Este sábado, 21 de junio, será el cuarto día en el que Leonardo Alarcón, fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, continuará fundamentando en la audiencia preparatoria de juicio en el caso Triple A el dictamen acusatorio contra dieciséis personas naturales y seis personas jurídicas (empresas) que son procesadas por la comercialización ilegal de hidrocarburos.

El viernes último, tras una semana de estar suspendida la audiencia preparatoria de juicio, el juez anticorrupción Renán Andrade reinstaló la diligencia en la que se están escuchando los elementos de convicción que mantiene la Fiscalía para acusar en calidad de autores del delito investigado a diez personas naturales y seis empresas, mientras que otras seis personas fueron acusadas como coautores.

Desde el 16 de diciembre del 2024, en que arrancó la instrucción fiscal en el caso Triple A, la Fiscalía investiga el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo, el cual está tipificado en el artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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Según esta norma, la persona que sin la debida autorización almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya productos hidrocarburíferos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, o estando autorizada lo desvíe a un segmento distinto, en las cantidades señaladas en las escalas previstas en la normativa expedida por la autoridad competente, será sancionada con penas privativas de la libertad que van desde los dos meses hasta los cinco años, dependiendo de si se cataloga como mínima, mediana, alta o gran escala.

En el caso Triple A, el fiscal Alarcón sostiene que existe una relación de las seis empresas investigadas con distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron, aparentemente de forma irregular, grandes cantidades de combustible, sobre todo de diésel.

QUITO (13-06-2025).- Audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Triple A, en el Complejo Judicial Norte, en Quito. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.

A decir de la Fiscalía, varias estaciones que adquirieron el combustible se encuentran en zonas fronterizas mineras, por lo que se presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos a los cuales no está destinado ese beneficio, lo que habría provocado un perjuicio al Estado ecuatoriano. Las empresas comercializadoras de combustibles bajo la lupa de la Fiscalía se habrían ubicado en los sectores automotores, industriales y navieros.

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Los dos primeros días de la audiencia preparatoria de juicio, el fiscal se centró en dar a conocer al juez anticorrupción la calidad en la que buscaba sean llamados a juicio los veintidós procesados, la relación de los hechos que se investigaron durante cuatro meses de instrucción fiscal, e inició la exposición de los elementos de convicción generales e individuales que mantiene contra los procesados, como Fernando V. H., Ricardo C. A, Carolina T. C., Jessenia V. O., Lady C. T., Aquiles Alvarez, actual alcalde de Guayaquil, y Raúl Z. O., quien actualmente se encuentra en Estados Unidos.

La defensa del empresario Raúl Z. O., Diego Chimbo, señala que la acusación que les hace la Fiscalía habla de dos puntos específicos: de que se habría facturado más de lo que se compró y que vendieron a una empresa más diésel de uso industrial de lo que estaba autorizado.

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Chimbo señala que su defendido es el dueño de una gasolinera y lo que únicamente hizo fue firmar un contrato y luego viajó a Estados Unidos, pues en ese país vive y allí no vendió ni negoció nada. Rechaza la acusación explicando que es correcto que la gasolinera de su cliente, por ejemplo, solo podía vender 4.000 galones a una determinada empresa por uso industrial, y así se lo hizo, pero que 16.000 galones restantes fueron vendidos a 80 vehículos tipo volqueta de esa misma empresa para movilización, que es una cosa distinta.

QUITO (13-06-2025).- Audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Triple A., donde se investiga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el Complejo Judicial Norte, en Quito. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.

Este viernes, 20 de junio, la Fiscalía continuó con la presentación de elementos de convicción para fundamentar la acusación contra Juan A. S., Fausto V. S., Édgar F. T., Édgar C. A., Carlos A. T., entre otros. Para este sábado se espera que se continúe con el dictamen acusatorio contra otros procesados, como con Gloria S. S., Rosa O. G., María C. E. y Olga O. L., así como las empresas Fuelcorp S. A., Codepesa S. A., Corpalubri S. A., Ternape Petroleum S. A., Indudiesel S. A. y Harsajudi S. A.

Defensas consultadas creen que este sábado la Fiscalía concluirá con la fundamentación de su dictamen acusatorio, en el que se incluiría el anuncio de la prueba pericial, testimonial y documental que usará el fiscal Alarcón en el caso de que la decisión del juez Renán Andrade sea llamar a juicio a los involucrados.

Diego Chimbo espera que este domingo o el día que se decida continuar con la audiencia ellos ya puedan intervenir para dar a conocer su teoría del caso y su pedido de que sea sobreseído su cliente. En este cuarto día de audiencia, muy pocas defensas de los procesados han acudido de forma presencial a la sala 208 del Complejo Judicial Norte, en Quito, y más bien han optado por la vía telemática para ser parte de la diligencia. (I)

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