La integrante de la Asamblea Nacional Gissella Molina Álvarez denunció por presunto tráfico de influencias a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y a varios legisladores de la Comisión de Fiscalización del movimiento correísta de la Revolución Ciudadana (RC) y de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), tras la designación de Mario Godoy Naranjo como presidente del Consejo de la Judicatura (CJ).

A la Fiscalía General del Estado acudió este martes, 23 de julio de 2024, la legisladora Gissella Molina, antes de Gente Buena y hoy del Partido Social Cristiano (PSC), para denunciar por presunto tráfico de influencias a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana, a varios legisladores del movimiento correísta Revolución Ciudadana de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y dos miembros de la bancada de ADN, uno de ellos Eckenner Recalde, vicepresidente de la Legislatura.

La denuncia se sustenta en los hechos ocurridos el 10 de julio de 2024, cuando se eligió a Mario Godoy como presidente de la Judicatura en una sesión del CPCCS.

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«Hemos dejado esta denuncia no solo en contra de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana, sino también a quienes metieron mano y dejaron en evidencia sus intereses oscuros y ese tráfico de influencias que cometió la presidencia de la Comisión de Fiscalización con los asambleístas de la Revolución Ciudadana. En su momento, Fiscalía va a investigar… Hay dos asambleístas de gobierno, de la bancada ADN, que generaron documentos para presionar al secretario de la Asamblea para que se posesione de manera inmediata a Godoy», apuntó Gissella Molina en declaraciones de prensa a su salida de la Fiscalía.

Ese 10 de julio, en horas de la noche, se hizo una plenaria en la que los consejeros Augusto Verduga Sánchez y Yadira Saltos Rivas, reconocidos como de la ‘liga azul’ por su afinidad con la RC, propusieron la reconsideración de la votación de la elección de Dunia Martínez Molina como vocal y presidenta del CJ, resuelta el 8 de julio.

La catedrática fue electa con el respaldo de los consejeros Andrés Fantoni Baldeón, Mishelle Calvache Fernández, presidente y vicepresidenta, en su orden; y, Gonzalo Albán Molestina, quien se principalizó en lugar de Verduga. Este último se encontraba en gozo de su permiso de paternidad desde el 6 de julio.

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Los consejeros Juan Guarderas Cisneros, Johanna Verdezoto del Salto y Yadira Saltos se abstuvieron, por lo que se produjo un empate y Fantoni dirimió. La consejera Nicole Bonifaz López se conectó al cierre de la plenaria y no votó.

Con la moción de reconsideración de Saltos, se echó abajo la elección de Martínez con los votos de Saltos, Verduga, Guarderas, Verdezoto y Bonifaz.

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De inmediato, Saltos propuso la designación de Mario Godoy, que era el último candidato de la terna que envió el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing Nagua, y se aprobó con las voluntades de Verduga, la proponente, Verdezoto y Bonifaz.

Godoy, exfuncionario de los gobiernos de Rafael Correa Delgado, Lenín Moreno Garcés y Daniel Noboa Azín, reemplazó a Hugo Landívar Orellana, directivo del movimiento gobiernista ADN y que era la cuota que integró en un primer momento la terna de la CNJ para presidir la Judicatura.

Antes de esta selección, en horas de la mañana, los consejeros Fantoni y Calvache fueron interpelados en la Comisión de Fiscalización por los asambleístas de la RC y la presidenta de la mesa, Pamela Aguirre, para que se disponga la incorporación de Augusto Verduga a sus funciones en el Consejo y pueda participar de la sesión que se preveía para la noche.

Además, increpaban a los dos consejeros si permitirían sesionar para conocer la moción de Yadira Saltos en la que proponía elegir a Godoy en el cargo.

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La asambleísta Gissella Molina cuestionó a la administración del primer mandatario, Daniel Noboa, porque, a su criterio, a través del viceministro del Ministerio de Gobierno, Esteban Torres, «está manejando la justicia y permite que Wilman Terán Carrillo (expresidente del Consejo de la Judicatura y procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis) permanezca en Quito» y no sea trasladado a la cárcel La Roca en Guayaquil, donde cumple una medida de prisión preventiva.

Ella no descartó impulsar un juicio político en contra de los siete vocales del Consejo por su actuación en la plenaria del 10 de julio.

La denuncia penal tuvo una primera reacción del viceministro Torres que, en su cuenta de red social X, se mofó del suceso.

«La precandidata a asambleísta por el PSC en Cotopaxi haciendo méritos para los que no tienen pantalones de hacerlo de frente con sus nombres y apellidos. Un capítulo más de Gru y sus minions», escribió. (I)