Que la tarifa del IVA suba al 13 % de forma permanente y se incremente temporalmente en dos puntos porcentuales adicionales (15 %) hasta el 2026 es lo que se plantea en el informe de mayoría para primer debate del proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno que aprobó la Comisión de Desarrollo Económico. Sin embargo, este solo recibió cinco votos a favor y existen otros dos informes de minoría en los que se recogen otras propuestas.

Uno de estos informes de minoría fue elaborado por el legislador Blasco Luna, vicepresidente de la comisión y miembro de la bancada de la Revolución Ciudadana. En este se plantean, en lugar de incrementar el IVA, medidas tributarias como la contribución especial de entre el 25 % y 35 % para la banca, según sus utilidades, y del 1 % al patrimonio desde un millón de dólares, entre otras.

En el caso del impuesto fijo para los grandes contribuyentes se haría una reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno. Proponen tributar como recaudo mínimo por concepto de impuesto a la renta una tasa del 3 % de los ingresos gravables de los integrantes de los grupos económicos y grandes contribuyentes (Remir), las sociedades residentes en el Ecuador y sus integrantes, así como las sucursales de sociedades extranjeras residentes en el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no residentes, que conformen parte de los grupos económicos determinados por el Servicio de Rentas Internas (SRI).

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A través de reformas a la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19, establecer una contribución temporal al patrimonio de las personas naturales. Las personas naturales que al 1 de enero de 2024 posean un patrimonio individual igual o mayor a un millón de dólares o cuando exista sociedad conyugal igual o mayor a dos millones de dólares pagarán una contribución sobre su patrimonio en el ejercicio fiscal 2025, de 1 % de un millón hasta $ 1′199.999,99 y de 1,5 % de $ 1′200.000 en adelante.

Otra propuesta es establecer una contribución especial sobre utilidades de la banca que dicte que las instituciones privadas del sistema financiero nacional paguen una contribución sobre utilidades netas anuales, que se calculará teniendo como referencia la utilidad gravable del ejercicio fiscal 2023. Se calculará por grupos: para el grupo 1 la tarifa será del 25 % sobre las utilidades netas anuales superiores a $ 10 millones e inferior a $ 50 millones.

Para el grupo 2 la tarifa será de 30 % sobre las utilidades netas anuales superiores a $ 50 millones e inferior a $ 100 millones, y para el tercer grupo la tarifa será del 35 % sobre las utilidades netas anuales superiores a $ 100 millones.

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Incrementar el IVA afectaría también a productos no gravados

El informe del correísmo dice que el incremento del IVA afectará a los productos no gravados con este porque elevará los costos de sus insumos y de producción.

“Si sube el IVA se afectan el consumo y la demanda que son los que impulsan el crecimiento del PIB y del empleo. Peor aún si el aumento del IVA se produce cuando la economía contrae su crecimiento, como ocurre en Ecuador. En estas condiciones incrementar el IVA es también antitécnico”, argumenta.

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El informe de minoría asegura que el ingreso real promedio de las personas que tienen empleo formal en Ecuador no supera los $ 300 y que no cuentan con capacidad de ahorro y sus ingresos son dedicados totalmente al consumo. “Siendo el IVA un impuesto al consumo son los pobres quienes más se perjudican y sufren por el impacto de su incremento”.

En el texto se cuestiona que se propone incrementar en un “25 % el IVA para colocarlo en 15 %, desechando otras fuentes alternativas de creación de ingresos y descargando sobre personas pobres y de menores ingresos los costos de un «ajuste» socialmente inviable”.

Asimismo, instan al Gobierno a aclarar por qué insiste en aumentar el IVA y “anuncia un desastre económico si la Asamblea Nacional no aprueba su incremento al 15% cuando los fondos requeridos pueden con certeza obtenerse mediante otras alternativas, social y económicamente viables”.

Además, hacer públicos los valores presupuestados para Fuerzas Armadas y Policía Nacional antes de la declaratoria oficial de guerra interna, emitida el pasado 9 de enero.

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Al igual se solicita al Ejecutivo y al Ministerio de Economía y Finanzas esclarecer si incrementar el IVA al 15 % “es o no parte de la condicionalidad que exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) para considerar conceder ayuda financiera al país y por qué se opone a que la parte correspondiente de los fondos recaudados para luchar contra la inseguridad sea depositada en un fideicomiso en el Banco Central de manera que su destino sea seguro y específico”. (I)