Los seis vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobaron un “exhorto” pidiendo a la Asamblea Nacional que posesione al séptimo vocal para completar la configuración del pleno, porque se impediría actuar con normalidad en el desempeño de sus atribuciones.
En Cuenca (Azuay), este 9 de abril de 2025, se instaló un pleno ordinario en el que se resolvió pedir a la Asamblea Nacional que posesione a un séptimo consejero que les falta, luego de la destitución a tres consejeros, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco, por una infracción electoral tramitada en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Tras la salida de los tres exvocales se principalizaron Gonzalo Albán Molestina y Piedad Cuarán, pero falta uno, que debe escogerse de los candidatos más votados en los comicios seccionales de febrero de 2023.
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Esa vocalía se la disputan los políticos David Rosero, exconsejero de Participación, y Óscar Ayerve.
La presidenta de la legislatura, la asambleísta correísta Viviana Veloz, decidió previamente hacer una consulta jurídica a la Procuraduría General del Estado para que determine si es posible posesionar a David Rosero (que sigue en la lista de los más votados), porque reportaba una inhabilidad para ejercer cargo público tras ser destituido por la Corte Constitucional (CC) al incumplir una sentencia.
Actualmente Rosero no registra inhabilidad, pues se cumplieron los dos años de suspensión para ejercer cargo público.
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La consulta se hizo en febrero pasado a la Procuraduría y casi dos meses después se desconoce si hubo una respuesta y la legislatura tampoco ha convocado a esta posesión.
Durante la sesión, los consejeros Gonzalo Albán y Nicole Bonifaz López apoyaron elevar este exhorto. Sin embargo, aclararon que sí es posible avanzar sin uno de los consejeros, pues en los últimos dos meses se han aprobado hasta informes de investigación de presuntos hechos de corrupción con la presencia de los seis: Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, Nicole Bonifaz, Oswaldo Molestina y Piedad Cuarán.
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Por su parte, el presidente Andrés Fantoni Baldeón dijo que si bien admitió que se puede sesionar con seis, las decisiones se toman por mayoría: cuatro de siete votos, por lo que cree que se requiere de “legitimidad”, excusó.
“No hay norma que diga que se requiere de siete consejeros para avanzar en la designación de autoridades. Es nuestro deber y obligación avanzar en los procesos”, recalcó Bonifaz, quien participó de la plenaria de forma virtual desde Quito.
Así también, Albán advirtió que sostener la idea de que se afecta la legitimidad de las decisiones por la falta de un vocal podría tener como efecto que lo actuado en estos dos meses por ellos pueda ser considerado ilegítimo.
La resolución se aprobó luego que, este 8 de abril de 2025, terminó el periodo de seis años de Diana Salazar Méndez y Wilson Toainga Toainga, fiscal general y subrogante, respectivamente, sin que el CPCCS haya hecho el concurso público para designar a sus sucesores.
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Esto provocó que Salazar y Toainga se acogieran a una prórroga hasta que el CPCCS anuncie a las nuevas autoridades. (I)
