La fiscal general, Diana Salazar, investiga el caso Metástasis en medio de niveles altos de riesgo

El riesgo sobre la vida e integridad de la fiscal general, Diana Salazar, su familia y el grupo de colaboradores cercanos ha sufrido un incremento acelerado desde el 1 de junio de 2023, cuando la titular de la Fiscalía General del Estado recibió un video, enviado por la red social WhatsApp, con el prefijo de Ucrania, en el que un grupo de encapuchados le decía: “La vez pasada te me salvaste, porque alguien habló por ti, pero esta vez no creo que te me salves. Tengo todas tus ubicaciones. (...) Es fácil y sencillo: si no te vas por las buenas, te vas por las malas”.

Desde ese momento el círculo de seguridad de la fiscal general se incrementó para toda actividad y fue visible, incluso, que Salazar ingresaba con resguardo policial armado hasta las diligencias que se realizaban en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Por ejemplo, solo para la audiencia de vinculación del caso Metástasis, dada el 3 de enero último, la fiscal Salazar ingresó a la sala de audiencia con tres miembros de su escolta personal y uno más ya la esperaba en el interior del lugar donde se daría la diligencia para vincular a ocho personas más al proceso penal en el que se investiga el delito de delincuencia organizada.

En el pasillo se ubicó otra parte de la escolta de Salazar y otros estaban en lugares estratégicos definidos con anterioridad de acuerdo con el plan de protección. Durante toda la diligencia, un integrante del equipo de seguridad permanece junto a Salazar.

La seguridad de Diana Salazar se sumó a la que existe para el juez Felipe Córdova, magistrado de la Sala Penal de la Corte Nacional que lleva el caso Metástasis. De la seguridad de Córdova están a cargo agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), unidad especializada de la Policía Nacional.

La iniciación del proceso penal contra quienes eran acusados de ser parte de una organización criminal que buscaba tener fallos judiciales y beneficios penitenciarios para el narcotraficante Leandro Norero y su familia originó que los esquemas de seguridad tanto de la fiscal Salazar como del juez Córdova se incrementaran.

El 14 de diciembre pasado, una vez que se habían dado más de 75 allanamientos en siete provincias y se detuvo a 31 personas vinculadas con el caso Metástasis, Diana Salazar adelantaba de esta “empresa criminal” haber permeado instituciones del Estado, como las cortes de justicia nacional y provinciales, la Fiscalía, (...) la respuesta de este grupo delictivo será una escalada de violencia. Decía haber conversado con el Ejecutivo para que, desde el eje preventivo, el país esté preparado y no se permita ningún tipo de extorsión de parte de lo que la Fiscalía ha calificado como grupos criminales.

Daniel Noboa ordena traslado de tres cabecillas de ‘Los lobos’ a La Roca por alertas de atentados a la fiscal Diana Salazar

Dentro de las 39 personas procesadas por delincuencia organizada hasta el momento están Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura; el general de la Policía (sp) Pablo R., exdirector del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI); Xavier J., miembro de la cúpula criminal que puso sus recursos a disposición de Leandro Norero para cumplir con sus objetivos; Christian R., abogado del narcotraficante Norero, que se encargaba de sobornar a funcionarios del sistema de justicia para conseguir fallos a su favor...

Las últimas tres semanas las tareas preventivas de seguridad también llegaron a los exteriores del edificio principal de la Fiscalía General. Allí fue ubicada una tanqueta policial y se valló todo el perímetro que comprende la edificación de la sede de la Fiscalía, en el norte de Quito. El paso peatonal hacia las instalaciones está definido por un solo sector y está prohibido el estacionamiento de vehículos en los exteriores del edificio.

Se conoce que a partir del 13 de diciembre, cuando se iniciaron las acciones procesales en el caso Metástasis, el riesgo personal de la fiscal Diana Salazar alcanzó el nivel máximo, es decir, el 100 %, y se habrían generado al menos una docena de alertas por posibles atentados contra la cabeza de la Fiscalía, sus familiares, su seguridad y su equipo cercano de trabajo; así como de la colocación de coches bomba en la Fiscalía y en el domicilio de Diana Salazar.

Durante la audiencia para vincular a Xavier J., Christian R., Daniel S., Gilmar C., Carlos Z., Víctor Hugo A., Fernando G. y Jairo V., Salazar mencionó por varias ocasiones la existencia de un plan para callar a la fiscal general y a todo aquel que le sea incómodo a la estructura criminal ubicada en el caso Metástasis.

En la primera parte de su intervención, Diana Salazar dijo que en los pocos días que tiene abierto el caso Metástasis se ha implementado una campaña para deslegitimar el “caso de corrupción más importante del Ecuador”. Esta campaña, anotó, incluiría demandas en Estados Unidos contra ella, amenazas judiciales de abogados y un sinnúmero de alertas de que se trata de atentar contra la seguridad de la fiscal general, de sus familiares y del equipo que interviene en esta investigación.

“Hemos recibido alertas de cómo están adquiriendo las mismas municiones y el mismo grupo encargado de haber asesinado a Fernando Villavicencio ha sido contratado para callar la voz de la fiscal. Pero esto va a quedar ya en actas de esta audiencia”, aseguraba Salazar.

Dos horas más adelante en su exposición, cuando hablaba de los elementos de convicción que relacionan al abogado de Norero, Christian R., con el caso Metástasis, la fiscal general dejaba claro que uno de los que estaban detrás de la planificación de los atentados en su contra era Fabricio Colón Pico, quien mantendría el alias Capitán Pico y sería miembro de la banda delictiva Los Lobos. “Ahora sí lo digo públicamente y que me vengan a asesinar”.

Estos son los ocho vinculados al caso Metástasis, proceso penal que ya cuenta con 39 procesados

Relacionado con este tema, el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció, la mañana de este martes 4 de enero, en una entrevista con radio Sucre, que ordenó que tres cabecillas de la organización delictiva Los Lobos sean trasladados a la cárcel La Roca, ubicada en Guayaquil. “Vamos a moverlos porque son una amenaza a una funcionaria importante”, precisó Noboa, sin dar más detalles.

No se conoce aún si existiría una investigación previa abierta para analizar los hechos que estarían relacionados con las amenazas y posibles atentados contra la fiscal Diana Salazar. Lo que sí se sabe es que se mantiene un nivel alto de alerta y que unidades especiales de inteligencia e investigación de la Policía trabajan permanentemente en la obtención de datos que permitan detener a los sospechosos que están detrás de todas estas actividades ilícitas de amedrentamiento. (I)