero que continuará haciendo su trabajo con la misma convicción y esperando que Ecuador, las autoridades y sus instituciones precautelen su seguridad.

La decisión de denunciar ante la Fiscalía fue dada a conocer por Caicedo en su cuenta personal de la red X en un mensaje escrito el miércoles 23 de abril último. Lo hacía, explicó la jueza penal de la CNJ, luego de una profunda reflexión sobre la situación actual de seguridad y de la que se desprendió la decisión de continuar siendo magistrada en la Corte Nacional, de continuar sirviendo a Ecuador desde lo que ella sabe hacer: “administrar justicia en el ámbito penal”.

Mercedes Caicedo, jueza que integró el tribunal que sentenció a los implicados en el caso Metástasis, presentó una denuncia ante la Fiscalía por haber recibido amenazas

Sala de juicio de Metástasis pide que se mantenga protección

Días antes de que se conozca sobre las amenazas recibidas por Mercedes Caicedo, las cuales incluirían la identificación de su domicilio, la existencia de seguimientos, la toma de fotografías y el involucramiento de la familia de la magistrada, el 1 de abril pasado, como ponente del Tribunal de Juzgamiento del caso Metástasis, la jueza Caicedo emitió una providencia en la que se habla de la seguridad y las características del proceso penal, en el que mediante un juicio ordinario se sentenció como culpables del delito de delincuencia organizada a 20 de las 21 personas que llegaron a esta etapa procesal.

En el numeral nueve del ordinal II del auto dictado el martes 1 de abril pasado, y firmado por Caicedo, los conjueces Pablo Loaiza y Marco Aguirre, quien reemplaza temporalmente al juez Marco Rodríguez, se señala: “Considerando la naturaleza de la causa, el modus operandi de la organización (evidenciándose planeamiento de asesinatos a jueces y fiscales, la manipulación judicial y comunicacional) y hasta los fines principales de la organización y, tomando en consideración que muchas de las personas condenadas se encuentran en libertad, este tribunal requiere del Estado asistencia de seguridad y en consecuencia protección para sus miembros, con el fin de precautelar su integridad y vida”.

Los integrantes de la sala de juicio, quienes aún están a cargo del caso Metástasis, pues tramitan las contestaciones a los pedidos de ampliación y aclaración de hechos a la sentencia de primer nivel, dispusieron que se remitan los respectivos oficios al Ministerio del Interior, a la Comandancia General del Estado y a la Dirección Nacional de Seguridad y Protección (Dinpro), para que se continúe con resguardo policial y refuerzo del resguardo proporcionados a los miembros del tribunal, es decir, Caicedo, como ponente, Rodríguez y Loaiza.

Este pedido se realizaría, se aclara en la providencia, con el fin de garantizar el principio de imparcialidad, toda vez, se dice, “se continúa con la tramitación de la presente causa en la etapa de juicio para aquellos que no se había continuado en audiencia y sobre los que se presentaren”.

Los sentenciados en Metástasis

De forma unánime, Caicedo, Rodríguez y Loaiza decidieron que Xavier N. A., alias Novi o Novita, abogado cercano al narcotraficante Leandro Norero, debía ser sentenciado como líder de la “estructura criminal” a diez años de cárcel; mientras que como colaboradores debían ser sentenciados el exjuez de la CNJ y expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) Wilman Terán, alias Diablo; Pablo Ramírez, exdirector del SNAI, entre otras 17 personas que recibieron condenas que van desde los tres años y cuatro meses de cárcel hasta los nueve años y cuatro meses de prisión.

Terán, Ramírez, los exjueces Ronald Xavier G. C., Johann Gustavo M. M. y Carlos Alfredo Z. N.; la exfiscal del Guayas María José A. C.; la perito policial Doris Soraya O. F.; los expolicías Armando Heriberto R. T., Ángel Danilo L. P.; Fernando Andrés G. A. y Edinn Alexander I. C.; y el exfiscal de Santo Domingo de los Tsáchilas Víctor Hugo A. B. fueron ubicados como colaboradores y a su sentencia se sumó la agravante de haber sido servidores públicos al momento de la comisión del delito. Por ello se les impuso una pena de nueve años y cuatro meses de prisión.

A otros cuatro acusados identificados como colaboradores que no fueron servidores públicos se les definió una sentencia de siete años de prisión. Entre ellos están la exguía penitenciaria Katherine Pilar G. A., el abogado Kevin Alexander P. V., el ciudadano Braulio Gabriel M. O. y el empresario Eduardo Alejandro R. P.

Finalmente, a tres personas acusadas como colaboradoras se les tomaron en cuenta atenuantes y recibieron penas reducidas de tres años y cuatro meses de privación de la libertad. En la lista están la excomisionada de Pacificación la colombiana Claudia Milena G. P. y los abogados en libre ejercicio Sofía Nathaly G. M y César Manuel A.

Solo el agente fiscal Jhon Camposano recibió un auto de sobreseimiento. Al no existir el convencimiento de su responsabilidad en la sala de juzgamiento de Metástasis, pues no existían pruebas suficientes de su participación en los actos ilícitos investigados, los jueces decidieron ratificar el estado de inocencia del agente fiscal de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional e Internacional (Fedoti) del Guayas.

Los 20 condenados como líder y colaboradores en Metástasis fueron acusados de integrar una “empresa criminal” que estaba manejada por Leandro Norero, narcotraficante que mantenía el alias de Patrón y fue asesinado en octubre de 2022, y que mantenía como objetivos, infiltrando a la justicia y sobornando a jueces, obtener fallos judiciales, beneficios penitenciarios e información privilegiada sobre casos penales que estaban en curso por lavado de activos, narcotráfico o tráfico de armas.

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El pronunciamiento de la Corte Nacional

Desde el máximo órgano de justicia ordinaria del país, la Corte Nacional y su presidente, José Suing, se emitió un pronunciamiento en el que se solidarizan, respaldan y rechazan las “amenazas y ataques” contra Caicedo, magistrada que integra la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional.

“En mi calidad de presidente de la Corte Nacional de Justicia hago un llamado a respetar las decisiones judiciales y a velar por la tutela judicial efectiva, así como a resguardar la seguridad de juezas, jueces, conjuezas, conjueces, servidoras y servidores judiciales”, señaló Suing mediante un comunicado institucional publicado en la red social X.

El presidente de la CNJ reiteró el compromiso de la institución que dirige de trabajar conjuntamente con otras entidades del Estado para que este tipo de ataques sean investigados y se sancione a los responsables. “Ningún juez o jueza debe recibir amenazas o amedrentamiento por cumplir con la ley y hacer efectiva la justicia que el Ecuador demanda”.

De lo que se conoce, agentes de unidades especiales de la Policía Nacional, como el Grupo de Intervención y Rescate (GIR), el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) o el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA), hacen parte del grupo de seguridad de jueces en la Corte Nacional de Justicia.

Mercedes Caicedo aspira a que se identifique a los responsables de las amenazas, sobre todo, apunta, para tranquilidad de quienes administran justicia en el país. “Si a una jueza nacional amenazan, no quiero saber cómo están amenazando a otros magistrados”, concluyó. (I)