Los dos juicios políticos planteados por la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) en contra de las ministras de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y del Interior encargada, Mónica Palencia, toman como fundamento los hechos registrados en la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril, y son acusadas de incumplir funciones, violar la Constitución y las convenciones internacionales.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) tendrá que conocer estos pedidos y verificar el cumplimiento de los requisitos, y para ello requerirá un informe técnico-jurídico no vinculante a la Unidad Técnica Legislativa. Ese procedimiento se definirá una vez que la Asamblea Nacional reactive sus actividades este miércoles, 10 de abril, tras el receso legislativo de quince días.

Lluvia de juicios políticos en la Asamblea Nacional tras detención de Jorge Glas en la Embajada de México

A diferencia de la petición en contra de Sommerfeld, que se refiere a la ruptura diplomática con México, al juicio en contra de Palencia se agregan supuestos incumplimientos y responsabilidades en el manejo de la política de seguridad interna del país y la fuga de dos líderes de las bandas de delincuencia organizada de Los Choneros y Los Lobos, reconocidas por el Gobierno como grupos terroristas.

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Las dos solicitudes de juicio fueron presentadas en el mismo día, el 7 de abril de 2024, y a la misma hora (23:07), con una diferencia de 55 segundos la una de la otra.

El 7 de abril también se presentaron tres pedidos de juicios contra exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso de parte de los asambleístas de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), pero esto fue antes de las 23:07, según los reportes que constan en la secretaría general de la Asamblea Nacional.

La interpelación a Sommerfeld es impulsada por la asambleísta de Pichincha por el movimiento Revolución Ciudadana Jhajaira Urresta. En cambio, el juicio contra Palencia lo fundamentó el legislador del Azuay, también por la Revolución Ciudadana, Leonardo Berrezueta.

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Juicio a la canciller Gabriela Sommerfeld

Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Foto: Carlos Granja Medranda

Esta solicitud de juicio tiene 43 firmas de respaldo y consta de 29 páginas. La asambleísta Urresta sostiene que la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana no garantizó el cumplimiento de las normas constitucionales, legales y de tratados internacionales en los hechos ocurridos el 5 de abril de 2024, cuando un grupo de militares y policías, denominados el “bloque de seguridad”, ingresó a la Embajada de México en Quito, en horas de la noche, para detener al exvicepresidente Jorge Glas.

La funcionaria, según el expediente, por las competencias señaladas en la Ley Orgánica del Servicio Exterior, tenía la obligación de velar por las relaciones que mantiene el Ecuador con México, garantizando la solución pacífica de las controversias, sin amenaza o el uso de la fuerza para resolverlos, como ocurrió en la incursión del 5 de abril de 2024, dejando de lado al derecho internacional como norma de conducta y atentando contra la soberanía de otro país.

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“La agresión policial y militar ocurrida el 5 de abril de 2024 en contra de la Embajada de México”, describe la solicitud de juicio, a más de vulnerar el espacio físico y la infraestructura diplomática mexicana, atentó contra la dignidad e integridad de funcionarios de esta legación internacional, lo que evidencia no solo la responsabilidad del Estado ecuatoriano frente a esta infracción del derecho internacional, sino el incumplimiento de las funciones sustanciales de la ministra de Relaciones Exteriores de respetar y velar que los locales de la misión diplomática mexicana no sean violados, así como evitar que se turbe la tranquilidad de la misión en su conjunto o se atente contra su dignidad.

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Dicha irrupción no tuvo consentimiento de la embajada mexicana; por lo tanto, se vulneró el artículo 22 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, así como los artículos 1, 2, 8 y 64 de la Ley sobre Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas, sostiene Urresta.

En consecuencia, señala el documento, la decisión libre y discrecional de la canciller de infringir las normas nacionales e internacionales aplicables ha causado el rompimiento de las relaciones diplomáticas con dos naciones hermanas, así como la condena generalizada de la comunidad internacional. Por lo tanto, la funcionaria ha incumplido sus funciones establecidas en el artículo 4, numeral 9, de la Ley Orgánica del Servicio Exterior y el 103 de la Ley sobre Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas, así como el artículo 482 del COIP, deteriorando las relaciones diplomáticas del Ecuador con la comunidad internacional, causando una crisis diplomática sin precedentes y el deterioro de la imagen internacional del Ecuador.

En consecuencia, la irrupción y allanamiento de fuerzas policiales y militares ecuatorianas en la Embajada de México y la detención de Jorge Glas Espinel “es un acto arbitrario, ilegal, inconstitucional y viola las normas de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, puesto que Jorge Glas es un perseguido político bajo la protección del Estado mexicano, porque así lo determinan los principios y normas que regulan el asilo político”, concluye el expediente.

Juicio a la ministra Mónica Palencia

Ministra del Interior encargada, Mónica Palencia, quien está acusada de supuesto incumplimiento de funciones en la Asamblea Nacional. Foto: Carlos Granja Medranda

Este juicio tiene el respaldo de 39 firmas y consta de 26 páginas redactadas por el asambleísta Berrezueta.

Como fundamentos de hecho se expone la cronología de los hechos desde las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre las elecciones de Ecuador en el 2023 y el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

También cuenta la reacción de Ecuador y la declaración de persona non grata a la embajadora de México en Quito, y la posterior decisión del Gobierno mexicano de conceder asilo político al exvicepresidente Jorge Glas Espinel, quien se encontraba refugiado en la embajada desde el 17 de diciembre de 2023.

En el expediente consta un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores donde se señala que para el Ecuador no es lícita la concesión de asilo diplomático a Jorge Glas, y reitera que no otorgará salvoconducto alguno, que el Ecuador en estricto apego a la Convención de Viena continuará brindando protección a los locales de la Embajada de México en Quito.

Pero que la noche del 5 de abril, un grupo de militares y policías denominados el “bloque de seguridad” ingresó a la Embajada de México en Quito, y que el presidente de la República a través de la ministra del Interior (e), Mónica Palencia, ordenó una incursión en la delegación diplomática cuyo objetivo fue detener al exvicepresidente Jorge Glas, en respuesta al comunicado oficial del Gobierno mexicano de otorgar asilo diplomático.

En el expediente, Berrezueta sostiene que, en el marco de la “invasión” a la embajada mexicana, la ministra Palencia no solo incurrió en el incumplimiento de funciones, sino también en una violación al derecho internacional público y al derecho constitucional, y cita las convenciones de Viena y sobre el Asilo Diplomático.

Sobre el supuesto incumplimiento de funciones en temas de seguridad, el legislador proponente del juicio afirma que existe un engaño por parte de la ministra del Interior de que está en ejecución el Plan Fénix, pero que se trata de un borrador, y además muestra cifras sobre el incremento de las muertes violentas en el Ecuador en medio de un estado de excepción; para ello, se apoya en publicaciones periodísticas, y cuestiona la información expuesta en el portal del Ministerio del Interior.

También responsabiliza a la ministra Palencia de la fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el jefe de Los Choneros, considerada como una de las bandas criminales más peligrosas del Ecuador, quien se encontraba pagando una condena de 34 años desde el año 2021 por los delitos de delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Se fugó de la prisión de la Regional 8 de la ciudad de Guayaquil el domingo 7 de enero de 2024, justo antes de que el ejército fuera a buscarlo para trasladarlo a una prisión de máxima seguridad. Más de 3.000 uniformados lo buscaron sin éxito.

Igualmente, en el expediente se incluye la supuesta responsabilidad de Palencia en la fuga de Fabricio Colón Pico, líder regional de la banda criminal Los Lobos, registrada el 9 de enero de 2024 de la cárcel de Riobamba. (I)