Para resolver sus diferencias, los políticos ecuatorianos pasaron, en cuestión de pocos años, del abuso de las garantías jurisdiccionales al abuso de la justicia electoral.
Desde 2020 y en adelante ha sido muy frecuente la presentación de acciones de protección, medidas cautelares y otras garantías jurisdiccionales para dejar sin efecto decisiones de autoridades competentes, sobre todo referidas a la remoción o destitución de cargos, concursos públicos o trámites administrativos.
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Así, por ejemplo, el expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) Fausto Murillo interpuso en 2021 una acción de protección para ser reintegrado a ese organismo del que fue separado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) basándose en un reporte del Ministerio del Trabajo en el que se señaló que este tenía un impedimento legal para ejercer un cargo público. Perdió en primera instancia, pero se le dio la razón en la segunda.
Pasó, en 2022, con Sofía Almeida y Hernán Ulloa, exvocales del Consejo de Participación Ciudadana, quienes reclamaban a través de esa acción legal la presidencia del organismo. Almeida fue removida del cargo por una mayoría de cuatro —de siete— vocales y, para dejar esto sin efecto, puso una acción de protección que en principio fue aceptada. Pero Ulloa planteó otra que la echó abajo y al final se quedó en el cargo.
Luego, en 2023, todo el CPCCS fue destituido por la Corte Constitucional (CC) por no cumplir la sentencia que lo obligaba a designar a un nuevo presidente del Consejo de la Judicatura en lugar de Fausto Murillo.
También ocurrió con la expresidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe Llori, quien planteó dos acciones de protección contra sus colegas legisladores para bloquear el proceso con el cual finalmente fue destituida de su cargo. Primero presentó una demanda contra los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) que votaron a favor de formar la comisión multipartidista ad hoc que la evaluó; y luego otra contra Virgilio Saquicela, quien la reemplazó, y los miembros de la citada comisión, que sugirió al pleno que debía ser destituida por incumplimiento de funciones. En ambos casos se le negó el pedido.
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En este último año, en cambio, algunos actores políticos y autoridades en funciones han recurrido al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para denunciar supuestas faltas electorales de adversarios e inhabilitarlos de la actividad pública.
Así, entre otros casos, está el del expresidente del CPCCS Alembert Vera, quien fue denunciado por Juan Esteban Guarderas, ahora vocal de ese mismo organismo, por hacer proselitismo político en su campaña para consejero con el respaldo de una organización política, el movimiento Revolución Ciudadana (RC), algo que está prohibido en la normativa. La queja también alcanzaba a la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, en ese entonces presidenta de la RC. El TCE sancionó a Vera con una multa y la suspensión de sus derechos políticos, pero no lo hizo con Aguiñaga.
Por esa misma infracción están planteadas dos denuncias contra otros consejeros promocionados por el correísmo como la Liga Azul: Augusto Verduga y Yadira Saltos, principales, y Vielka Párraga y Eduardo Franco Loor, suplentes.
Por este caso se espera la resolución del juez a cargo, Fernando Muñoz, que será de primera instancia.
Y hay otra más contra Andrés Fantoni, actual presidente del CPCCS; Nicole Bonifaz, consejera titular, y el suplente Gonzalo Albán, quienes habrían tenido apoyo del Partido Social Cristiano (PSC).
El mismo Guarderas puso, luego, una queja contra la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por supuestamente haber realizado campaña anticipada cuando fue candidata a la Alcaldía de Cuenca, en 2023. Esta no fue admitida, pero luego lo volvió a intentar.
Luego, Marlon Pasquel, excandidato a la Alcaldía de Quito por el partido Avanza, planteó también una queja contra el presidente Daniel Noboa por supuestamente hacer campaña anticipada a favor del sí en la consulta popular de abril pasado. Esta causa fue inadmitida.
Pasquel insistió con otra denuncia que fue admitida a trámite por el juez y vicepresidente del Tribunal, Ángel Torres, quien le dio dos días para que aclare y complete su requerimiento.
