A solo horas de haber recibido la orden de prisión preventiva por el delito de tráfico de influencias Francisco Sebastián B. A., hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) decidió trasladar al procesado desde Quito hasta la provincia del Guayas, a la denominada cárcel La Roca.
El traslado del abogado de profesión se concretó pasadas las 13:00 de este viernes 22 de marzo. A 01:20 de este mismo viernes la jueza María Fernanda Castro, de la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, decidió acoger los 19 elementos de convicción presentados por el fiscal Carlos Leonardo Alarcón, de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, y no solo dar inicio a los 90 días de instrucción fiscal, sino también disponer la medida cautelar de prisión preventiva contra el sospechoso.
La jueza dejó en manos del SNAI al Centro de Privación de la Libertad (CPL) al que sea llevado Francisco Sebastián B. A., quien ha sido denunciado por aparentemente contactar a Romel P., junto a un supuesto asesor de la Vicepresidencia de la República para ofrecerle un cargo de coordinador de comunicación en esa institución. La propuesta incluía que del sueldo de $ 3.200 que iba a recibir debía entregarles a ellos $ 2.000.
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#ATENCIÓN | #CasoNene: #FiscalíaEc formuló cargos contra Francisco Sebastián B. A. por #ofertadetráficodeinfluencias. Fue detenido en #Cuenca, como parte de un operativo ejecutado en #Pichincha y #Azuay.
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 22, 2024
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Según el relato de la víctima, que sería parte del expediente, él habría ingresado a trabajar como funcionario público en la Vicepresidencia de la República, en diciembre de 2023. La noche del 8 de diciembre de 2023, el perjudicado se habría reunido con Francisco Sebastián B. A. y otra persona, en un hotel de Quito. Ambas personas presuntamente le ofrecieron un puesto de trabajo de coordinador general dentro del servicio público, con un sueldo de 3.200 dólares. “No obstante, la víctima debía entregar aproximadamente 2.000 dólares a Francisco Sebastián B. A.”, refirió la Fiscalía.
Tras una negociación habrían quedado en que el hoy denunciante debía entregar a sus “contratantes” solo $ 1.500 y él podía quedarse con $ 1.700. Para asegurarse el pago mensual, quienes le ofrecieron el trabajo le hicieron firmar una letra por $ 30.600 a Romel P., quien tuvo problemas para cubrir lo pactado para los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024. La letra sería utilizada como respaldo del monto total que debía ser cancelado en el periodo de un año.
Al quedarse el denunciante con poco dinero de su mensual pidió que se le acumulen las dos primeras letras para que las pague en febrero del 2024, pero eso no pudo ser porque antes le llegó a Romel P. la notificación de su desvinculación de la Vicepresidencia de la República. Con ese hecho, el en ese momento exfuncionario público exigió que se le entregue la letra de cambio, pero Francisco Sebastián B. A. no lo hizo, pues dijo que debía ser quemado ese documento.
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Romel P. habría hecho su denuncia mediante el buzón de transparencia de la Fiscalía y a partir de ello se arrancó una investigación previa en la que un juez ordenó se le realicen seguimientos al hijo de la vicepresidenta Abad. Entre los elementos de convicción que aseguró tener el fiscal de la causa estaría una fotografía de la letra de cambio que está a medio quemar e incluso audios, videos y transcripciones que corroborarían la denuncia hecha.
La oferta de realizar tráfico de influencias está tipificada en el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
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Horas antes del traslado, Oswaldo Trujillo, abogado de Francisco Sebastián B. A., presentó la apelación respectiva a la orden de prisión preventiva dispuesta contra su cliente. Según él, la Fiscalía no justificó que exista un riesgo procesal y cree que hay otras medidas menos gravosas que pueden ser aplicadas contra el investigado. Los principios de proporcionalidad y necesidad son los que a decir del abogado deben ser revisados por jueces superiores que atienden la apelación para ordenar una medida alternativa a la prisión preventiva.
Constantes viajes al extranjero en el último año y tener a su madre trabajando en Israel, pues desde el 10 de diciembre de 2023 cumple funciones de embajadora de Ecuador en Tel Aviv, son elementos que para el fiscal del caso hacen presumir un posible riesgo de fuga.
Por temas de seguridad no se informó mediante qué vía es trasladado el procesado hasta Guayaquil. En este caso denominado Nene, la instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días. (I)