El Consejo de la Judicatura suspendió de manera preventiva a los jueces Lenin G. y Julio A. de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos por un caso de Bonos del Estado.

La decisión de la Judicatura se basa en una declaratoria jurisdiccional previa por “error inexcusable”.

“La medida preventiva se aplicará hasta por tres meses e incluye la suspensión de las remuneraciones de los servidores. Se dispuso a la Dirección Provincial de Los Ríos continuar con los trámites disciplinarios pertinentes”, informó la institución, este jueves, 6 de junio.

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Según la vocal Solanda Goyes, los jueces suspendidos habrían desnaturalizado un habeas data para declarar la propiedad de un bien inmueble, causando anulación de inscripciones de propiedad de terceros, terminación de autorizaciones y concesiones para actividades económicas y una reparación que incluyó el pago de $ 22,2 millones al Estado ecuatoriano.

Este monto fue pagado con Bonos del Estado de Deuda Interna a José Fernando Bucaram Aivas, en razón de una sentencia por una acción de habeas data, la cual fue revisada por la Corte Constitucional (CC) y determinó que el fallo fue concedido “desnaturalizando” el recurso legal.

Por disposición de la Corte, el Ministerio de Finanzas, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y el Banco Central del Ecuador (BCE), deben hallar la forma de recuperar los $ 22,2 millones.

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Los bonos fueron pagados en diciembre del 2023. La Corte dispuso que la recuperación de los valores sea “de manera inmediata”, para lo cual se “deberán ejecutar todas las acciones administrativas y judiciales necesarias para asegurar la devolución de los valores pagados, a fin de evitar la disposición de los mismos”.

Es parte del dictamen emitido el 18 de abril pasado, en el cual se aceptó una acción extraordinaria de protección presentada en contra de sentencias de primera y segunda instancia en el marco de una acción de habeas data.

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La acción extraordinaria responde a demandas interpuestas por la Procuraduría General del Estado (PGE), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y diez empresas camaroneras.

La Corte no solo ordenó recobrar los bonos, sino que también declaró que los jueces de la Corte de Justicia de Los Ríos, Lenin Javier G. y Julio Wilson A. incurrieron en error inexcusable al desnaturalizar la garantía jurisdiccional.

Asimismo, el organismo dispuso que la Fiscalía inicie una investigación, con el fin de verificar si existen elementos relacionados con el delito de prevaricato, contra los jueces de la Corte de Los Ríos, así como del juez de la Unidad Judicial Penal de Quevedo Carlos Napoleón B., que conocieron la acción de habeas data planteada por José Fernando Bucaram Aivas, quien recibió como pago los bonos del Estado. (I)