En seis años y 43 días en funciones como fiscal general del Estado, Diana Salazar no solo enfrentó una férrea oposición política por las acciones emprendidas como titular de la Fiscalía y calificadas por sus detractores como “persecución”, sino también debió hacer frente a una serie de intentos por separarla del cargo sea por la vía administrativa, política y hasta planificando atentados contra su integridad.