Entre la nulidad total o parcial navega nuevamente un concurso para jueces y conjueces de la Corte Nacional liderado por el Consejo de la Judicatura

En menos de siete meses de 2024, el artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) vuelve a la mesa del pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), ante la posibilidad de que existan irregularidades en torno a las pruebas de confianza y recalificación realizadas dentro del concurso público para seleccionar y designar jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Con una integración diferente en el pleno del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, la institución enfrenta nuevamente la decisión de anular total o parcialmente un proceso de concurso que busca llenar al menos diez vacantes de jueces y quince de conjueces en el más alto órgano de justicia ordinaria del país.

El 18 de enero pasado, el pleno del CJ, con el voto unánime del presidente encargado, Álvaro Román, y los vocales Yolanda Yupangui y Fausto Murillo, declaró la “nulidad insanable” total del concurso que fue iniciado a mediados de 2023 y defendido por Wilman Terán, para esos días de enero expresidente de la Judicatura que mantenía órdenes de prisión preventiva en los casos de corrupción Independencia Judicial y Metástasis.

Se explicaba que la decisión tomada obedecía a la identificación de anomalías en distintas fases del concurso, las cuales, se dijo, habían contravenido los principios constitucionales, legales y reglamentarios de transparencia, publicidad, igualdad y paridad que rigen el proceso. Además, se habrían advertido irregularidades que acarrearían responsabilidades administrativas y hasta penales.

El artículo que habla de las irregularidades en los concursos

Esa resolución fue tomada con base en el artículo 53 del COFJ, el cual habla sobre la detección de irregularidades en los concursos. La norma usada explica que si en las diferentes fases del proceso del concurso se advierte alguna anomalía importante, que lo afecte de nulidad insanable, se rehará el procedimiento, total o parcialmente, por resolución de quien dirige el respectivo concurso, en este caso el presidente y los tres vocales que integran el pleno de la Judicatura.

El nuevo proceso de selección y designación de magistrados arrancó con la convocatoria el 21 de marzo pasado y recibió el apoyo de los vocales de la Judicatura Yupangui, Solanda Goyes y Merck Benavides y del presidente Román. Mediante este proceso se esperaba hasta octubre próximo escoger diez jueces y entre trece y quince conjueces para las cinco salas especializadas de la CNJ.

En lo que tiene que ver con jueces titulares se busca llenar vacantes en la Sala de lo Contencioso Administrativo (tres), Sala de lo Contencioso Tributario (una), Sala de lo Penal (tres), Sala de lo Civil y Mercantil (dos) y en la Sala de la Familia, Niñez y Adolescencia (una). Con la salida de Iván Saquicela de la Sala Penal, quien decidió ser candidato a la Presidencia de la República por el movimiento Democracia Sí, serían cuatro las vacantes por llenar.

Judicatura firme en continuar con el concurso para jueces de la Corte Nacional pese a investigación de la Fiscalía y una acción de protección

La primera semana del mes de agosto en curso empezó a circular información sobre posibles irregularidades relacionadas con la contratación de la empresa Métricas Web S. A., la cual estuvo a cargo de las pruebas de confianza, tomadas entre el 15 y 16 de julio pasado, dentro del nuevo concurso público. De Métricas se indicaba que no contaba con la experiencia suficiente para encargarse de la evaluación o que no poseía la tecnología para este proceso, entre otras falencias.

Esto obligó a que el 13 de agosto pasado, el nuevo presidente del CJ, Mario Godoy, con menos de un mes en el cargo, solicitó a la Contraloría General del Estado (CGE) que realice una auditoría al proceso contractual mediante el cual se ejecutó el examen de confianza. Dos días después, el pleno de la Judicatura decidió devolver a las áreas técnicas respectivas los informes sobre la prueba teórica del concurso y suspender su conocimiento hasta que la CGE entregue los resultados del examen solicitado.

