“Estamos esta mañana ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para dejar un precedente y decirle basta a la violencia política de género, basta al abuso a las mujeres que ejercemos política”. Con esas frase concluyó la asambleísta de la Acción Democrática Nacional (AND), Lucía Jaramillo, la presentación de una denuncia ante el TCE por violencia política de género contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
La acción fue planteada la mañana de este lunes 19 de agosto. La legisladora oficialista recordó que hace un mes aproximadamente se creó el Frente Parlamentario que busca investigar casos de tráfico ilegal de combustible, entre ellos, dijo el que vincula a la compañía del alcalde Alvarez, a sus hermanos y a la empresa Copedepesa.
“A raíz del anuncio de la creación de este Frente Parlamentario es cuando el señor Aquiles Alvarez se refirió hacia mí con términos denigrantes, con insultos, cuando yo nunca le falté el respeto. Lo único que yo hice fue dar a conocer un supuesto acto de corrupción en mi deber de fiscalización”, anotó.
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A inicios de junio pasado, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR) presentó una denuncias por el delito de comercio irregular de combustibles en contra del alcalde del Puerto Principal, sus hermanos y su negocio de gasolineras Codepesa, además de otras personas naturales y jurídicas que estarían relacionadas con el presunto ilícito.
Jaramillo en su momento explicó que supuestamente cuatro personas naturales y jurídicas, entre ellas Codepesa, le habrían vendido combustible de forma irregular a la compañía Fuelcorp S. A. Esta, a su vez, le habría vendido combustible a cuatro empresas con vehículos sin placa y a un supuesto trabajador que registra más de 8.000 carros, y que habría comprado más 120.000 galones de diésel, extra y súper, algo “inusual” por el tipo de vehículos.
En respuesta a lo dicho por la legisladora, el alcalde Alvarez escribió en su cuenta de la red social X: “Niña vaga, que mientras fue del PSC pasó vagando en el Municipio de Guayaquil, ella y su hermana. Fiscalicen lo que quieran. También deberían fiscalizar a ministros y funcionarios de su Gobierno que con sueldos mínimos, tienen zapatos de $ 2.000 y relojes de $ 25.000. Carteras de $ 7.000 y vestidos de $ 3.000. ¿De dónde sacan esos recursos? Fiscalícense ustedes también, vagos, sabidos y pillos. Asimismo, fiscalicen a las empresas que no pagan impuestos, que facturan millones y estafan al Estado. Vayan a ver a las fronteras a los verdaderos contrabandistas de combustible”, refirió.
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Además, añadió: “Pobrecita esta niña y toda esa bancada. Fiscalicen lo de la barcaza de Karpower mejor. Pocotón de vagos en esa bancada, a vaca con los sueldos que les paga el pueblo. Sigan con esa narrativa para cortina de humo con todas sus porquerías, en Fiscalía nos vemos”.
Ya en el TCE este lunes, la oficialista, acompañada varios de sus colegas de bancada y de su equipo de abogadas, aseguró que van a demostrar con esta denuncia que en este caso sí existe violencia política de género, que este sí es un caso evidente y fundamentado y no basado en supuestos sino en acciones concretas por parte del señor Aquiles Alvarez en contra de un asambleísta que lo único que ha hecho es cumplir con su obligación ante el pueblo ecuatoriano.
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Dos esquemas de comercio ilegal de combustibles se detectaron en investigaciones del Gobierno
“¿Cuántas veces más nosotras como mujeres tenemos que demostrar que estamos capacitadas para ejercer un cargo público, un cargo político? Aún más con individuos con pensamientos cavernícolas como el del señor Aquiles Alvarez. Nosotras no vamos a callar, yo no voy a callar”, recalcó la legisladora denunciante, quien adjuntó al proceso las declaraciones hechas por el alcalde, las cuales, sostiene Jaramillo, contiene estereotipos de género que transmiten y reproducen relaciones de desigualdad, discriminación y dominación y no son un ataque hacia su trabajo legislativo, sino van contra su integridad como mujer.
La oficialista piensa que todos los ataques que ha sufrido están relacionados y sancionados en el artículo 280 del Código de la Democracia, pues sostiene se estaría incurriendo en una falta muy grave que deben ser sancionada con una multa significativa y la destitución o suspensión de derechos políticos que van desde dos hasta cuatro años.
Lucía Jaramillo busca que la sentencia que se emita en este caso genere un precedente para que se evite que más insultos se realicen contra una mujer que ejerce política. (I)
