Análisis: cuarenta días quedan para debate y aprobación de las reformas tras la consulta popular

Desde que el presidente de la República, Daniel Noboa, remitió los cinco proyectos que desarrollan los textos de las preguntas aprobadas de la consulta popular han transcurrido 20 días, y la comisión ocasional designada por el pleno de la Asamblea Nacional apenas aprobó el cronograma de comparecencias y resolvió unificar las cinco propuestas.

En adelante, los comisionados hablarán de un solo proyecto compuesto por 24 artículos, 2 disposiciones transitorias y una final, distribuidos en dos capítulos o bloques.

El primer bloque tiene relación con las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tiene que ver con endurecimiento de penas para delitos graves, uso de armas incautadas por parte de la fuerza pública y el cumplimiento de las penas dentro de los centros carcelarios cuando se trata de delitos de conmoción y execrables, como terrorismo, secuestro extorsivo, producción ilícita de sustancias sujetas a fiscalización, actividad ilícita de recursos mineros, armas de fuego, municiones y explosivos, tenencia o porte de armas no autorizado, tráfico de influencias, testaferrismo, entre otros.

El segundo capítulo se refiere a las reformas a la ley de extinción de dominio sobre la expropiación que realizará el Estado a los bienes de origen ilícito, simplificando el procedimiento de la ley orgánica de la extinción de dominio aprobada meses atrás por la misma Asamblea Nacional.

Cuando la mesa ocasional presidida por el socialcristiano Carlos Vera Mora elevó a consulta a la coordinación jurídica de la Asamblea Nacional respecto a la posibilidad de unificar los cinco proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo, también consultó sobre los plazos para el trámite de las reformas producto de una consulta popular, porque en los anexos se incluyó el tiempo de 60 días para que la Asamblea Nacional debata y apruebe las reformas, pero esos plazos no se ajustan a los que están determinados en la ley orgánica de la Función Legislativa tanto para el trámite ordinario de aprobación de leyes, donde se señala el plazo de 90 días para el primer debate, como para el trámite extraordinario cuando se trata de un proyecto económico urgente calificado por el Ejecutivo, donde se establecen 30 días para la aprobación en dos debates.

La coordinación jurídica del Parlamento respondió que es procedente la unificación de las iniciativas, y sobre el trámite, como no hay legislación específica sobre los 60 días que dice la consulta popular, se recomendó que en la medida de lo posible se ajuste al trámite de los proyectos económicos urgentes, es decir, 30 días contados a partir de que se avocó conocimiento de los cinco proyectos.

Al contar los días desde que el Ejecutivo remitió los cinco proyectos han pasado 20 días y desde que el pleno del Parlamento integró la comisión ocasional multipartidista, catorce.

De acuerdo con el cronograma de trabajo de la comisión, el trámite del proyecto de reformas al COIP y a la ley de extinción de dominio no podrá ir más allá del 12 de julio, que es la fecha máxima de los 60 días que estableció la consulta popular y coincide con el tiempo que otorgó el pleno del Parlamento, que es de 45 días para que se apruebe el proyecto en dos debates.

Con ello, las reformas de la consulta popular entraron a cuenta regresiva y aún no se han realizado las comparecencias respectivas tanto del Gobierno como de los sectores gremiales, Función Judicial, Fiscalía General del Estado, entre otros, lista que fue incluida en el cronograma.

De ceñirse a los plazos establecidos para el trámite de un proyecto económico urgente, las reformas al COIP y a la ley de extinción deberán tener listo el informe para primer debate hasta el 8 de junio, en el que se incluya la etapa de socialización con los sectores involucrados.

Las ocho reformas que se aplican a la ley de extinción de dominio generarán más discusión y podría entrampar el debate, advierten Carlos Vera Mora (PSC), Lucía Posso (Avanza) y Patricia Mendoza (RC), porque se tendrá que considerar lo que aprobó la Asamblea Nacional, lo que se plantea en la consulta popular y lo que ha dicho la Corte Constitucional para evitar inconstitucionalidades o ir contra los derechos establecidos en la Constitución.

Vera y Posso advierten que por ética y compromiso no abrirán espacios para conocer proyectos de ley que se hayan presentado con anterioridad así se refieran a los mismos temas de la consulta, pero sí invitarán a los representantes del Gobierno tanto en lo político como en lo económico.

En tanto que Mendoza sostiene que se debe garantizar la apertura, pues personalmente presentó el 8 de enero de 2024 un proyecto de ley que recoge todas y cada una de las preguntas de la consulta aprobadas.

Asimismo expresa que haber disposición en la mesa para observar y aplicar dosimetría penal, que es la aplicación del principio de proporcionalidad a las penas, en los textos del Ejecutivo. (I)