El Colegio de Abogados de Pichincha se suma a las demandas de inconstitucionalidad al Decreto Ejecutivo 707, que autoriza el porte de armas de uso civil para defensa personal a aquellas personas naturales que cumplan con los requisitos, y además pide que la Corte Constitucional (CC) emita una medida cautelar de suspensión provisional del decreto y el Acuerdo Ministerial 145 que autoriza el otorgamiento de permisos.