Mediante un habeas corpus correctivo basado en una supuesta violación al derecho a la salud el exasambleísta socialcristiano procesado en el caso Purga, Pablo Muentes, pretende que un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) cambie la medida caultelar de prisión preventiva por arresto domiciliario, uso de grillete o de ser posible un cambio de Centro de Privación de la Liberad (CPL). Actualmente el exlegislador se encuentra en la cárcel de máxima seguridad denominada La Roca, en Guayaquil.

Esta garantía constitucional fue conocida por jueces de la Sala Contencioso Administrativa, Milton Velásquez (ponente), Cristina Terán e Iván Larco, quienes por casi seis horas escucharon al abogado de Muentes, Diego Chimbo, y a las defensas de las instituciones accionadas: el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), del CPL Guayas número 3 o La Roca, del Ministerio de Salud Pública (MSP) y de la Procuraduría General del Estado.

El juez penal de la Corte Nacional, Javier de la Cadena, también fue llamado a comparecer en esta diligencia. El magistrado envió uniforme en el que básicamente explicó las razones que  le llevaron a tomar la decisión de darle a Muentes una orden de prisión preventiva en el caso Purga, proceso penal en el que se investiga el delito de delincuencia organizada.

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Desde el lado del accionante se aseguró que el estado de salud de Pablo Muentes es complicado, pues no solo no habria tenido atención especializada para sus problemas derivados de una cirugía bariátrica, de hipertensión arterial, hernia discal y un síndrome de ansiedad y depresión, sino que no recibe la dieta alimenticia adecuada para su condición. Chimbo aseguró que en estos cuatro meses Muentes ha bajado de forma violenta más de 55 libras de peso y eso le estaría generando estragos en su salud.

De su parte, los abogados de las cuatro instituciones accionadas negaron la falta de atención médica alegada por Muentes e indicaron informes y conclusiones de las atenciones que ha recibido en este tiempo al interior de La Roca y fuera del CPL. Aclararon incluso que habría sido el propio Muentes el que se negó a salir del CPL para ser tratado médicamente por un psicólogo y un médico general y quien se estaría negando a recibir medicamentos genéricos de parte de los médicos de La Roca.

Como prueba testimonial la defensa del exasambleísta trajo al médico que lo habria operado hace quince años y dos informes sobre las atenciones médicas recibidas y el estado de salud que mantendría en La Roca Muentes. La contraparte solo presentó un informe sobre la atención médica y el estado de salud del investigado por ser el líder de una “organización criminal” que permeó al sistema de justicia en la provincia del Guayas para alcanzar propósitos ilegales.

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Desde la defensa de la Procuraduría General se critica que se use una garantía constitucional como el habeas corpus para buscar reformar una medida cautelar como la prisión preventiva, la cual fue ordenada legalmente dentro de un proceso penal.

Ante el pedido hecho por el abogado Chimbo para que participe en la audiencia Pablo Muentes, quien fue parte de la diligencia vía telemática, el juez ponente dio paso para que el procesado se refiriera al caso por cinco minutos.

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Muentos dijo que los abogados del SNAI y del MSP mintieron o están mal informados, pues únicamente fueron a la audiencia para repetir algo que les han dado. Negó que en La Roca existan médicos permanentemente y que a él se le haya hecho una evaluación para saber su condición real. Dijo que no son 55 las libras perdidas, sino 65, y aclaró que no ha querido tomar la medicina del CPL  porque ya no le hace efecto ante el cuadro grave que mantiene y hasta los médicos estarían preocupados por ello.

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“Mírenme como estoy. Ya no tengo músculo, estoy totalmente descompuesto. Siento que me estoy muriendo día a día, créanme me estoy apagando. He bajado unas 55 libras, dice el doctor Chimbo, pero he bajado 65 libras y esto no es que yo me la invento”, explicaba Muentes al Tribunal, mientras el procesado mostraba partes de su cuerpo.

El juez Velásquez suspendió la audiencia, cerca de las 15:00 de este miércoles 31 de julio, asegurando que el Tribunal necesitaba tiempo para deliberar la decisión que adoptarían. Sin dar un tiempo aproximado, el ponente pidió a los sujetos procesales que esperen en la sala virtual el llamado para reinstalar la diligencia. (I)