Guillermo Lasso cumplió dos años en la Presidencia de la República y su gobierno termina a la mitad del periodo como consecuencia de haber activado la muerte cruzada para disolver la Asamblea Nacional. En los dos años de gestión, sectores de oposición intentaron varias veces sacar a Lasso del poder anticipadamente, por medio de protestas en las calles y agotando la mayoría de mecanismos legales que establece la Constitución para separar del cargo a un presidente.

Sin embargo, fue el propio presidente quien puso fin a su mandato antes del tiempo para el que fue elegido en las urnas. Ahora le quedan pocos meses para gobernar sin el contrapeso del Parlamento, hasta que se instalen las nuevas autoridades que serán elegidas en las elecciones anticipadas del 20 de agosto.

Lasso ha gobernado en un escenario de constantes confrontaciones con la Asamblea y con organizaciones políticas y sociales, a lo que se suma la baja aprobación que tiene su gestión en la población.

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Desde la ciudadanía se impulsaron dos revocatorias de mandato en 2022, invocando el artículo 105 de la Carta Magna, por supuesto incumplimiento de ofertas de campaña y por incumplir con el deber de proteger y salvaguardar la soberanía e independencia nacional. Estos procesos, sin embargo, no consiguieron pasar de la Función Electoral.

La solicitud de revocatoria de mandato de las autoridades de elección popular se puede presentar una vez cumplido el primero y antes del periodo para el que fue electa la autoridad cuestionada, indica la norma. Además se establece que durante el periodo de gestión de una autoridad podrá realizarse solo un proceso de revocatoria de mandato.

En la Asamblea, la oposición liderada por el correísmo pretendió destituir al presidente durante el agitado paro nacional de junio de 2022, donde hubo al menos siete fallecidos y centenas de heridos, a causa de los enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes que exigían la renuncia del gobernante.

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Entonces el Parlamento apeló al artículo 130 de la Constitución, alegando grave crisis política y conmoción interna, pero no se obtuvieron los 92 votos necesarios. La iniciativa de la bancada correísta Unión por la Esperanza (UNES) no contó con el apoyo del Partido Social Cristiano (PSC).

Al año siguiente, nuevamente el correísmo emprendió un proceso para retirar a Lasso del cargo. Lo hizo mediante el juicio político, por supuestos actos de corrupción; esta vez el PSC secundó la acción.

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El enjuiciamiento político se justificó en el numeral dos del artículo 129 de la Carta Política. Se acusaba a Lasso del presunto delito de peculado, por no haber impedido que siga en vigencia un contrato entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker, sobre transporte de petróleo, pese a conocer que afectaba a los fondos públicos del Estado.

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Para lograr la censura y destitución de Lasso, mediante este mecanismo, hacían falta 92 votos, pero en el pleno de la Asamblea no se llegó a la etapa de votación, porque el jefe de Gobierno se adelantó a cualquier resultado y activó la muerte cruzada, a través del Decreto Ejecutivo 741, con base en el artículo 148 de la Constitución.

El argumento de Lasso fue el mismo que un año antes usó la oposición en contra del mandatario: grave crisis política y conmoción interna.

El artículo 148 faculta al presidente a disolver la Asamblea cuando, a su juicio, esta se hubiere arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del plan nacional de desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna.

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El 16 de mayo, el presidente Guillermo Lasso compareció en la Asamblea Nacional para presentar sus pruebas de descargo en el juicio político en su contra. Foto: cortesía Presidencia de la República. Foto: Bolivar Parra

A criterio de Ximena Ron, docente universitaria y abogada constitucionalista, se podría justificar a causal de grave crisis política por el contexto de juicio político, pero la conmoción interna probablemente “no tanto” porque requiere otros parámetros, como vulneración a derechos humanos vinculados al enjuiciamiento.

A la Corte Constitucional ingresaron seis demandas de inconstitucionalidad del Decreto 741; sin embargo, todas fueron inadmitidas por el organismo.

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Si bien las revocatorias de mandato, intento de destitución y juicio político en la legislatura fueron las acciones legales concretas con las que se quiso terminar la gestión de Lasso, en el camino también se manifestaron otros recursos que constan en la Constitución.

La exasambleísta Mireya Pazmiño (del ala rebelde de Pachakutik) llegó a decir que, si la solicitud de juicio político no pasaba el filtro de la Corte Constitucional, incluso se podía tomar la alternativa de declarar la incapacidad mental del presidente.

“Aquí el grave problema es Guillermo Lasso, y hay muchos caminos para deshacernos de ese problema (...). Cuando el presidente un día dice una cosa y al otro día dice otra cosa, cuando el presidente se fractura un pie y al otro día está caminando, ¿qué le pasará al presidente mentalmente?”, dijo la exlegisladora en marzo de 2023 y añadió que también estaban los levantamientos en las calles.

La incapacidad física o mental permanente que impida ejercer el cargo –certificada por médicos especializados– es la cuarta causal del artículo 145 de la Constitución, que dispone que un presidente de la República cesará en sus funciones. Las otras causales son por terminación del periodo presidencial, renuncia voluntaria, abandono del cargo y por revocatoria del mandato.

Aplicar la causal de incapacidad mental era un camino más complejo, explicó Ximena Ron, porque se requiere de un examen médico y psicológico que determine con claridad y exactitud que el presidente tiene problemas en sus facultades mentales que le impiden ejercer el cargo.

Presidente no ha descartado una candidatura, fuentes cercanas dicen que hubo un malentendido en entrevista internacional

Para Diego Paredes, abogado especialista en procesos constitucionales, con la decisión de someterse a la muerte cruzada Lasso ya cesó en sus funciones, pero la norma le permite mantenerse en la Presidencia por una “prórroga constitucional”, para no dejar al país en acefalía.

“Está bastante claro que el presidente tiene todos los proyectos (decretos ley) listos para gobernar en este periodo de tiempo”, comentó. Añadió que la Corte Constitucional “tiene un gran trabajo por hacer”, porque necesita analizar la constitucionalidad de las normas antes de publicarlas en el Registro Oficial.

Paredes consideró que las leyes que impulsará el jefe de Estado, en el tiempo que le queda, podrían ser una plataforma de campaña de cara a las elecciones anticipadas extraordinarias, que se ejecutarán en los próximos meses.

Una posible candidatura presidencial, en busca de la reelección, no ha sido descarta de manera oficial por Guillermo Lasso o su equipo, hasta el momento. (I)