La lista de candidatos a ocupar una de las siete vocalías del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en la contienda electoral del 5 de febrero del 2023 va en aumento debido al trámite de recursos contenciosos que está resolviendo el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Ordenó la calificación e inscripción de tres nuevos candidatos.

Hasta este 29 de septiembre, el Tribunal Contencioso Electoral debe resolver sobre unos 31 recursos contenciosos que han llegado hasta su sede, de precandidatos a ser vocales del CPCCS que fueron descalificados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con informes jurídicos que concluían con el incumplimiento de requisitos o estar incursos en inhabilidades.

Luego, correrán dos días de plazo para que se ejecutoríen las sentencias con lo que el lunes 3 de octubre, el Consejo Electoral deberá anunciar quiénes serán los rostros definitivos que estarán en las tres papeletas electorales sobre las que se elegirá a los vocales mujeres, hombres y, de los pueblos, nacionalidades y del exterior.

En un inicio, el sistema público del TCE dio cuenta de 43 recursos contenciosos y en tres casos ordenó al Consejo que califique e inscriba a tres nuevos postulantes: Francisco Bravo, que irá por la reelección; Óscar Ayerve; y, Susana Cedeño.

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Otros nueve recursos fueron negados o archivados. Entre ellos, el de la activista Angélica Porras, a quien se le negó su pedido y por tanto su inscripción.

Al inicio de este proceso electoral, que se hará en conjunto con las seccionales en las que se elegirá alcaldes, prefectos, concejales y vocales de juntas parroquiales, hubo 190 ciudadanos inscritos.

Después de la revisión de sus documentos personales y constatar que no están incursos en inhabilidades o prohibiciones, el número se redujo a 22 calificados y se descalificó a 168.

En la etapa de sustanciación de impugnaciones ciudadanas y a las resoluciones de descalificación que resolvió el Consejo Electoral, la nómina ascendió a 30 candidatos.

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Mientras que con las resoluciones tomadas por el TCE hasta el momento hay tres nuevos candidatos y se espera la resolución sobre otros 31.

La candidatura de Francisco Bravo fue rechazada por el CNE porque registraba una deuda al Servicio de Rentas Internas (SRI) de varios años atrás.

Bravo había solicitado en junio pasado un certificado al SRI en el que constaba que no mantenía deudas, pero en el proceso de revisión, el CNE alegó que había una certificación que concluía que adeudaba y fue descalificado.

El TCE revisó el expediente y concluyó que Bravo tenía la razón y que el mismo SRI acreditó que no tenía deudas, por lo que aceptó el recurso y ordenó al Consejo Electoral su calificación e inscripción.

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Otro caso es el de Susana Cedeño, que había sido descalificada porque registraba deudas con el SRI. Sin embargo, dicha entidad no había actualizado su historial y le reportó que sí. Finalmente, los jueces electorales ordenaron su calificación e inscripción.

El político Óscar Ayerve reclamaba que fue descalificado con un informe del Consejo de la Judicatura de que tenía un proceso judicial en marcha y que aparecía como adherente de una organización política, que es una prohibición legal para participar.

El Tribunal Contencioso también le dio la razón y dispuso al CNE que califique e inscriba su candidatura, al aceptar el recurso legal.

Mientras tanto, hay otros expedientes en análisis en los que los postulantes cuestionan que fueron descalificados por aparecer adheridos y afiliados a movimientos y partidos políticos, respectivamente.

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Por ejemplo, el TCE solicita al CNE que certifique si el precandidato Gonzalo Albán es parte de una organización política y que explique qué significa que en el formulario de adhesión se describa “fecha no disponible en la base de datos”. Es decir, se desconocería cuándo fue registrado.

Otra precandidata es Isaisy Daquilema, que habría sido descalificada por supuestamente ser parte del Partido Sociedad Patriótica (PSP).

De igual forma, el organismo jurisdiccional electoral advierte en sus providencias, que las organizaciones políticas no cumplen con la entrega de los formularios de adhesión o desafiliación para constatar si los postulantes son o no parte de ellas. Es el caso del movimiento político Mover (antes Alianza PAIS), en el que constarían como miembros Mirelli Icaza, Gary Loor, José Díaz, y Enrique Ávila.

De todas maneras, cuando concluya esta etapa de calificación, aunque las candidaturas estén en firme y proclamadas por el CNE, está prohibido la realización de campañas electorales.

La Ley del Consejo de Participación Ciudadana establece que ningún partido o movimiento político, organización social, funcionario público, candidato o ciudadano podrá realizar actos de proselitismo político a favor o en contra de ningún candidato a ser miembro de dicho organismo. De hacerlo, se considerará como una infracción electoral.

Solo el Consejo Nacional Electoral tiene la atribución de la promoción de los nombres, trayectoria y propuestas de cada uno de los postulantes en igualdad de condiciones y oportunidades.

El cuerpo legal establece que “no se podrá recibir ni utilizar financiamiento privado de ningún tipo” y quien contravenga estas disposiciones será descalificado.

En tanto, los candidatos hasta ahora calificados son:

  1. Carlos Espinoza
  2. Javier Dávalos (reelección)
  3. Eduardo Franco
  4. José Núñez
  5. David Rosero reelección
  6. Roger Vallejo
  7. Sócrates Verduga
  8. David Zúñiga
  9. Francisco Bravo
  10. Óscar Ayerve
  11. Nanki Saant
  12. Santiago Becdach
  13. Mónica Argüello
  14. Nicole Bonifaz
  15. Mishelle Calvache
  16. Jazmín Enríquez
  17. Ibeth Estupiñán (reelección)
  18. Paulina Jiménez
  19. Jacqueline Ludeña
  20. Mónica Moreira (actual vocal suplente)
  21. Mónika Mosquera
  22. María Fernanda Rivadeneira (reelección)
  23. Tatiana Sampedro
  24. Pamela Troya
  25. María Boboy
  26. Johanna Verdezoto
  27. Ángel Chela
  28. Betsy Saltos
  29. Jeanetthe Lozada
  30. Yumbla Cabrera
  31. Piedad Cuarán
  32. Susana Cedeño
  33. Vielka Párraga. (I)