Esta semana se completarán los diez días que las autoridades del CJ dieron a las direcciones General, de Talento Humano, Transparencia y Gestión Administrativa para que presenten un informe al pleno del organismo sobre el proceso de contratación de Métricas Web. Se informó desde la Judicatura que se modificará el cronograma una vez la CGE notifique los resultados de la solicitada auditoría.

La nulidad de parte del concurso público aparece como opción

En estas actuales condiciones del proceso, Yolanda Yupangui ha sido una de las primeras vocales del CJ en mencionar la aplicación del artículo 53 del COFJ. Para ella, el propio articulado establece que pueden existir errores insanables en un concurso y de existir la propia norma da la solución: que se anule todo el proceso o se anule la parte en la que se produjo el error, dando así la posibilidad de corregir lo que esté bajo dudas.

“Yo me voy por la segunda parte, es decir, establecer cuál fue el error que se cometió, cuál fue el daño que se produjo, enmendar ese daño (...), anular esa fase que para mi criterio es sencilla, porque es concretamente la aplicación de la prueba de confianza. (...) si es que anulamos esta prueba la podemos volver a realizar con toda la tranquilidad del caso, corrigiendo los errores en los que incurrieron, no los vocales, sino las áreas técnicas, concretamente la Dirección Nacional de Talento Humano, área que tenía la responsabilidad de trabajar con esa fase del concurso”, afirmó Yupangui.

La vocal reconoce que además de que están a la espera del informe de la Controlaría, el pleno del CJ está recopilando información de tipo administrativo casa adentro para saber lo que sucedió y sobre todo cuál será la decisión que se tomará.

Aproximadamente un mes demoraría el análisis de la CGE y Yupangui refiere que en este tiempo la institución debe tener analizado cómo va a trabajar, de confirmarse un problema. Esta vocal se inclina por la posibilidad de que existan problemas y se tiene que prever, pues se tendrían que reformar reglamento, cronograma, metodologías e incluso buscar nuevas empresas para que se hagan cargo de los exámenes de confianza. “Yo me voy a encargar de que sean empresas extranjeras”, anotó.

La ejecución de esta prueba de confianza está contemplada en el COFJ, que señala que todo profesional que ingrese al servicio de la Función Judicial, y para su permanencia, deberá pasar los exámenes de confianza que para el efecto reglamente el CJ. Asimismo, el reglamento del concurso vigente establece, en el artículo 61, que los exámenes de confianza deben ejecutarse por medio de un aplicativo especializado que arrojará los resultados de idoneidad de los postulantes.

Desde la Judicatura se aclaró que al no contar con las herramientas tecnológicas ni la experiencia para el desarrollo del examen, lo que se realizó fue un proceso de contratación, a través del portal de Compras Públicas del Estado (Sercop). Métricas Web, de ocho empresas que habrían postulado, fue la compañía externa contratada durante la administración del presidente encargado Román. Dos ofertas se habrían ajustado a los requerimientos del CJ, pero fue Métricas la seleccionada.

El exvocal y expresidente del CJ Fausto Murillo pensó que luego del desastre que fue el concurso llevado adelante por la mayoría de Wilman Terán, Xavier Muñoz y Maribel Barreno, exintegrantes del pleno de la Judicatura, esperaba que el concurso que realiza la nueva administración del Consejo de la Judicatura sea realmente impecable, transparente y confiable, pero, agrega, lastimosamente nuevamente se han encendido las alarmas.

Ante denuncias por irregularidades, el Colegio de Abogados de Pichincha pide que se abra un nuevo concurso para jueces y conjueces de la Corte Nacional

Murillo explica que los resultados de este concurso son de suma importancia para la institucionalidad de la administración de Justicia y para el sistema democrático del país, pues es necesario tener jueces de Corte Nacional que hayan sido resultado de un proceso limpio y transparente.

La importancia de los nuevos magistrados que arroje este proceso, refiere el exvocal, radica en que quienes salgan seleccionados en este concurso durarán nueve años en el cargo, deberán elegir al presidente titular de la CNJ y además deberán enviar la terna al Consejo de Participación Ciudadana para el nuevo CJ, de la que se deberá seleccionar a quien presidirá la Judicatura por seis años. Además, se tiene que conformar un banco de elegibles que durará seis años.

