La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Valentina Centeno (Acción Democrática Nacional - ADN), aprobó este martes, 27 de mayo, el informe para primer debate de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, cuyo objetivo es desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno.
“Con esta ley estamos afirmando que el Estado no se arrodilla, que nuestras fuerzas del orden ya no van a estar solas, que nosotros, como legisladores, estamos respresentado bien a este país”, indicó el asambleísta Lenin Lara Pérez (ADN) antes de emitir su voto a favor del informe.
“Me siento muy orgullosa de este primer informe porque se respeta el espíritu de la ley que es unir a la sociedad civil, al Estado y a la empresa privada para poder combatir a los grupos de delinciencia organizada transnacional, sobre todo con una mirada de protección a nuestras fuerzas del orden que tanto lo necesitan”, dijo Valentina Centeno, quien también votó a favor.
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También votaron a favor: Alex Morán Galarza (ADN), Mishel Mancheno Davila (ADN), Steven Ordóñez Bravo (ADN), Diego Franco Hanze (ADN), Jesús Arias Montalvo (Revolución Ciudadana - RC) y Sergio Peña Veloz (RC).
El asambleísta Diego Salas Barriga (RC) destacó que el texto del proyecto tuvo ajustes, pero consideró que persisten algunos elementos que se deben seguir analizando.
“El enfoque sigue siendo prodominantemente punitivo, no se ha profundizado aún la desarticulación real de la economía criminal... Tampoco se han corregido, en su totalidad, los riesgos que concentran el poder, ni las ambigüedades que podrían abrir las puertas al abuso ni a la persecución política. Eso, en lo personal, no podemos ignorarlo”, comentó Salas, quien se abstuvo, al igual que su compañera Fernanda Méndez Rojas (RC).
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La también conocida como ‘Ley de Economías Criminales’ plantea establecer medidas financieras, tributarias y de seguridad para la desarticulación de las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno, así como proteger a la ciudadanía, la sostenibilidad del sistema económico y financiero del Ecuador y la reactivación económica en zonas afectadas.
Entre otros puntos, se trataría de crear un régimen especial que contemple medidas de carácter financiero y de seguridad para desarticular las economías criminales asociadas al conflicto armado interno. (I)
