Una acción de protección se interpuso en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE) para evitar que se reduzca el financiamiento público para la campaña electoral en medios de comunicación para las elecciones nacionales de febrero del 2025.
En la Unidad Judicial Civil de Quito (Pichincha), ingresó este miércoles, 28 de agosto de 2024, una acción de protección planteada por Jenny Arequipa, integrante del Colectivo Resiliencia, en contra del Consejo Nacional Electoral por la reducción del Fondo de Promoción Electoral para financiar la campaña en prensa escrita, radio, televisión y vallas de los candidatos que participen en los comicios del 9 de febrero del 2025 a la presidencia y vicepresidencia de la República, asambleístas y parlamentarios andinos.
El escrito cuestiona que el CNE contrarió el Código de la Democracia que, a través de una «resolución abrupta e imprevista, redujo el presupuesto para la difusión electoral en los medios de comunicación».
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La accionante señala que la prensa cuenta con tarifas establecidas ante el Consejo y están imposibilitados de reducirlas. No obstante, los pone en desventaja frente a otros proveedores de publicidada que pueden disminuir sus costos libremente.
Se observa que el Código de la Democracia prohíbe a los medios tradicionales vender publicidad electoral a los representantes de partidos y movimientos políticos; al contrario, los medios digitales y otros proveedores de accesorios como camisetas, imprentas, músicos, transportistas no tienen tarifarios ni montos máximos.
«Ante estos comportamientos lesivos, se propone esta acción de protección que busca que el CNE prohíba la reducción del presupuesto de promoción electoral y la sanción explícita para quién lo haga», propone Arequipa.
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En esa línea, solicita a la justicia ordinaria que se actúe con sentido de equidad y se permita ofertar publicidad libremente a los medios tradicionales como «una alternativa valida para el sostenimiento de estas empresas informativas».
La pretensión de este recurso jurisdiccional es que se impida al Consejo Nacional Electoral modificar el presupuesto que se destinará para el Fondo de Promoción Electoral y evitar que se deje «en estado de indefensión» a los ciudadanos, pues se conculca el derecho a estar debida y cabalmente informados de las propuestas de los candidatos a una dignidad de elección popular y, se vulnera a los medios de comunicación de prensa, radio, televisión y vallas que intervienen en el proceso electoral bajo prevenciones legales.
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La acción de protección recayó en el despacho del juez Felipe Larrea Dávalos, de la Unidad Judicial Civil de Quitumbe en Quito. Aún no se define fecha de audiencia para su sustanciación.
En julio pasado, el CNE aprobó una proyección del Fondo de Promoción Electoral para financiar los spots propagandísticos por $ 13′760.259, que se destinará exclusivamente al financiamiento estatal con el que contarán los sujetos políticos (partidos, movimientos y candidatos) para la contratación de la publicidad en prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales. (I)
