Ocho días le restan al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para desvanecer cualquier indicio y acto administrativo, relacionado con la revisión de la carpeta de la titular de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar, y la emisión de un informe de investigación con acusaciones penales; y, por la formación de una veeduría ciudadana para revisar la elección de los jueces de la Corte Constitucional (CC).
El proceso se inició este 11 de octubre, cuando los siete vocales del Consejo aprobaron una resolución en la que dejaron sin efecto las actuaciones administrativas relacionadas con los dos hechos mencionados.
Dieron dos días de plazo para que las áreas técnicas ejecuten las acciones para cumplir la orden de la Corte; y, otros dos días tendrá el departamento jurídico para elaborar un informe y enviarlo al pleno del CPCCS, para que este a su vez lo apruebe y lo remita a la Corte Constitucional.
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El consejero Augusto Verduga propuso que se haga un listado de todas aquellas resoluciones que se emitieron en las secretarías de Participación y de Transparencia y Lucha contra la Corrupción para que «no quede ningún resquicio de duda que tienen la voluntad de cumplir», dijo. Pero la presidenta Nicole Bonifaz ignoró la sugerencia.
Los jueces de la Corte Constitucional concluyeron, el 6 de octubre de 2023, que el CPCCS incumplió su dictamen interpretativo de mayo del 2019, que impide revisar las actuaciones del extinto Consejo Transitorio.
Destituyó a Alembert Vera de sus funciones de vocal y presidente, pero dejó en sus cargos a los otros seis vocales para que se encarguen de cumplir un conjunto de medidas de reparación por contravenir sus dictámenes.
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Lo hizo al activar la fase de seguimiento del cumplimiento de ese fallo, al atender la «queja» que presentó el colectivo Acción Jurídica Popular, mediante la cual se revisaron las calificaciones de Diana Salazar obtenidas en el concurso público que realizó el Consejo de Transición, que la designó como fiscal el 1 de abril de 2019.
A consecuencia de esa queja, Vera, Johanna Verdezoto, Yadira Saltos y Augusto Verduga aprobaron un informe de investigación en el que acusaron a Salazar de plagio de textos y presunto tráfico de influencias.
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Este bloque de mayoría convocó a audiencias públicas para interpelar a Salazar, que las respaldó Nicole Bonifaz, aunque luego no aprobó el expediente de investigación y se apartó de ellos cuando la Corte inició la verificación del cumplimiento de su dictamen.
El otro hecho se refiere a la formación de una veeduría ciudadana atendiendo una acción de protección de un juez de primer nivel de Montecristi (Manabí), Leiver Quimis, para diagnosticar y evaluar las actuaciones del transitorio en la elección de los actuales jueces constitucionales.
La Corte ordenó que se dejen sin efecto todos los actos administrativos realizados que tengan relación directa o indirecta con esos dos momentos, y para asegurar que eso ocurra sin dilaciones no impuso sanciones a Augusto Verduga, Andrés Fantoni, Yadira Saltos, Johanna Verdezoto, Nicole Bonifaz, Mishelle Calvache y otros servidores.
Aunque como advertencia de posible destitución decidió mantener abierta la fase de verificación del dictamen y dio diez días hábiles para que se deje sin efecto lo actuado en contra de la fiscal y la formación de la veeduría.
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El auto de verificación de la CC se conoció el 10 de octubre en su pleno, por lo que el próximo 23 de octubre vencería el término para cumplir con las medidas de reparación.
La resolución aprobada este miércoles no precisó cuáles serán los documentos, boletines de prensa, u otras disposiciones que serán dejadas sin efecto.
Por ejemplo, se desconoce cómo el CPCCS dejará sin efecto el informe de investigación contra Diana Salazar que fue enviado a la misma Corte Constitucional, a la Fiscalía, a la Contraloría General del Estado, a la Senescyt, al Consejo de Educación Superior, a la Universidad Central del Ecuador, Universidad Tecnológica Indoamérica de Ambato, a la Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales, a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, Latindex y a la Asamblea Nacional, a quienes pedían que determinaran sanciones administrativas.
En cuanto a la veeduría no se precisó cómo se procederá con la desvinculación de 19 personas que fueron admitidas, pues desde el 27 de septiembre se suspendieron los plazos para la etapa de inducción.
Verduga y Saltos, que eran parte de la mayoría de Vera, cuestionaron la decisión de la Corte, pero reconocieron que cumplir sus disposiciones es obligatorio.
«Este Consejo debe cumplir con las disposiciones contenidas en el auto de verificación para que a continuación, la Corte proceda con el cierre definitivo del proceso que quedó abierto. Se entiende, a la espera de que se archiven los documentos emitidos por el Consejo», comentó Saltos.
Por su parte, Verduga criticó a la Corte porque «ha prostituido el derecho administrativo» y con sus acciones provocaría que «nunca en la vida se va a poder hacer un proceso de control social».
Sin embargo, ratificó que su auto debe «ser cumplido a rajatabla, pero estar en desacuerdo no implica que no vayan a cumplir la decisión de los jueces».
Además de los consejeros, cinco funcionarios deben enviar informes a la Corte para evaluar su responsabilidad por incumplir su dictamen.
Entre ellos están Geovanny Martínez Carvajal, subcoordinador de Investigación; la exasambleísta del correísmo Mariángel Muñoz Vicuña, que fue designada secretaria técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, en donde se elaboró el informe de investigación contra Diana Salazar; y, Julián Garrido, coordinador de Comunicación.
Los jueces les dieron un término de tres días para que presenten sus informes y evaluar su responsabilidad individual. (I)
