Tras la renuncia de Pablo Celi de la Torre de la Contraloría General del Estado, surgen las dudas sobre quién nominó a Carlos Riofrío González como contralor subrogante y si es legal dicha actuación.

Riofrío, un funcionario de carrera de la Contraloría, ascendió como subcontralor desde el 25 de junio pasado, después de que Valentina Zárate (quien fue designada como subcontralora por Celi, que también era subcontralor) renunció el 21 de junio.

En un comunicado oficial, se esgrimió que el reglamento de Suscripción de Documentos de la Contraloría da como atribución al director nacional de Gestión Institucional “suscribir los documentos que se deriven de la gestión de actividades de talento humano, que de acuerdo a la normativa conexa le correspondería suscribir al contralor del Estado, previo su conocimiento”.

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Y en esa línea, la “Contraloría designó a Carlos Riofrío como subcontralor, para que subrogue a Pablo Celi en caso de ausencia definitiva o temporal”.

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Riofrío lleva trece días en funciones, y con la renuncia irrevocable de Celi presentada este 5 de julio, al encontrarse preso en la cárcel 4 investigado por el delito de presunta delincuencia organizada, asumiría funciones por la ausencia definitiva.

Carlos Riofrío González fue designado como subcontralor de la Contraloría General del Estado, el 25 de junio del 2021. Foto de Cortesía de la Contraloría Foto: Cortesia

Pero esa designación genera dudas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y en la Asamblea Nacional.

Las dos entidades han solicitado al órgano de control los documentos que confirmen la legalidad.

El CPCCS tiene previsto conocer en su pleno la carta de renuncia de Celi la tarde de este miércoles este 7 de julio, pues sus siete consejeros fueron convocados a la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea a las 10:00.

El vicepresidente David Rosero indicó que solicitaron a la Contraloría la acción de personal con la que Riofrío fue nombrado subrogante, pero todavía no han tenido respuesta, detalló en una entrevista en radio América este 6 de julio.

Desde el Legislativo, el asambleísta de CREO Juan Fernando Flores dijo, este 6 de julio, que hicieron seis solicitudes de información a la Contraloría para verificar el “estatus” de la autoridad subrogante actual.

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Según Flores quieren conocer cómo fue designado y garantizar que ese nombramiento sea legal. Y de serlo, “habría hoy un contralor que sería quien asuma, tras la renuncia de Celi”, opinó.

Sin embargo, tienen “grandes dudas”, porque hay elementos que generan “suspicacias”, como “quién fue el que lo nombró”. “Esa es la duda que tenemos y que queremos garantizar con la solicitud de información”, añadió Flores.

Mientras ello transcurre, la designación de Riofrío se mantendría en firme, a menos que alguien impugne ante una autoridad judicial o administrativa y se la deje sin efecto, creen analistas consultados.

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El exasambleísta y catedrático Henry Cucalón recordó que la Constitución y las leyes no permiten al CPCCS “encargar a nadie” la Contraloría, y que debe activarse de inmediato el proceso para iniciar el concurso para designar un titular.

Cucalón explicó que, pese a presumirse que el nombramiento de Riofrío es legal, solo una autoridad competente puede concluir lo contrario.

Ello porque está en duda dicha designación, porque Celi se encontraba con licencia en la cárcel, y “¿cómo es que generó actos administrativos? Pero hasta que se demuestre lo contrario por vía administrativa o judicial, ese acto se presume válido y legal”, precisó.

El constitucionalista Gustavo Chiriboga consideró que debía ser Zárate quien nombre al contralor subrogante, después de que ella renunció.

“Ahora hay un problema de supuesta acefalía, pero está Riofrío, y lo que podría pasar es que alguien eleve un recurso administrativo o judicial impugnando el nombramiento”.

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En tanto, “hay un acto administrativo que no ha sido impugnado, hay un acto que tiene presunción de validez hasta que no se lo impugne o se lo eche abajo por una resolución, con lo que está en firme Riofrío”, añadió Chiriboga.

Y en el caso de que se impugne esa nominación, la autoridad judicial o administrativa podría “retrotraer los efectos hasta el momento en que Zárate renunció”.

Cucalón aspira a que próximamente se debata una reforma constitucional para que las funciones de designar autoridades regresen a la Asamblea Nacional, “porque hacer concursos para gastarse medio millón de dólares para un concurso público de designación no tiene lógica”. (I)