El costo de la corrupción en el sistema de justicia, en boca de un exjuez de Manabí que manipuló medidas cautelares y acciones de protección

El exjuez penal del cantón Chone (Manabí) Joffre R. R., dentro de su testimonio anticipado en el caso Plaga, no solo contó cómo funcionaba la red de corrupción que usó el sistema de justicia, apalancándose en supuestos padrinazgos políticos y con la venia de funcionarios del Consejo de la Judicatura (CJ), sino que también dejó claras las tarifas que se cobraban por acciones de protección, por eliminar o archivar sumarios administrativos o por sacar nombres de investigaciones penales.

Joffre R. R. recordó que, por haber dado paso de forma irregular a una medida cautelar autónoma por una supuesta violación del derecho a la salud de dos procesados en Chone, el abogado y también procesado en Plaga Lenín Vimos le depositó por dos ocasiones $ 5.000 en dos cuentas distintas del sistema bancario nacional. Lo decidido le trajo problemas administrativos al juez de Chone y él intentó alejarse de Vimos, pero él lo contactó por otros medios y le dijo que debían seguir en contacto porque había más medidas cautelares que otros privados de la libertad le estaban solicitando.

Entre $ 40.000 y $ 60.000 por archivar un sumario disciplinario

Los problemas administrativos que le generó en el CJ la emisión de las primeras dos medias cautelares le abrieron al entonces juez de Chone que conozca los costos por archivar un sumario administrativo en Manabí. El juez de Garantías Penitenciarias de Bahía de Caráquez Marcos Iván M., quien lo puso en contacto a Joffre R.R. con el abogado Vimos, le dijo a su compañero de Chone que buscara al también juez de Montecristi Fernando P. para que lo ayudara con el sumario abierto.

Al hablar en Manta con el entonces juez de Montecristi, él le manifestó a Joffre R. R. que “tenía todos los contactos” para ayudarlo, pero que esa ayuda no sería gratuita, sino que tendría un costo de $ 40.000, divididos en dos partes.

El juez Joffre R. R. tenía tanto miedo de que lo sancionaran que buscó con gente conocida y mediante un préstamo en una cooperativa de Chone completar los $ 20.000 iniciales. Al entregar ese dinero, el juez Fernando P. le dio la certeza de que el sumario se archivaría porque “contaba con el respaldo” de Wilman Terán, entonces presidente del CJ y hoy procesado por actos de corrupción en los casos Metástasis e Independencia Judicial, y del director provincial del CJ en Manabí, Marvelo V., a quien dijo el juez de Chone se lo conocía por extorsionar a los funcionarios de la Judicatura en esa provincia.

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En medio de las negociaciones para archivar su sumario administrativo, el juez Joffre R. R. contó que el juez de Montecristi le planteó trabajar en una acción de protección en contra de extrabajadores del Municipio de Calceta. El trabajo se había fijado en $ 10.000. También recordó que trabajó en una medida cautelar a favor de un señor en un cantón de la Amazonía y que esa causa, según el juez Fernando P., era para un pariente de la entonces vocal Maribel Barreno. Si pasaba algo, Barreno se encargaría de ayudarlo, le habría asegurado FernandoP.

El testigo de Fiscalía al hablar con el abogado Jonathan A., procesado en el caso Plaga que le ofreció al juez Joffre R. R. ayudarlo en el proceso administrativo que mantenía vigente, este le habría recomendado al juez de Chone que siguiera trabajando con Lenín Vimos en el tema de las medidas cautelares y las acciones de protección, pues ahí se manejaban grandes cantidades de dinero, como $ 30.000 o $ 40.000.

Los rangos informados por el abogado Jonathan A. eran los correctos, pues por unas medidas cautelares a favor de un ciudadano estadounidense de alta peligrosidad (Jhon R. S.) recibió la suma de $ 30.000.

El secretario judicial también tenía sus tarifas

El juez de Chone aclaró que no todas las irregularidades se cometían a través de él, sino que el secretario de su despacho también trabajaba para Vimos, quien pagaba, por ejemplo, $ 1.000 por ingreso de cada medida cautelar al despacho.

“Ahí me enteré de que muchas personas privadas de la libertad, después de que se les concedía la libertad y se les daba una medida alternativa, como presentación en la Unidad Penal de Chone, ni siquiera se acercaban a firmar. En cambio, era mi secretario el encargado de hacer ciertas firmas de estas personas privadas de la libertad y cobraba $ 500 por cada firma”, refirió el juez de Chone.

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Debido a que el juez de Chone resolvió revocar algunas de las medidas por él mismo concedidas a personas de alta peligrosidad, Joffre R. R. habría sido amenazado, situación que quedó sentada en dos denuncias que colocó en la Fiscalía de Chone en septiembre de 2023 y febrero de 2024.

Pese a que ya había pagado $ 20.000 para que se le resolviera el tema del sumario abierto, el juez Fernando P. citó en Quito al juez de Chone para que hablara con dos supuestos abogados funcionarios del CJ que tenían en sus manos su sumario. Ellos ya no pedían $ 40.000 para resolver el tema, sino $ 60.000.

En ese punto las cosas se le complicaron aún más al juez Joffre R. R. El entregarle medidas cautelares al estadounidense le valió una denuncia penal de parte de la Comandancia de la Policía Nacional. Para no “dar curso a denuncia”, el juez Fernando P. le indicó a su colega que debía entregar la cantidad de $ 5.000 a Marcelo V., director provincial CJ en Manabí, famoso por extorsionar a funcionarios judiciales.

$ 150.000 para detener una investigación penal

Finalmente, en el testimonio anticipado del hoy exjuez de Chone, él agregó que el juez Marcos Iván M. lo llamó para informarle que el abogado Lenín Vimos había sido aprehendido en un proceso por lavado de activos y que los agentes de la Policía Nacional lo estaban investigando. El juez de Bahía de Caráquez inmediatamente le ofreció unos contactos que tenía para detener la investigación en contra de su colega de Chone, pero que debía pagar cerca de $ 150.000 para que se concretara la ayuda.

Marcos Iván M. en una conversación posterior le habría indicado a Joffre R. R. que él ya no formaba parte de esa investigación porque había pagado parte del dinero y le sugirió al juez de Chone hacer lo mismo para evitar problemas judiciales debido a su implicación en las medidas cautelares que tramitó. A partir de este relato, al testigo le causaba sorpresa que Marcos Iván M. no fuera parte del proceso penal de Plaga, pese a que él también había tomado decisiones similares en medidas cautelares que beneficiaron a privados de la libertad. (I)