Caso Purga: información encontrada en el equipo celular de Mayra Salazar es una de las claves para las vinculaciones

La materialización de la información contenida en el teléfono celular iPhone 15 pro max de color azulado, perteneciente a la hoy excomunicadora institucional de la Corte de Justicia del Guayas Maryra Salazar Merchán, termina siendo dentro del caso Purga el origen de una buena parte de los más de 140 elementos de convicción que presentó, el martes 4 de junio pasado, el fiscal general subrogante Wilson Toainga contra las trece personas vinculadas a la causa en la que se investiga una delincuencia organizada.

Toainga arrancó su exposición ante el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Javier de la Cadena, diciendo que desde hace muchos años la criminalidad vinculada con la política y el narcotráfico han permitido que en distintos lugares del país persistan entornos favorables a economías criminales que han encontrado en la corrupción judicial un vínculo de operación muy delgado.

Particularmente, indicó el fiscal subrogante, en los años 2022 y 2023 en la provincia del Guayas se dieron situaciones “dramáticas, escandalosas y absurdas” respecto a decisiones judiciales que desnaturalizaron el derecho y mantuvieron en asombro a toda la sociedad ecuatoriana.

En su testimonio anticipado, Mayra Salazar explicó roles de algunos de los que serán vinculados al caso Purga esta tarde

A lo que se refirió Toainga era a la conformación de un “grupo delictual” para influir en el sistema de justicia de la provincia del Guayas en decisiones jurisdiccionales y administrativas para obtener beneficios económicos y materiales. Incluso, dijo el fiscal subrogante, en esta misma causa se investigarían posibles beneficios de la estructura a miembros del narcotráfico y el crimen organizado.

Para la Fiscalía, esta estructura organizada habría tenido en la dirección al exlegislador del Partido Social Cristiano (PSC) Pablo Muentes y en la parte de planificación a la expresidenta de la Corte del Guayas Fabiola Gallardo, y al juez penal del Guayas Johann M. En ese contexto, los trece vinculados el martes último tendrían una participación activa destinada a colaborar desde varias esferas con la finalidad de obtener beneficios para la cúspide de la organización criminal.

La única señalada en esta vinculación como autora directa fue Mercedes V., exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura (CJ) en Guayas; mientras que como colaboradores ubicó Toainga al expresidente de la Corte del Guayas Hugo G. A., Tatiana V. M., Rubén D. V., José P. A., Andrés Ch. P., el coronel Xavier R. J., coronel Freddy J. C., Andrea P. M., Susana B., Jackeline D. P., Mirian R. I., Silvia O. V.

En la lectura de los elementos de convicción particulares para formular cargos contra los trece vinculados, en la mayoría de los casos Toainga recordó el contenido de conversaciones entre Mayra Salazar y los hoy procesados Mercedes V., Rubén D. V., Hugo G. A., Andrés Ch. P., entre otros, encontrados y periciados en el equipo celular de la comunicadora institucional de 35 años.

Las temáticas de las conversaciones hechas a través de plataformas de mensajería instantánea como Signal, Zangui, Threema o WhatsApp son diversas, pues Salazar tenía vía directa en la Corte del Guayas al ser la mano derecha de la entonces presidenta Gallardo y cercana al exlegislador Muentes, quien, dijo la propia Salazar, le habría pagado un buen tiempo su sueldo.

Pero la Fiscalía no solo presentó el contenido de las conversaciones de Mayra Salazar como elementos de convicción. La institución robusteció su teoría con informes policiales, pericias técnicas de informática forense, documentos con los cargos que ocupaban los ahora procesados, documentos de los casos judiciales que se investigan que incluyen sentencias, sorteos, documentación administrativa del Consejo de la Judicatura, entre otros.

Las conversaciones ubicadas en la pericia entre Salazar y una buena parte de los procesados iban desde el intercambio de información para la elaboración externa de sentencias, el cambio administrativo de jueces que podrían afectar los resultados de los procesos de interés, reuniones para tratar sobre fallos a tomarse en casos importantes para la organización, hasta cómo debían darse las dádivas a entregarse por los sentencias acordadas, entre otras.

Tatiana V., exasesora legislativa de Pablo Muentes, criticó a la Fiscalía por únicamente tener como elementos de convicción los dichos de Mayra Salazar, quien en su testimonio anticipado, el cual se escuchó en la CNJ el lunes 3 de junio pasado, dijo que Tatiana V. fue quien sin ser jueza redactó una sentencia que favoreció a Muentes en un caso contra el Banco del Pacífico.

“Estoy siendo vinculada y perseguida a causa de una narrativa creada, que, como usted escuchó señor juez, en los elementos de convicción de Fiscalía, no existe un solo elemento de convicción adicional en 90 días de investigación previa. No hay ningún otro elemento de corroboración de dicha narrativa de Mayra Salazar, que es absolutamente falsa. Los dichos de Mayra Salazar por sí solos, sin otros elementos de corroboración, no alcanzan un nivel de elemento de convicción. (...) El testimonio acomodado de Mayra Salazar”, sostuvo la exasesora legislativa.

Caso Purga: aquí los hechos en los que participaron los trece vinculados, según la acusación de Fiscalía

El ayudante judicial en la provincia del Guayas Rubén D. V. aseguró que desde su posición no tiene autoridad alguna para tomar decisiones y lo que ha hecho es solo cumplir con su trabajo. Cree que no ha cometido ningún delito y aclara que no ha sido mencionado por Mayra Salazar en su testimonio anticipado, aunque reconoce que el único elemento que la Fiscalía le atribuye es un chat o nota de voz en el que la comunicadora le solicita un escrito constante dentro de un proceso, documento que es público. “Nunca imaginé siquiera ser el único ayudante judicial vinculado por cumplir con mi trabajo”.

Pese a que la información encontrada en el teléfono celular de Salazar se está debatiendo en el caso Purga, la pericia al equipo de la comunicadora se la hizo dentro de la instrucción fiscal que ya cerró del caso Metástasis, proceso penal en el que se investiga a 52 personas por el delito de delincuencia organizada. Mayra Salazar solo es procesada en Metástasis, mientras que en Purga ha dado solo su testimonio anticipado como testigo que forma parte del Programa de Víctimas y Testigos de la Fiscalía.

Con las vinculaciones, el caso Purga se extiende por 30 días más en su etapa de instrucción fiscal. El próximo 5 de julio deberían cerrarse los 120 días en total que puede durar como máximo la fase de instrucción fiscal en esta causa por delincuencia organizada. (I)