Consejo de Participación Ciudadana dejó en el limbo la designación del defensor público

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no designó al titular de la Defensoría Pública y dentro del organismo se piden explicaciones por el posible incumplimiento de los plazos para conocer el informe final de puntajes expedido por la comisión ciudadana que llevó a cabo el concurso público.

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El jueves, 13 de junio, culminó el término de dos días que determina el reglamento de selección para que el CPCCS designe a un nuevo defensor público con base en el informe final emitido por la comisión ciudadana.

Dicho informe restituyó la calidad de postulante de Jorge Ballesteros Ballesteros, pese a que fue descalificado por el pleno del Consejo, y lo puso como el primero mejor puntuado para que sea él el designado en el cargo.

Ello perturbó las posiciones en el CPCCS, pues su pleno es la última instancia en el conocimiento de las apelaciones en la fase de escrutinio a la probidad notoria de los candidatos.

Para responder a esta acción, el presidente Andrés Fantoni, indicó que se haría un informe jurídico que plantee alternativas y analice los hechos antes de resolver. Pero, hasta el cierre de esta edición, no se convocó a ninguna plenaria para tratar el tema.

El consejero Augusto Verduga envió solicitudes de información a Fantoni respecto del «incumplimiento del término» para el conocimiento del informe final.

En tanto, la comisión ciudadana notificó a una jueza de Quevedo (Los Ríos), Jenny Freire Arias, que se pronuncie sobre la no designación del defensor público y que, de ser el caso, remita el expediente a la Fiscalía General para que se investigue el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

La jueza Arias tramitó una acción de protección meses atrás en la que ordenó que se avance en el proceso hasta la designación del defensor y que, quien lo retrase, se entenderá como un incumplimiento de su disposición que acarrearía la destitución de los funcionarios.

Sin embargo, la ley que rige al CPCCS determina en el artículo 73 que el informe de la comisión es vinculante y «no podrá alterar las valoraciones resultantes del concurso, ni el orden de los resultados ni modificar las valoraciones».

Llevar adelante este concurso público de méritos y oposición ha tomado 19 meses al Consejo y no ha estado exento de denuncias de actos irregulares, acciones de protección, suspensiones; y, en la víspera, la discordia entre los consejeros de Participación y quienes integran la comisión ciudadana.

En abril del 2023, el pleno que dirigió Gina Aguilar cesó en funciones a los diez miembros de la comisión por observar actos anómalos.

Se principalizó a sus suplentes, que también sostuvieron una tensa relación con la actual conformación del Consejo, en las presidencias de Nicole Bonifaz y Andrés Fantoni.

En la plenaria del martes último, los comisionados acusaron a los consejeros de intromisión, de arrogación de funciones, de tomar decisiones arbitrarias y de haber incurrido en delitos, como fraude procesal, por haber descalificado a Ballesteros y otros concursantes, y por conocer la renuncia de Daniel Frías Toral sin antes haberlos informado.

Alegaron que la Constitución no les da ninguna atribución para entrometerse en las actividades de estos cuerpos colegiados. Así, concluyeron que la resolución del Consejo de Participación Ciudadana —que descalificó a Ballesteros— carece de validez jurídica y que se violaron los derechos constitucionales, por lo que no lo acogieron.

El informe se aprobó con los siguientes candidatos:

1. Jorge Ballesteros Ballesteros con 80,07
2. Yolanda Yerovi Nogales con 73,82
3. Margarita Gualotuña Cruz con 66,5
4. Jorge Torres Farinango con 57,21

El concurso arrancó en noviembre del 2022 con la convocatoria a postularse y hubo más de 50 personas inscritas, de las que apenas nueve llegaron hasta la impugnación ciudadana y solo cuatro quedaron habilitadas.

Otros cuatro fueron descalificados por el CPCCS en la fase de apelación a las impugnaciones y uno renunció.

Entre los que quedaron estaba Ramiro Morales Vela, quien aparecía como el primero de la lista con posibilidades de ser defensor.

Pero los comisionados lo descalificaron el 11 de junio, porque incumplía uno de los requisitos reglamentarios, ya que tenía impedimento para ejercer cargo público certificado por el Ministerio del Trabajo.

Con ello se reincorporó a Ballesteros y pasó a ocupar el primer puesto con otros tres candidatos que quedaron, posicionándose como el virtual defensor público.

Ballesteros fue agente fiscal entre el 2007 y 2022 y obtuvo 47,5/50 en méritos, 24, 5/30 en la prueba escrita y 8,07/20 en el examen práctico. En total, 80,07.

Su baja nota en el examen práctico se debe a que tuvo problemas para responder preguntas que le hicieron los docentes universitarios que se encargaron de elaborar el cuestionario para el examen escrito y los casos hipotéticos.

Incluso un catedrático le dijo que era de conocimiento «básico» conocer la existencia de una sentencia de la Corte Constitucional (CC) sobre los permisos de maternidad, ya que Ballesteros respondió que no investigó ese aspecto para hacer su exposición.

En todo caso, mientras el CPCCS resuelve qué hacer con este concurso, para este 20 de junio se convocó a una audiencia pública para tramitar una acción de protección interpuesta por la expostulante Inés Romero Estévez, quien fue descalificada en la etapa de escrutinio. (I)