Pese a que Fernando Jarrín, abogado de Martha Barrezueta, una de las once personas acusadas del delito de delincuencia organizada en el caso Las Torres, dice aceptar los términos de la cooperación eficaz a la que se acogieron con la Fiscalía, entre ello el pedido de una pena reducida de seis meses, el defensor asegura que su representada es inocente y seguirán peleando judicialmente por esa teoría.

Desde el 8 de diciembre pasado, Barrezueta y Jarrín no solo esperan que los jueces del Tribunal de Juicio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) terminen de deliberar y definan la fecha para reinstalar la audiencia de juzgamiento y escuchar la decisión respecto a si son o no declarados culpables los once sospechosos, sino también aguardan que se les notifique el día y hora en que se dará una audiencia privada para analizar la cooperación eficaz que anunció la fiscal general, Diana Salazar, en sus alegatos de cierre.

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“La cooperación eficaz la aceptamos tal y como lo ha presentado la Fiscalía. En la audiencia privada tenemos que fundamentar por qué nosotros creemos que el pedido de la Fiscalía es efectivo y se debe dar tal cual lo ha pedido. Tenemos muchas razones para acceder a ese beneficio, nos allanamos al pedido de la pena, pero por otro lado vamos a seguir defendiendo la inocencia de Martha Barrezueta”, explicó Jarrín.

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La fiscal Salazar señaló al Tribunal de la CNJ que al existir la cooperación y Barrezueta haber brindado información de importancia para el caso se solicitaba que se le impusiera la pena reducida en un 90 %, es decir, seis meses. La procesada, acusada en calidad de colaboradora, se acogió a la figura de la cooperación eficaz dispuesta en el artículo 491 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

“Solicito a los integrantes del Tribunal de Juicio día y hora para que se realice una audiencia reservada en la que se expondrá el contenido de la cooperación eficaz y el efectivo cumplimiento de la pena”, refería Salazar antes de pedir que por la cooperación dada no se le incluyera a Barrezueta en el pago de una reparación integral de $ 4 millones, dinero que debería ser cancelado de manera proporcional por los partícipes de la infracción, entre ellos, el excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban, el exgerente de Petroecuador Pablo Flores, entre otros.

Quito. 21/07/2022. El excontralor Pablo Celi (i) y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores asistieron de manera presencial a los días de audiencia de juicio en el caso Las Torres, diligencia que se realizó en la Corte Nacional de Justicia. Cortesía FGE/El Universo. Foto: El Universo

Para Jarrín son dos puntos distintos el tema de la cooperación eficaz y la responsabilidad penal dentro del caso Las Torres de Barrezueta.

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Respecto a la primera, el abogado anota que una vez que revisaron el expediente verificaron que había información que estaba en el teléfono de la pareja de Barrezueta, Roberto Barrera, empresario condenado en Estados Unidos por actos de corrupción en Petroecuador, y no había sido incorporada al caso. Según Jarrín, esos datos iban a servir para identificar a los responsables del delito de delincuencia organizada.

“En este caso se entregó información relacionada con Pablo Flores. Era un cuadro que le remite Flores a Roberto Barrera por WhatsApp, un cuadro en el que constan los pagos que había realizado, las facturas de Nolimit C. A., el porcentaje que se había acordado y el valor que le correspondía a él (Pablo Flores) por haber realizado el pago de estas facturas”, apuntó Jarrín.

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Por otro lado, la teoría defendida por el abogado de Barrezueta es que ella nunca conoció sobre el origen ilegal de los fondos que entregó. Reconoce que si bien es cierto que está en el expediente que entregó en efectivo $ 40.000 a Pablo Flores, y eso no lo pueden negar, la idea que defienden es que ella actuó porque recibió una orden de su cónyuge, Roberto Barrera, acción que, dice, la había hecho en otras ocasiones como parte del pago para temas familiares y de las empresas que tenían.

La defensa de Flores, Pablo Encalada, ha puesto en duda la supuesta información encontrada en el teléfono celular de Barrera y ha rechazado la versión que habla de una entrega de dinero en efectivo. Desde su perspectiva no hay nada que respalde esa aseveración, sino más bien, aclara, existen sobrados elementos que comprueban que Raúl De la Torre y Barrera, ambos sentenciados en Estados Unidos, se juntaron para cometer actos de corrupción en 19 entidades públicas de Ecuador, al tomarse el nombre de autoridades, como fue el caso del exgerente Flores.

Pablo Flores señaló que en la audiencia de juicio la Fiscalía no ha podido presentar una sola prueba que confirme el acuerdo de voluntades entre los supuestos líderes de una organización que, insistió, no existe. Mencionó que hay discrepancias en las versiones de Barrera y Barrezueta, por lo que les pidió a los jueces nacionales Walter Macías, Adrián Rojas y Mauricio Espinosa que las revisen y comparen antes de decidir.

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La fiscal Salazar pidió al Tribunal que sentencie a Celi y Flores, los presuntos líderes de la organización criminal, con la pena máxima que da el delito de delincuencia organizada, más el incremento de la pena que da la agravante de haber cometido el ilícito siendo funcionarios públicos, es decir, un total de 13 años y 4 meses de cárcel.

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A más de su parte de los $ 4 millones que deberían pagar como reparación económica quienes sean declarados culpables, para el exgerente Flores, Diana Salazar solicitó al Tribunal que le imponga pagar la cantidad de $ 336.000 por la entrega de dineros de la empresa Nolimit por concepto del pago de planillas menores. Esta cantidad incluiría los $ 40.000 entregados en efectivo por Barrezueta.

Procesalmente hablando, define Jarrín, la audiencia sobre la cooperación eficaz debe darse de manera previa a la diligencia en la que se conocerá la sentencia que emita el Tribunal de Juzgamiento. Esta defensa cree que eso podría darse en las próximas semanas.

Más allá de lo que se defina en la cooperación eficaz, pues, indica Jarrín, no van dejar de usar ese beneficio ya que han aportado para que la justicia determine los verdaderos responsables, el abogado de Barrezueta adelantó que no descartan la posibilidad de apelar si tienen una sentencia desfavorable en el juzgamiento. “Esperamos que se dé la audiencia para tomar una decisión y así tener mucho más claro el panorama. (...) Tenemos otras figuras jurídicas en el ordenamiento ecuatoriano que aún se pueden usar”. (I)