A pocas horas que el presidente Guillermo Lasso ejecutó la muerte cruzada, a través del Decreto Ejecutivo 741, el Consejo de Gobierno de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), lideradas por Leonidas Iza, se pronunció sobre la situación política del país. Organizaciones de trabajadores también expusieron sus reparos.

“Enfrentamos un momento difícil para el país”, expresó Iza. Dijo que el modelo de gobierno y la derecha neoliberal han fracasado, y han llevado al Ecuador a la peor crisis. “Lasso nos ha llevado al caos, inseguridad, desempleo y desesperanza”, agregó.

El líder de la Conaie señaló que la muerte cruzada fue una salida para esquivar el juicio político, proceso en el cual se habrían comprado votos. Indicó que el presidente no ha motivado ni fundamentado la existencia de la causal de conmoción social y crisis política.

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Dijo que Lasso carece del respaldo de la población y únicamente cuenta con la fuerza pública. “Exigimos a las FF. AA. y Policía Nacional el respeto a la Constitución y los derechos humanos”.

Anotó que el propósito de la muerte cruzada también es “reformar varias leyes lesivas”. Por lo que convocó a instalar asambleas permanentes para vigilar las intenciones de Lasso de aprobar por decreto reformas económicas, privatizaciones de sectores estratégicos, reforma laboral, entre otras.

“Medidas inconstitucionales e ilegítimas que afectarán al pueblo ecuatoriano y que tendrán como respuesta nuestro rechazo popular desde las calles”, advirtió el presidente de la Conaie.

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Iza expuso las seis resoluciones del Consejo de Gobierno de la Conaie:

  1. Desde hoy, en reunión del Consejo de Gobierno, se convoca a asambleas territoriales permanentes. Y en las siguientes 24 horas la convocatoria a la asamblea nacional de la Conaie.
  2. Convocar a todos los sectores sociales y populares a la Asamblea del Poder Popular y Plurinacionalidad, para enfrentar al modelo dictatorial.
  3. Se declaran en vigila permanente
  4. Demandar a la Corte Constitucional que se pronuncie de manera inmediata. “Y no permita una dictadura disfrazada de instrumento constitucional”.
  5. Exigir a las FF. AA. respeto a los derechos humanos, derechos constitucionales.
  6. Rechazar la injerencia de la Embajada de EE.UU. y de la diplomacia alineada con políticas neoliberales.

Hizo un llamado a todas las organizaciones que se opone al Gobierno a “estar atentos para confrontar cualquier acto más dictatorial”.

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Iza recordó los pueblos y nacionalidades, así como la clase trabajadora, tienen el derecho a la resistencia y la autodeterminación.

Por su parte, los sindicatos también mostraron su preocupación por el anuncio del ministro de Trabajo, Patricio Donoso, que anticipó que uno de los decretos ley que presentaría el Gobierno sería una nueva normativa laboral.

José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajores (FUT) y de la Unión General de Trabajadores (UGTE), difundió un comunicado en el señala que la muerte cruzada “es una expresión que busca imponer una agenda neoliberal afectando a los pueblos del Ecuador”.

Frente a ello, sostienen que se busca afectar los derechos laborales mediante una reforma “regresiva”, privatizar las empresas públicas e incrementar la precarización y la pobreza.

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La UGTE y el FUT hicieron un llamado a las organizaciones sociales a movilizarse “en contra de la prepotencia y el autoritarismo”, para defender los derechos laborales y exigir la salida de Guillermo Lasso.

El presidente de la República dispuso la disolución de la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, de conformidad con el artículo 148 de la Constitución. Y se notificó al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que convoque a elecciones en un plazo de 7 días.

Como consecuencia de la medida, elementos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas fueron ubicados dentro y fuera del Parlamento, para impedir el ingreso de los ahora exasambleístas.

Entre las razones del Ejecutivo para activar la muerte cruzada, que constan en el decreto, está que la grave crisis política y conmoción interna se configura en el escenario actual por cuanto la Asamblea busca censurar y destituir al presidente de la República “por fuera del marco constitucional”, lo cual, a criterio del mandatario, deriva en una situación de “zozobra e incertidumbre, que tiene en vilo a la nación”.

Esto obedece al juicio político que inició el martes 16 de mayo, donde intervinieron los interpelantes Viviana Veloz (UNES) y Esteban Torres (PSC), para argumentar el proceso por presunto delito de peculado, y también participó el jefe de Estado exponiendo sus pruebas de descargo. Luego de aquello se abrió el debate, el cual fue suspendido y debía retomarse este miércoles. Pero con la muerte cruzada el proceso no continuó.

Otros motivos del presidente para aplicar la muerte cruzada son los “actos de violencia sin precedentes por el asentamiento de bandas delincuenciales”.

Adicionalmente, el decreto anticipa que por el escenario de grave crisis política “sería de esperarse, inclusive, que existan manifestaciones, lo cual agravaría la incertidumbre de la ciudadanía”, como ocurrió en octubre de 2019 y en junio de 2022, que sucedieron de manera simultánea con el pedido de muerte cruzada solicitada por la Asamblea. (I)