“Quién dice sí al endurecimiento de penas; quién dice sí a la segmentación de cárceles, a la inclusión de cárceles barcaza; quién dice sí para introducir jurados independientes para romper la corrupción y la impunidad de fiscales y jueces; quién dice sí para eliminar la tabla de consumo (de drogas). Esta es la consulta popular, eso es lo que ha prometido y va ha cumplir nuestro presidente”.

Eso es lo que preguntaba Verónica Abad, la electa vicepresidenta de la República de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), a sus seguidores, tan solo minutos después de conocer, la noche del domingo último, que ella junto a Daniel Noboa Azín habían ganando las elecciones de segunda vuelta y deberían estar al frente del Gobierno de Ecuador hasta mayo de 2025. Abad, parte de su familia y decenas de simpatizantes de ADN recibieron los resultados electorales en Quito, en el Centro de Exposiciones.

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Con ello se confirmaba una de las propuestas de campaña hechas por Noboa Azín, quien aseguró que en 17 meses de gobierno se deben tomar decisiones concretas y ser eficiente y rápido. “Por eso elegí la opción de una consulta popular en los primeros 100 días y no una Asamblea Constituyente”, anotaba.

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El plan del binomio ganador señala que salud, economía, terrorismo, institucionalidad y seguridad son los ejes en torno a los que girarán al menos una docena de preuntas. Abad ha aclarado que la idea inicial para avanzar con el plan de trabajo trazado es alcanzar consensos con la nueva Asamblea Nacional, pero de no ser así, el nuevo Ejecutivo trataría de manejar la situación mediante decretos ley y una consulta popular.

La consulta popular es un mecanismo democrático, un diálogo directo con el pueblo, sin una Asamblea que ponga trabas. Se va a preguntar sobre seguridad, reforma judicial, rol de las Fuerzas Armadas, reformas tributarias y de desarrollo. Serían de diez a doce preguntas”, adelantó en su momento Noboa Azín a Diario EL UNIVERSO.

El endurecimiento de penas, la segmentación en las cárceles, cárceles en barcazas, la introducción de jueces sin rostro, jurados independientes y eliminar la tabla de consumo de drogas aparecen tentativamente como las preguntas que haría en la consulta el nuevo presidente en lo que respecta a temas de seguridad y reforma judicial.

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Soldados custodian el Centro de Privación de Libertad Zonal 8, en Guayaquil (Ecuador). EFE/Marcos Pin Foto: Marcos Pin

El experto penalista Marcelo Dueñas ve con buenos ojos el que se realice una consulta popular para que la ciudadanía se pronuncie sobre temas importantes. Cree que esta herramienta toma vigencia si se tiene en cuenta la permanente actitud de oposición que se ha visto desde las últimas integraciones en la Asamblea Nacional.

Ya en lo que tiene que ver con los planteamientos, Dueñas cree que el incremento de penas no es una vía adecuada para atacar el delito, pues lo que tiene que corregirse es lo que ocurre en la administración de justicia.

“Mientras no haya gente con providad absoluta, independencia y autonomía en la administración de justicia, por más que pongamos la pena de muerte en Ecuador, no se va a conseguir nada. Esto es un tema de aplicación objetiva de la justicia en cada uno de los delitos graves”, sostiene Dueñas, quien recuerda que en los últimos años ya se han incrementado penas para el sicariato, el tráfico de drogas, la delincuencia organizada y otro tipo de delitos que causan conmoción.

Dueñas piensa que los ojos deberían ponerse en la existencia del Consejo de la Judicatura (CJ), debido a que el trabajo que ha realizado este cuerpo colegiado en lo que tiene que ver con la administración y la disciplina ha sido deficiente. En esa misma línea, en el tema de los jueces sin rostro o jurados no ve una alternativa viable mientras no exista una reestructuración profunda a la administración de justicia y un seguimiento real a las faltas administrativas que no sea desde el CJ.

De su parte, al presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paúl Ocaña, también le parece correcta la consulta que propone el nuevo mandatario ecuatoriano, pero advierte que esta debe cumplir los estándares no solo de nuestra Constitución y normativa, sino también de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Desde esa perspectiva, indica, por ejemplo, que sobre los jueces sin rostro ya existen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde no permiten esa posibilidad. De igual manera, sobre la propuesta en relación a las cárceles, la misma debe ir de la mano de lo que se establece en el contexto nacional e internacional. “Por más beneficiosa que esta idea sea para el país en el momento que estamos atravesando, sin duda no puede violentar ninguna norma ni nacional, ni internacional, por el tema de convencionalidad”.

Marcelo Dueñas en lo que tiene que ver con la propuesta de consulta relacionada a la segmentación al interior de las cárceles y el tener cárceles en barcazas, ve como positivo todo aquello que sirva para retomar el control del sistema penitenciario del país. Afirma que se debe apuntar a una verdadera rehabilitación de los privados de libertad, entendiendo no solo que se debe respetar los derechos humanos de los detenidos, sino también que no pueden gozar de las mismas comodidades y beneficios de los ciudadanos que no han cometido delito alguno.

Respecto al incremento de penas, el presidente de los abogados de Pichincha entiende que podrían hacer la pregunta desde el nuevo Gobierno, pero para ello, anota, lo que debería existir para un endurecimiento de penas es un análisis y un estudio desde la criminología para saber qué efectos tendrá sobre la seguridad. “No porque se endurezca la pena quiere decir que va a disminuir el tema delincuencial”, asegura un Ocaña que ofrece el apoyo y el asesoramiento del Colegio de Abogados que representa para analizar la situación del sector judicial, del área de seguridad e incluso para construir la consultas que se requiera hacer a la ciudadanía.

Tanto para Dueñas como para Ocaña se deben tener claros no solo los temas a ser consultados, sino también las preguntas específicas que vayan a presentarse a la Corte Constitucional, instancia que realiza el control constitucional de las mismas. Ambos concuerdan en que esta es una valiosa oportunidad que no debe ser desperdiciada por temas de populismo penal o politiquería. (I)