“El artículo 53 del COFJ establece con claridad que si dentro del proceso ocurren anomalías graves que vicien el proceso de nulidad insanable, lo que le corresponde al pleno del CJ es asumir la responsabilidad, pedir los informes técnicos a las áreas correspondientes y decidir si se anula total o parcialmente este proceso, que es lo más sano. No hay una norma que permita suspender el proceso de selección, eso no existe. Lo que tiene que hacer el pleno es asumir su responsabilidad y tomar la decisión”, expresó Murillo.

El Colegio de Abogados que va por la nulidad total del concurso

Una posición más tajante mantiene el Colegio de Abogados de Pichincha, organización que ha pedido al CJ que abra un nuevo concurso para jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) con un reglamento reformado. Su vicepresidenta, Annabell Guerrero, afirma que piden la nulidad del proceso porque consideran que los errores, las irregularidades administrativas e incluso la presunción del cometimiento del delito de concusión por parte de varios funcionarios de la Judicatura implican que no exista una sola fase de este concurso que no esté comprometida.

“Consideramos que siendo muy grave para la ciudadanía y para el país que no contemos con una Corte Nacional de Justicia completa por todo lo que acarrea, sin embargo, es mucho más grave que a la Corte Nacional de Justicia lleguen juezas y jueces deslegitimados, pero sobre todo que lleguen a esta instancia fruto de un proceso de selección totalmente viciado”, indicó Guerrero.

Por su parte, la Misión Internacional de Observación (MIO-Ecuador), que hace un seguimiento a este segundo proceso de selección de jueces para la Corte Nacional, ante los acontecimientos recientes que afectan al concurso público, emitió un informe urgente. En un documento de cinco páginas muestra su preocupación por una serie de problemas, entre ellos, que en la fase de mérito se excluyeron perfiles valiosos sin justificación, irregularidades en la empresa que hizo la prueba de confianza, que no fue transparente la designación de tribunales de calificación, que se modificó el cronograma adelantando la fase de oposición e incluso una falla en la cadena de custodia de las preguntas para la prueba.

“MIO-Ecuador considera que lo expuesto por medios de comunicación sobre las irregularidades de la empresa contratada, la posterior decisión del CJ para que la Contraloría realice una auditoría de la empresa responsable y el pedido de la nulidad del concurso por parte del Colegio de Abogados de Pichincha son cuestiones de la máxima gravedad que deben investigarse e incluso en el ámbito penal, y esclarecerse a la brevedad”, refiere en su informe la Misión Internacional.

Cinco observaciones llegan desde la Misión Internacional de Observadores

Cinco son las observaciones que hace la Misión Internacional de Observadores al CJ: revisar los criterios observados en la fase de méritos que tienden a excluir perfiles que puedan aportar significativamente en la CNJ; investigar las denuncias respecto de las pruebas de confianza; que paralelamente se procesa a preparar nuevas bases técnicas para un nuevo embargo de elaboración y aplicación de pruebas de confianza; o que en la fase de oposición se revise el proceso de convocatoria, selección y constitución de la Comisión de Expertos y de los Tribunales de Calificación y Recalificación de la prueba teórica y práctica.

La quinta recomendación de la MIO-Ecuador es más contundente. La Misión, se dice en el informe, es de la opinión que las observaciones y su impacto en la credibilidad y legitimidad del proceso hacen aconsejable que las autoridades encargadas consideren seriamente retrotraer el proceso a la etapa que se requiera para salvar las observaciones planteadas, cuestión que deberá ponderarse, apuntan, de modo prudencial por las mismas.

Al final de la tarde del viernes último, desde el CJ se emitió un comunicado público en el que se informó que el próximo lunes 26 de agosto, a las 17:00, el pleno del organismo sesionará con el objeto de resolver, conforme a derecho, la situación actual del concurso que pretende llenar las vacantes en la Corte Nacional. (I)