La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron la violencia desatada en Ecuador a causa del crimen organizado, que se ha recrudecido en las últimas semanas en las cárceles y calles del país.

En un comunicado el 17 de enero expresaron su solidaridad con los ecuatorianos e instaron al Estado a “investigar, juzgar y sancionar todos los hechos con diligencia”.

Reconocieron “la zozobra generalizada” que existe en la población y reiteraron su disposición a cooperar con el Estado “para la implementación de estándares interamericanos en las medidas que se adopten para garantizar la seguridad ciudadana, el Estado de derecho y la protección de periodistas”.

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Los organismos internacionales destacaron la importancia que otros países de la región han dado a la crisis de seguridad que afronta Ecuador. Y exhortan a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a seguir dando especial atención a la situación de violencia provocada por el crimen organizado internacional, sus impactos en la democracia, el Estado de derecho y los grupos en situaciones históricas de vulnerabilidad.

La CIDH y la RELE describieron el escenario de inseguridad en Ecuador y los eventos que han marcado el “aumento significativo de la tasa de homicidios”, amotinamientos en las cárceles, fuga de delincuentes, 139 funcionarios tomados como rehenes, 8 asesinatos, atentados, así como la incursión de un grupo de delincuentes armados al canal TC Televisión.

Previamente la situación ha sido calificada como un “ataque contra la democracia y el Estado de derecho”.

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“En los últimos años el crimen organizado viene agudizando la violencia que atenta contra la seguridad, estabilidad y gobernabilidad democrática de los Estados, obstaculiza su desarrollo e impide la vigencia de los derechos humanos de las personas sujetas a su jurisdicción”, se destaca en el comunicado y se indica que la violencia también afecta a periodistas e instalaciones de medios de comunicación.

La CIDH y la RELE señalaron que seguirán su monitoreo sobre la situación de derechos humanos durante la vigencia de los decretos firmados por el presidente Daniel Noboa, en los que se declaró estado de excepción y conflicto armado interno, bajo el marco del derecho internacional humanitario (DIH) y el respeto a los derechos humanos. (I)

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