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Conferencia Episcopal Ecuatoriana cumplió con ser un moderador imparcial durante diálogos entre el Gobierno y el movimiento indígena

En los paros nacionales de 2019 y de 2022 que ha vivido el país, la institución ha sido clave para mediar y poner fin a movilizaciones.

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana estuvo permanentemente informando a través de sus redes de los avances que las mesas de diálogo iban registrando. Foto: twitter.com/Confepec

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En los dos últimos paros nacionales que ha vivido el país, en octubre de 2019 y en junio de 2022, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) ha asumido un rol clave para mediar entre el Gobierno nacional de turno y las diferentes organizaciones sociales que han protagonizado las manifestaciones, en ambos momentos avivadas por los precios de los combustibles.

Sin embargo, este año tomó mucho más protagonismo y la CEE terminó por ser “garante moral” del proceso de diálogo, que duró 90 días, entre el gobierno de Guillermo Lasso y las organizaciones del movimiento indígena: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin).

El 30 de junio, la CEE concretó, luego de dos encuentros entre las partes sin resultados, que se firme un acta de paz que puso fin a 18 días de movilizaciones y a la vez comprometió a los involucrados a tener conversaciones en diez mesas de diálogo, para las que luego estableció también la hoja de ruta a seguir y un cronograma.

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La diez mesas se instalaron poco a poco desde el 13 de julio y finalizaron en el tiempo previsto y más allá de que en todas se hayan logrado acuerdos o no, el proceso se cumplió tal y como lo estableció la Iglesia, que desde el inicio anunció que no se darían prórrogas.

Cada mesa estuvo a cargo de cada cartera de Estado correspondiente al área que se trate, contaron con facilitadores de la academia y representantes de los grupos. Además existió una mesa de coordinación formada por los presidentes de los tres movimientos indígenas, dos representantes de cada uno y el número equivalente de personas de parte del Gobierno, encabezadas por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.

Al evaluar el proceso, al que calificó de “inédito e histórico”, la Iglesia señaló que este dejó muchas lecciones y desafíos para el país.

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La primera lección es que “somos un Estado unitario, plurinacional e intercultural”. Y el desafío es “erradicar toda forma de colonialismo y hostilidad que intente anular, fragmentar o contraponer las diferencias culturales, especialmente de los más débiles”.

La segunda, “que todos somos responsables del buen funcionamiento del Estado”. Para ello, el desafío es “educarnos no solo para exigir al Estado que cumpla con sus obligaciones constitucionales y legales, sino también para contribuir, con honestidad y responsabilidad, en su financiamiento y progreso”.

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La tercera, “que el poder político está al servicio de los ciudadanos y del bien común”. Por eso hay que comprometer a los actores políticos y a todos los funcionarios del Estado para que sirvan no a sus intereses personales o partidistas, sino a las grandes aspiraciones y derechos de los ciudadanos que, muchas veces, carecen de lo mínimo para vivir con dignidad”.

Y la cuarta, “que el diálogo es el único camino responsable para resolver los conflictos, y que “la violencia, en sus diversas formas y niveles, siempre conlleva una injusticia o violación de un derecho”. El desafío es “promover una pedagogía que asegure, en todos los espacios de la convivencia humana, un diálogo sereno y transparente, basado en la escucha, en la empatía y en la colaboración”.

De parte de las organizaciones indígenas, Luis Mullo, dirigente de la Fenocin, agradeció a la CEE por la mediación que realizó durante todo el proceso, aunque no descarta que se vuelvan a registrar movilizaciones si es necesario para hacer escuchar sus necesidades.

“La Conferencia Episcopal hizo su trabajo, estamos agradecidos... ellos cumplieron con su papel, pero por las responsabilidades y obligaciones del Gobierno nacional, debe responder el Gobierno”, apunta.

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Asimismo, Henry Llanes, técnico de la misma organización, manifestó que la guía institucional que tiene la Iglesia, que debe cultivarse en el país, fue clave para todo el proceso.

Aseguró que la presencia de la Iglesia dentro de las conversaciones hizo que todos los actores manejen de mejor forma la tolerancia. “Son personas que se manejen con un nivel espiritual, con las buenas ideas, con los buenos actos. La alternativa para una vía de paz de la humanidad, es la fe, el cristianismo, no de la manera absurda que vivimos en Ecuador, con violencia y muertes todos los días”, subrayó.

Víctor Suárez, vocero del movimiento Laicos Comprometidos, mencionó que la participación de la Iglesia en el proceso de diálogo garantizó que este sea transparente, fundamentado y que busque el bien común. Además, el solo hecho de que haya llegado a su fin, así no se hayan conseguido todos los acuerdos esperados, ya se debe considerar un mérito para la Iglesia.

“La Iglesia no tomó parte de ninguno de los puntos, lo que hizo fue hacer que el diálogo sea fructífero y evitar que se salga de los marcos para que no haya rupturas”, dijo, y agregó que fue positivo que haya sido la propia CEE quien estableció la guía y logística para las conversaciones en las diez mesas que se instalaron.

Suárez subrayó que en el caso de que la CEE no hubiera intercedido, es muy probable que en las mesas se hubiera roto el diálogo desde hace mucho.

“Cumplieron su papel de ser un moderador imparcial y facilitar los elementos, recursos, procedimientos y plazos para que las partes se puedan sentar de la mejor manera”, mencionó.

En tanto, actualmente al igual que el movimiento indígena, otras organizaciones de la sociedad civil y de otros sectores productivos han manifestado su interés por entablar procesos de diálogo con el Gobierno para hacerle conocer sus necesidades.

Ante esa situación, Suárez dijo que es correcto que los demás espacios sociales clamen por este derecho y que sería muy factible que en caso de darse se sigan los mismos lineamientos que la Iglesia estableció.

“En los 90 días que se puso de plazo, el procedimiento funcionó, no hubo rupturas, sí momentos álgidos, pero volvieron a sentarse a conversar”, subrayó. (I)

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