A la Corte Constitucional (CC) recurrió el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni Baldeón, para que evalúe cómo se dio la elección de Mario Godoy Naranjo como presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) resuelta por cinco vocales que conformaron una mayoría para echar abajo la designación de Dunia Martínez Molina.
Andrés Fantoni remitió, el 12 de julio de 2024, un escrito a la Corte Constitucional en el que solicita que se active una nueva fase de seguimiento de su sentencia 1219-22-EP con la cual fijó reglas para la designación del presidente del Consejo de la Judicatura de la terna proveniente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y cuyo incumplimiento acarreó la destitución de siete vocales del CPCCS en enero de 2023.
El presidente del organismo informó a los jueces constitucionales que debido a la «premura» de un ala de mayoría del CPCCS por elegir a Godoy para ese cargo, ni siquiera dejaron sin efecto la resolución con la que se eligió a Martínez. «Es decir, gracias a esta actuación ilegal (…) existen dos actos administrativos plenamente vigentes, que claramente provocan un incumplimiento adicional a la sentencia 1219-22-EP».
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El pedido de Fantoni se da luego que en una confusa plenaria del 10 de julio, cinco vocales del Consejo de Participación reconsideraron la votación con la que se designó a la académica Dunia Martínez presidenta titular del Consejo de la Judicatura, para llenar la vacante de Wilman Terán Carrillo, procesado por delincuencia organizada en el llamado caso Metástasis.
Juan Guarderas Cisneros, Yadira Saltos Rivas, Augusto Verduga Sánchez, Nicole Bonifaz López y Johanna Verdezoto del Salto juntaron los cinco votos para reconsiderar la votación del 8 de julio con la que se eligió a Martínez.
El lunes último, Mishelle Calvache Fernández mocionó a Martínez como vocal de la Judicatura y se aprobó con tres votos: de ella, Gonzalo Albán Molestina (suplente de Verduga, que gozaba de licencia de paternidad) y el voto dirimente de Fantoni, ya que Saltos, Guarderas y Verdezoto se abstuvieron. Bonifaz no votó porque se integró a la sesión virtual cuando había concluido la votación.
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Inconformes con la elección de Martínez, los cinco consejeros exigieron el 10 de julio la reconsideración y, al votar nuevamente, Dunia Martínez no ganó.
Yadira Saltos mocionó la elección de Mario Godoy Naranjo, exfuncionario del gobierno de Rafael Correa, y se aprobó con las voluntades de Saltos, Verduga, Bonifaz y Verdezoto.
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Fantoni argumentó ante la CC que Albán se principalizó en lugar de Verduga, que gozaba de licencia de paternidad, pero desistió de ese derecho para integrarse al pleno para revisar una decisión que la emitió otra autoridad en legítimo uso de sus atribuciones.
«Provocó un vicio de nulidad de la segunda designación y un incumplimiento claro de la sentencia 1219-22-EP con una votación planificada y deliberada previamente con los demás consejeros», denunció Fantoni.
Precisó que Bonifaz «votó para reconsiderar una decisión que no adoptó, al no conectarse de manera libre y voluntaria a la continuación de la sesión extraordinaria n.º 34, debidamente convocada, y conectarse después de que fueron proclamados los resultados, bajo la justificación de que no se le ha permitido conectarse, cuando las certificaciones de la aplicación de comunicaciones constatan claramente que ella nunca se conectó, siendo su única pretensión vulnerar el proceso».
Con eso, se habría autotutelado una decisión adoptada por el pleno.
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Sobre Guarderas, Verdezoto y Saltos «de una manera sistemática y deliberada con su votación secundaron la modificación de una designación de autoridad (...), limitando el derecho de participación del consejero Gonzalo Albán, anulando su decisión emitida en ejercicio legítimo de su cargo».
Para Fantoni, los consejeros Verduga, Bonifaz, Saltos y Verdezoto anularon de manera ilegal una designación de autoridad; y con su «conducta asociada y por la premura para elegir a Mario Godoy ni siquiera resolvieron dejar sin efecto la resolución» del 8 de julio, que designó a Martínez y que había sido notificada a la Corte Constitucional el 10 de julio de 2024.
Esta sentencia de la Corte Constitucional se dio a raíz de una acción extraordinaria de protección que planteó Álvaro Román Márquez, vocal suplente del CJ, y que reclamó principalizarse en la presidencia del organismo en caso de ausencia temporal o definitiva.
La CC reconoció su derecho y determinó reglas para el CPCCS para la elección de esta autoridad cuando la terna provenga de la Corte Nacional de Justicia debido a irregularidades que se observaron en el 2022.
El incumplimiento de la sentencia derivó en enero del 2023 con la destitución de Hernán Ulloa, Sofía Almeida, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo, David Rosero y Javier Dávalos, por de forma sistemática tropezar la elección de esta autoridad y por omisión. (I)