En el último mes se dieron, asimismo, un cruce de denuncias por supuesta violencia política de género entre la vicepresidenta Abad, el presidente Noboa y altos funcionarios del Gobierno.
Abad acusó a Noboa, a la canciller Gabriela Sommerfeld, al viceministro de Gobierno, Esteban Torres, y a la asesora presidencial Diana Jácome de violencia política de género. Le pidió a los jueces del TCE que los destituyan, los multen y les quiten los derechos políticos por cuatro años. El Gobierno afirmó que la intención de Abad era dar un golpe de Estado.
El proceso está en el despacho del juez Fernando Muñoz, quien fijó una audiencia para el 12 de septiembre.
Jácome contratacó y acusó a Abad de lo mismo. Su queja aún no se sortea a un juez para que se inicie el trámite.
La queja por violencia política de género más reciente la interpuso el pasado 19 de agosto la actual legisladora de ADN, Lucía Jaramillo, en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien día atrás la tildó de “pobre niña vaga, vocera turra que no sabe de combustibles”; esto en medio de la investigación que desarrolla la Fiscalía General en contra del funcionario por supuesto comercio ilegal de combustibles, que partió de una denuncia gubernamental.
Los constitucionalistas Pamela Aguirre y Gonzalo Muñoz coinciden en que se ha visto una disminución del abuso de las garantías jurisdiccionales. Esto a causa de varias sentencias de la CC que han esclarecido algunos temas en su aplicación que generaban dudas.
“La Corte ha determinado, entre otras cosas, cuándo no procede presentar una acción de protección, por ejemplo, para impedir que se lleve a cabo un juicio político o para dirimir disputas electorales o por cargos; también ha señalado cuándo existe el error inexcusable en jueces que desconocen del derecho y abusan de estos mecanismos para fines ajenos a su naturaleza, que es proteger los derechos de la gente”, dice Aguirre.
Pero ahora con las acciones legales por infracciones electorales se está abriendo un espacio poco explorado para solicitar que determinadas autoridades electas sean destituidas, señala la jurista.
Muñoz lo confirma: “La justicia electoral se encarga de sancionar infracciones que pueden cometer servidores públicos y candidatos. Lamentablemente, hemos visto que el presidente Daniel Noboa, por intermedio del consejero Guarderas, presenta una denuncia en el Contencioso Electoral no para beneficiar al país, sancionando a la vicepresidenta por algo grave, sino que quiere sacarla del medio de la forma que sea para que no lo reemplace cuando se pida licencia a hacer campaña, y encontraron en el TCE una vía para aquello”.
Y del otro lado, Abad busca —como revancha— que se lo destituya y se le quiten los derechos políticos por cuatro años, con lo cual ella tendría vía libre para subir al poder y bloquear la candidatura de Noboa.
En ambos casos, advierte Muñoz, el TCE no tiene la potestad para destituirlos. En la Constitución de Montecristi se especifican las causales para aquello y ninguna tiene que ver con denuncias por infracciones electorales.
Aguirre opina que lo que se logrará con estos abusos es que “la política quede judicializada ya no con garantías jurisdiccionales, sino por justicia electoral con el agravante de que los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, a diferencia de los jueces ordinarios o constitucionales, no son sujetos de juicios políticos”. “Además, estamos a puertas de renovaciones de los órganos electorales. Todo esto da paso al chantaje político”, añade.
Para Muñoz es “inadmisible” que un conflicto personal entre el presidente y la vicepresidenta haya escalado a un problema de Estado, cuando las prioridades del Gobierno deben ser otras, como seguridad, salud, educación y empleo. “No ver la forma de saltarse la ley para que Abad no lo reemplace”, expresa.
¿Pero por qué los políticos no pueden subsanar sus diferencias políticas en la arena política? Aguirre cree que ellos pretenden que las leyes resuelvan sus problemas políticos para que tengan un velo de legalidad, una apariencia de legitimidad, “pero en realidad esto hiere de muerte a toda justicia, ordinaria, constitucional y electoral, y afecta al sistema gravemente porque, cuando en realidad existan infracciones, los conceptos estarán tan vaciados de contenidos que podrán ser todo y nada”. (I)
