La Contraloría General del Estado halló indicios de responsabilidad penal (IRP) en las declaraciones juramentadas de bienes de diez jueces de la República y los informes fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado para su investigación.

Un equipo auditor de la Contraloría observó inconsistencias al confrontar la información registrada en las declaraciones patrimoniales juradas de diez jueces provinciales, multicompetentes y de primer nivel, que actuaron entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2022.

El organismo de control no los identificó en un comunicado oficial divulgado este 8 de mayo de 2023, pero detalló que el año anterior emitió 30 órdenes de trabajo para efectuar exámenes especiales a los jueces de las unidades provinciales de Loja, Azuay, Tungurahua, Los Ríos, Pastaza y Guayas.

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De estos, se aprobaron 20 informes generales y 10 con indicios de responsabilidad penal, que fueron enviados a la Fiscalía para su investigación.

En el comunicado se recordó que el artículo 16 de la Ley de Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas determina que la “información constante en las declaraciones patrimoniales juradas será pública. La confrontación y examen tendrán el carácter de reservados (…), salvo para quien está siendo investigado, y solo perderán este carácter si, una vez remitido a la Fiscalía General del Estado un informe con indicios de responsabilidad penal, esta inicia la instrucción respectiva”.

Estas declaraciones contienen información sobre los activos y pasivos de un funcionario del Estado, que alcanzan a aquellos pertenecientes a una sociedad conyugal o sociedad de hecho, de los hijos menores de edad, a nivel nacional como en el extranjero y deben contar con la documentación de soporte.

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Fue en enero del 2022 que el contralor subrogante, Carlos Riofrío González, anunció el inicio de las acciones de control a las declaraciones patrimoniales juramentadas de los jueces de la Función Judicial.

El análisis se extendería también a 30 jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), a los conjueces y estaba en programación una acción de control a los generales de las Fuerzas Armadas, declaró Riofrío en entrevistas en medios de comunicación.

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La acción se dio en paralelo al análisis de las declaraciones juramentadas de 25 generales de la Policía Nacional, luego que el embajador de los Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, declaró a finales de 2021 que en Ecuador existían “narcogenerales” y procedió con la revocatoria de visas a varios de los generales.

Riofrío informó en agosto del 2022, que se ejecutaron 24 exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales de 25 generales de la Policía y constataron que tres de ellos no pudieron justificar los ingresos y gastos reportados.

Esos tres informes, con determinación de Indicios de Responsabilidad Penal también fueron enviados a la Fiscalía para que proceda en el ámbito de sus competencias. En ese entoces, según Riofrío, uno de los generales investigados se encontraba en servicio pasivo y dos en servicio activo.

QUITO (03-05-2023).- Sesión del pleno del Consejo de Participación Ciudadana . Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: El Universo

Entre los hechos, la semana anterior, cuatro vocales de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) intentaron remover a Carlos Riofrío González como primera autoridad de la Contraloría, aunque retrocedieron en ese propósito.

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En una plenaria desarrollada el 3 de mayo, la consejera Graciela Mora planteó una moción, que tuvo el voto de Gina Aguilar, Teddy Tama y Olindo Nastacuaz, mediante la cual se aprobó una resolución para instar a Riofrío a que deje la Contraloría, alegando que el periodo de funciones para el cual fue electo Carlos Pólit Faggioni y que, subroga en la actualidad, terminó en marzo de 2022.

Sin embargo, el mismo CPCCS no concluye con el concurso público de méritos y oposición para designar a un nuevo titular, por lo que Riofrío informó que continuará en funciones.

Recordó al Consejo de Participación Ciudadana que la Procuraduría General del Estado, en un pronunciamiento del año pasado, señaló que para garantizar la continuidad de la prestación de servicios y actividades institucionales, por el principio de “seguridad jurídica”, se aplicará el reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público (Lospe) que prevé por excepción que un “servidor público sujeto a periodo fijo no se puede separar del desempeño de su puesto a menos que sea legalmente reemplazado, sin que para ese efecto se requiera la formalización de acto administrativo alguno”.

Con ello, Riofrío deberá permanecer como contralor subrogante, hasta que el CPCCS concluya con el concurso público y designe a la nueva autoridad para los próximos cinco años de gestión. (I)