Adrián Castro, legislador de la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), se refirió a la construcción de un complejo urbanístico en la comuna de Olón, en Santa Elena, por parte de la empresa Vinazin S. A. relacionada a la familia del presidente Daniel Noboa.

La edificación, según han denunciado varias organizaciones ambientalistas, se estaría levantando sobre una zona protegida del sector, con permisos ambientales que se habrían obtenido por tráfico de influencias de algunas autoridades.

Castro señaló que realizó un pedido de información al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), que le certificó que la zona no es área protegida.

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“El proyecto se encuentra en una zona que no corresponde a un área protegida; sin embargo, interseca con el bosque y vegetación protector natural esterillo Oloncito, por lo que no existe un impedimento para ejecutar el proyecto”, leyó el asambleísta a los periodistas en el hall del Palacio Legislativo.

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Además, la entidad indicó que el proyecto es de “bajo impacto ambiental”. “Cuando usted ingresa a la página del MAATE, que es un sistema automatizado, dentro de las coordenadas, le arroja si deben darle un registro o una licencia ambiental”.

Según Castro, el MAATE le indicó que el pasado 30 de noviembre se hizo una inspección ambiental en la que se encontraron tres especies: el algarrobo, que no es endémica; y el nim y la manzana de playa, que son especies introducidas.

El asambleísta señaló que el proceso de regularización del proyecto se inició en septiembre del 2023 cuando Guillermo Lasso aún era presidente y Daniel Noboa era aún candidato y no se sabía si sería presidente.

Castro explicó qué participación tuvo la ministra del Interior, Mónica Palencia, en algunos actos jurídicos relacionados a la empresa Vinazin S. A., cuando ejercía su profesión de abogada.

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Según los registros de la Superintendencia de Compañías, Palencia realizó su último trámite en el 2020.

El legislador sostuvo que en el proceso de fiscalización hay que considerar los documentos oficiales e invitar a las comunidades y a las fundaciones ambientalistas y a las autoridades que serán llamados a comparecer.

Señaló que también tendría que citarse a comparecer a la alcaldesa de Santa Elena, María del Carmen Aquino, de las filas del correísmo, que es la que otorgó los permisos de construcción, “según los datos documentados que tenemos”.

Castro pedirá que este caso se investigue en la Comisión Especializada de Biodiversidad, que preside Guido Vargas, quien se separó del Partido Social Cristiano (PSC) y ahora apoya a Daniel Noboa. (I)

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