El proceso para designar al vocal faltante del Consejo de la Judicatura (CJ) y próximo presidente de ese organismo arrancó oficialmente en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), una vez que se “activó el mecanismo de selección”, este 28 de septiembre.

A las 12:10 de este miércoles, el Consejo de Participación Ciudadana recibió la notificación del presidente encargado del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, en el que solicitó que se “active el mecanismo de selección” de la vocalía principal que está vacante, en cumplimiento de un reciente fallo de la Corte Constitucional (CC), que tramitó una acción extraordinaria de protección planteada por el consejero suplente Álvaro Román.

Con esa notificación de Murillo, el Consejo tiene un término de cinco días para solicitar a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que remita una terna (lista de tres personas) para que compitan por llegar a ese cargo, antes de enfrentar un proceso de revisión de requisitos de admisibilidad e impugnación ciudadana.

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Esa solicitud llegó en un momento álgido al CPCCS que sesionaba este 28 de septiembre para resolver respecto de la elaboración de un proyecto de reformas al reglamento para designar a ese vocal faltante, tomando en cuenta que la Corte Constitucional dio un término de cinco días para que pida la terna. Ese término se cumplirá el próximo 5 de octubre, por lo que en las siguientes horas o días, Hernán Ulloa, presidente del CPCCS, prevé solicitar la nómina de candidatos al presidente de la Corte, Iván Saquicela.

Han transcurrido ocho meses en los que la Función Judicial convivió bajo una disputa por la designación de esta vocalía y fue la Corte Constitucional la que en su fallo del 26 de septiembre ordenó a las autoridades implicadas que inicien con el proceso y aclaró los procedimientos a seguir para evitar dilaciones.

QUITO (28-09-2022).- El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, a la espera de los demás consejeros. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

Esta conflictividad se evidenció en febrero pasado, cuando María del Carmen Maldonado renunció a la vocalía de la Judicatura y por ende a la presidencia, pues representaba a la Corte Nacional de Justicia en esa entidad.

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Ello porque el artículo 179 de la Constitución establece que la Judicatura se integrará por cinco vocales, elegidos de ternas provenientes de la Fiscalía General del Estado, de la Asamblea Nacional, de la Presidencia de la República, de la Defensoría Pública y de la Corte Nacional de Justicia. El representante de esta última Función es quien debe presidir este órgano de control administrativo de las cortes de justicia del país.

En el trámite de la acción extraordinaria de protección de Álvaro Román Márquez, vocal suplente de Maldonado, los jueces constitucionales ordenaron a la Judicatura y al CPCCS que de forma inmediata procedan con la selección de esta vacante.

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Según la sentencia, Román no podrá ser principalizado de forma permanente y tampoco ocupar la presidencia del CJ, pues no proviene de la terna de la CNJ, ya que él fue electo por el CPCCS de Transición en el 2019, de una propuesta de candidatos que remitió la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, la CC aclaró que la selección que realizará el Consejo de Participación Ciudadana será solo para elegir al vocal principal y por el periodo que resta para que concluya el periodo por el que fueron electos los miembros de esa entidad. Asimismo, se respeta la permanencia de Román como vocal suplente.

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Al conocer esta sentencia, Román ingresó a la CC un recurso de aclaración y ampliación para conocer si puede ser presidente de la Judicatura hasta que se elija al consejero principal. Su pregunta expresa: “A futuro, entendiéndose desde la ejecutoriedad del fallo, me corresponde o no asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura, toda vez que, conforme lo indica la sentencia, al ser vocal suplente de la presidencia de la Judicatura y al no existir un presidente titular, debo ejercer provisionalmente el cargo de presidente hasta la designación del titular por parte del Consejo de Participación Ciudadana. Esto por cuanto no existe un presidente titular”, dijo en su escrito a los jueces constitucionales.

Mientras se resuelven estos petitorios en la justicia constitucional, el Consejo de Participación Ciudadana ahonda la división entre sus siete consejeros por la decisión de reformar el reglamento de designación de los miembros del CJ, que está vigente desde el 2021 y que se utilizó para designar a Xavier Muñoz y Solanda Goyes, como vocales principal y suplente, respectivamente, en representación de la Presidencia de la República.

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En una sesión realizada este miércoles, los consejeros de mayoría: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, aprobaron una resolución para que el departamento legal del Consejo elabore una propuesta de reforma reglamentaria para designar al vocal principal de la Judicatura. Impusieron un plazo improrrogables de dos días, con lo que hasta este viernes, 30 de septiembre, el pleno estaría debatiendo sobre ese texto.

Los consejeros Sofía Almeida, David Rosero y Javier Dávalos se opusieron a ello, alegando que el objetivo es “dilatar” la designación e incumplir con la sentencia de la Corte Constitucional, que dispone que los procesos se realicen con celeridad.

Estupiñán planteó esta moción para que se prepare un proyecto reformatorio; en tanto que Javier Dávalos propuso que este mismo miércoles se reforme la norma existente y hasta propuso textos. Su moción tuvo el apoyo de Rosero, Almeida y la de él, por lo que no se aprobó.

Fue un extenso debate que se dio por casi cuatro horas, en las que la discusión se centró en empezar de inmediato con la elección.

Los vocales de minoría sostenían el argumento de que a partir de que la CC publicó en su portal web la sentencia, se contaban los cinco días término, por lo que habían incurrido en incumplimiento de la orden de los jueces y podrían ser destituidos de sus cargos, de acuerdo con el artículo 88 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

En cambio, los consejeros de mayoría defendieron la postura que los cinco días término corren desde que Fausto Murillo les notificaba con el pedido de ‘activación del mecanismo de selección’. Es decir, desde este miércoles hasta el próximo 5 de octubre.

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Como parte de este procedimiento, los consejeros aprobaron también la convocatoria a integrar la veeduría ciudadana, que se encargará de observar que los procedimientos se realicen con transparencia.

Hernán Ulloa indicó que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, no tiene un plazo para remitir su terna, una vez que se le haga la solicitud; aunque no se descarta que ese plazo se incluya en el reglamento que se apruebe para designar a este consejero y que podría ser sometido a debate este viernes.

Ulloa exhortó a Iván Saquicela a que los concursantes a este cargo y que sean incorporados en la terna sean nominados por el pleno de la Corte Nacional y no sea una decisión unilateral, pues así se garantizará la “legitimidad” de esta autoridad.

Entre los cambios que se podrían introducir a esta normativa está la discusión de acortar plazos para acelerar la elección, por lo que según las expectativas de Hernán Ulloa, el nuevo consejero y presidente del Consejo de la Judicatura podría estar elegido en unos 40 días. (I)