El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, celebró la acción penal de la Corte de Justicia de los Estados Unidos en contra de Nilsen Arias Sandoval, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, en el gobierno de Rafael Correa, quien está siendo procesado por la Corte de Nueva York, acusado del delito de conspiración para el lavado de activos.

Según Villavicencio, Nilsen Arias era la persona de confianza de los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas, y hoy está acusado de haber recibido $ 18 millones en sobornos para facilitar contratos a las compañías Petrochina, Unipec y Petrotailandia.

Esta acción judicial —añadió— revela la veracidad del informe de la Comisión de Fiscalización que fue remitido a la Fiscalía General del Estado y al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Según la justicia estadounidense, el esquema de sobornos funcionó desde el 2010 hasta el 2021, para lo cual usó dos empresas intermediarias con sede en Panamá y las Islas Vírgenes.

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Esta es una de las mayores tramas de corrupción de las últimas décadas en el Ecuador, afirmó el legislador nacional, pues el Gobierno de Rafael Correa entregó a las compañías asiáticas Petrochina, Unipec y Petrotailandia 1.300 millones de barriles de petróleo desde el año 2010 hasta el 2024 para pagar una abultada deuda externa de $ 19.000 millones con intereses del 7 %, aproximadamente.

El informe de la Comisión de Fiscalización estableció que el Ecuador perdió $ 4.700 millones por haber entregado el petróleo a precios inferiores a los del mercado; estos recursos fueron dilapidados por un grupo de intermediarios liderados por Enrique Cadena Marín y Antonio Peré.

La justicia de los Estados Unidos podría condenar a Nilsen Arias Sandoval a diez años de prisión, anotó Villavicencio, quien además comentó que es parte de la indagación previa abierta por la Fiscalía General del Estado, y que junto con un grupo de legisladores solicitará que la fiscal Diana Salazar inicie una acción penal en contra de Nilsen Arias, Jorge Glas Espinel, Rafael Correa y todos los vinculados a la trama de corrupción con Petrochina, y que a través de asistencia internacional requiera la versión de Arias, que hoy está bajo control de la justicia de Estados Unidos.

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Esta es una muestra —dijo— de que la justicia de EE. UU. está delante de la justicia de Ecuador, por lo que la Fiscalía ecuatoriana le debe una respuesta al país, pues este caso lleva cinco años de investigación previa. (I)