El miércoles 22 de marzo próximo conocerán el expresidente Lenín Moreno, Rocío González, su esposa, y otras ocho personas procesadas por el delito de cohecho si el conjuez Bayardo Espinosa, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), da paso o no a los pedidos de revisión, sustitución o revocatoria de las medidas cautelares que presentaron dentro del caso Sinohydro.

Más de dos horas y media duró la audiencia que fue convocada para este lunes 20 de marzo, inicialmente para atender siete pedidos de cambio a las medidas cautelares dispuestas el 5 de marzo pasado por el conjuez Luis Adrián Rojas, pero que a la final se le sumaron otros tres para ser escuchadas y resueltas.

Quienes pidieron una reforma a la presentación periódica determinada cada ocho y quince días, es decir que se dieran en otros lugares, fueron las defensas del exmandatario Lenín Moreno y su esposa, de Irina Moreno González y Guillermo Moreno, hija y hermano del expresidente, del abogado Eduardo Carmigniani, del empresario Xavier Macías Carmigniani, María Auxiliadora Patiño y el exfuncionario público Henry Galarza.

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Los abogados de los procesados Conto Patiño y Juan Manuel Durini solicitaron otro tipo de reformas a las medidas cautelares. De parte de la defensa de Patiño se pidió el retiro del grillete electrónico y un cambio en la periodicidad de la presentación por temas eminentemente de salud; mientras que Durini solicitó una reforma a la medida cautelar de tipo real ordenada sobre bienes y cuentas.

David Meza, abogado de Lenín Moreno y Rocío González, insistió en que se cambie de lugar para la presentación periódica. En lugar de darse en Quito, en la secretaría de la Sala Penal de la CNJ, la disposición sea cumplida en la Embajada de Paraguay, en Asunción, lugar en el que se encuentran Moreno y González desde enero de 2022, por temas laborales del expresidente en la OEA.

Justamente este 20 de marzo, hasta las 17:00, Moreno y su esposa deben cumplir su primera presentación periódica definida cada quince días, pero su abogado explicó que sus clientes no han viajado desde Paraguay.

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De concretarse el incumplimiento de la presentación, la Fiscalía podría solicitar una audiencia para que se analice esa no presentación y así solicitar orden de prisión preventiva, lo que podría generar también un pedido a Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) para que se ubique y detenga a los procesados. El viernes último, Lenín Moreno y su esposa recibieron una negativa al habeas corpus preventivo que interpusieron ante la Corte Nacional.

“Vamos a esperar la resolución de la revisión. En función de aquello tomaremos la decisión que corresponda”, anotó Meza, al tiempo de insistir en que médicamente es imposible que Lenín Moreno y su esposa puedan llegar a Ecuador a cumplir su primer llamado de presentación periódica.

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Irina Moreno planteó que su presentación periódica cada quince días no se dé en Quito sino en el Consulado de Ecuador en Miami, Estados Unidos. Xavier Macías Carmigniani y María Auxiliadora Patiño pidieron que se les defina su presentación periódica cada quince días en la delegación consular ecuatoriana en Panamá, país en el que viven.

Las defensas de Guillermo Moreno, Eduardo Carmigniani, Henry Galarza pidieron que se les cambie a su representados la presentación periódica en la Corte Nacional por una presentación cada ocho días en la Corte Provincial de Justicia de las zonas en que viven, es decir, Napo para Moreno, Guayas para Carmigniani y El Oro para Galarza.

Meza señaló que el cambio solicitado busca que se tenga en cuenta la doble vulnerabilidad que mantiene el expresidente Moreno y los riesgos en su salud en una persona con el 81 % de discapacidad de insistir en una medida “inhumana” como la presentación periódica cada quince días. El defensor aseguró que la decisión del conjuez Rojas no tuvo la motivación debida.

La defensa de Carmigniani, en cambio, criticó la desproporcionalidad que significa el haberle ordenado, además de presentación periódica, la prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico a un abogado que asegura ha asistido a todos los llamados hechos por la Fiscalía en la etapa de investigación previa y ha colaborado con todo lo que se le ha solicitado.

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La fiscal general, Diana Salazar, se opuso a nueve de los diez pedidos. Únicamente estuvo de acuerdo con que se modifique la medida cautelar de tipo real (prohibición de enajenar bienes y retención de cuentas en el sistema financiero) como lo solicitó la defensa de Juan Manuel Durini.

Salazar reiteró que el cambio de lugar solicitado por los procesados ya fue planteado, analizado y debatido en la audiencia de formulación de cargos. Indicó que a diferencia de la teoría señalada por las distintas defensas, los consulados o embajadas no tienen las atribuciones para cumplir con una orden de carácter jurisdiccional.

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Además señaló que ninguna de las defensas, a excepción de la de Durini, presentó elementos nuevos o situaciones distintas de los procesados que ameriten que las medidas cautelares definidas deben ser sustituidas, revisadas o modificadas. Ante todo lo expuesto solicitó al conjuez Espinosa que rechace las nueve pretensiones expuestas y modifique la relacionada con Durini.

La representante de la Procuraduría General del Estado, institución que se presenta como acusadora particular, se adhirió al pedido que hizo la fiscal Salazar respecto a que se rechacen nueve de las diez solicitudes hechas

En este caso son procesadas 37 personas, a quienes la Fiscalía acusa del delito de cohecho al ser parte de una red de corrupción que permitió, mediante sus acciones, que la empresa china Sinohydro se quede con el contrato de construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. A modo de coima Sinohydro habría entregado más de $ 76 millones que, según la teoría definida por Salazar, fue repartida entre los sospechosos a través de transferencias y el cobro de cheques.

Para analizar toda la información entregada, el conjuez Espinosa, quien reemplaza a Rojas en el caso, decidió suspender la audiencia y convocar para las 09:00 del miércoles próximo a los sujetos procesales. En ese momento lo que únicamente hará el magistrado es dar lectura a la decisión a la que llegó. (I)