Pabel Muñoz, alcalde de Quito: El Consejo de Participación Ciudadana es un desastre... una vergüenza

Una de las figuras políticas del movimiento Revolución Ciudadana (RC), el alcalde de Quito, Pabel Muñoz López, expresó su decepción respecto de la existencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un organismo ideado por el gobierno del exmandatario Rafael Correa.

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«Hasta hace un año, un poquito menos, defendí el concepto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social porque elevaba la participación social a función de Estado, daba fuerza al control social. Pero hoy sí me animo a dar una opinión: ¡es un desastre! Es una vergüenza el Consejo de Participación Ciudadana (…). Es un desastre el Consejo de Participación Ciudadana, hoy hay que reconocer que es un desastre: (la designación) de un defensor público no avanza; Defensoría del Pueblo, no avanza; Fiscalía General del Estado, no avanza, y todos nos llevan a este lastimoso… Permítanme, sé que estoy diciendo cosas que no son populares, pero son reales», manifestó el alcalde.

Su declaración se dio el viernes 6 de septiembre de 2024, mientras presidía una sesión extraordinaria del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, en la que se discutía la selección de un secretario ejecutivo.

Mientras opinaba, confundía al Consejo de Participación Ciudadana con el Consejo de Protección de Derechos, por lo que dos de las funcionarias que lo acompañaban le corregían en medio de risas.

Para ejemplificar su crítica, Muñoz contó a los miembros del cuerpo colegiado capitalino una broma sobre dos cangrejos.

«Hay dos cangrejos en dos ollas. En la una, el cangrejo está tapado y en la otra, destapado. Y alguien pregunta por qué está tapada una olla y la otra no. Responden, la que está tapada es porque son cangrejos colombianos, porque se ayudan el uno al otro a salir de la olla; la que está destapada son cangrejos ecuatorianos, porque le ven a uno que está saliendo y los demás le jalan para que se vaya hacia abajo. Eso a veces ha pasado, no está Juan... no está María, ponle acción de protección, ponle esto...», añadió en referencia al uso de las garantías jurisdiccionales para entorpecer los procesos de selección de autoridades que interponen actores políticos.

En esa sesión, uno de los puntos de tratamiento era resolver sobre la renuncia de la secretaria ejecutiva encargada, María Gloria Pérez.

Con su renuncia debe designarse a una autoridad titular. Aunque entre los consejeros había diferencias sobre de dónde debería provenir el perfil de la persona que ocupe su cargo y cómo debería designarse, en tanto, el Consejo de Protección de Derechos lleva al menos diez años administrado por secretarios encargados, detallaba el alcalde.

Finalmente, en lugar de Pérez se nombró a Valeria Urgilés como secretaria ejecutiva encargada, hasta llegar a consensos sobre la designación de un titular.

Pabel Muñoz es militante de la Revolución Ciudadana desde sus inicios, cuando se llamaba Alianza PAIS (AP) y por el que fue dos veces asambleísta y, entre otros cargos, subsecretario de Reforma Democrática del Estado y Gestión Programática en la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades), de la que fue su titular en el 2015.

En las últimas elecciones seccionales de febrero de 2023, Muñoz fue electo alcalde de Quito por esa tienda política.

El Consejo de Participación Ciudadana se creó en la Constitución de 2008 y entre sus atribuciones está el de designar a las principales autoridades de entidades de control del Estado.

Sin embargo, en los últimos cuatro años no ha cumplido con la renovación de varias autoridades, como los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), de la Defensoría del Pueblo, de los Consejos Nacionales para la Igualdad, del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), y otras.

En la actualidad, del pleno de siete consejeros de Participación, cuatro (dos principales y suplentes) afines al movimiento liderado por Rafael Correa podrían perder sus curules al haber sido sancionados por incurrir en una infracción electoral dispuesta en primera instancia por un juez del Tribunal Contencioso Electoral.

Los vocales Augusto Verduga Sánchez y Yadira Saltos Rivas, principales, y Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga Macías, suplentes, fueron sancionados con la destitución, el pago de una multa de 70 salarios y la suspensión de sus derechos de participación por cuatro años por el juez electoral Fernando Muñoz Benítez.

La sanción se originó por una denuncia planteada en el TCE, porque los cuatro actores fueron promocionados en redes sociales por Rafael Correa y su movimiento durante la campaña electoral de febrero del 2023.

Esto, pese a la prohibición constitucional y legal de que los candidatos a ser vocal del CPCCS no pueden ser promocionados por ningún actor social o político, sino solo por el Consejo Nacional Electoral.

Verduga, Saltos, Franco y Párraga preparan sus recursos de apelación a la sentencia de Muñoz para que en segunda y definitiva instancia el pleno del TCE los absuelva de considerar que no incurrieron en la infracción electoral grave contemplada en el numeral 12 del artículo 279 del Código de la Democracia, sobre incumplir con las resoluciones del CNE y TCE. (I)